Según la secretaria de Finanzas del Estado, Josefina Morales Guerrero, el adeudo fiscal se generó en 2019 y 2020, y se debe a una discrepancia en el cálculo del Impuesto Sobre la Renta en sueldos y salarios de estos dos años. Esta deuda está contraída con el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
En una rueda de prensa donde también estuvo presente el gobernador Salomón Céspedes Peregrina, la Secretaria Morales anunció que han recibido instrucciones del mandatario para cubrir este monto y evitar intereses. Esta situación recuerda al crédito fiscal generado durante el gobierno del morenovallismo, que ascendió a más de 2 mil 600 millones de pesos.
En aquel caso, el gobierno de Puebla pagó al SAT, pero 75% de la cantidad fue devuelta por la federación, resultando en un monto final de 650 millones de pesos. Esa deuda fiscal se originó por una devolución ilegal de impuestos al gobierno de Puebla correspondientes a los ejercicios fiscales de 2009 y 2010. En lugar de reintegrar los 700 millones de pesos requeridos por el SAT en 2018, el gobierno poblano decidió litigar, lo que casi cuadriplicó la deuda.
Además del adeudo fiscal anunciado, cabe recordar que después del fallecimiento de Barbosa Huerta se reveló que su administración había invertido más de 600 millones en el banco Accendo en 2021. Dicho banco suspendió actividades por orden de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), y hasta ahora el gobierno de Puebla no ha podido recuperar esos fondos.
Organizaciones como la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Puebla, presidida por Rubén Furlong, han pedido que se rindan cuentas y se finquen responsabilidades contra María Teresa Castro Corro, ex titular de la Secretaría de Finanzas del Estado. Según estas organizaciones, Castro Corro es la responsable de este desfalco y de la deuda fiscal, que en conjunto suman más de mil 300 millones de pesos.
