La semana anterior, el titular de la Consejería Jurídica y Asistencia Legal del gobierno estatal, develó presuntas operaciones ilícitas en cuatro notarías en el estado. Se trata de un capítulo más en las indagatorias respecto al llamado Cártel de Despojo. Del tema han corrido ríos de tinta y muchas opiniones en medios electrónicos, la mayoría condenando el mal uso que se le ha dado a la llamada fe pública, así como la urgencia de restituir ante la sociedad la confianza en la labor que realizan los fedatarios. El otorgamiento de fiats o patentes ha sido potestad del jefe del ejecutivo. Se hace de manera discrecional. Y desde el pasado Siglo XX se conceden por igual a familiares, colaboradores cercanos, incondicionales y hasta por presiones políticas o pago de favores. En los últimos días del gobierno de Ulises Ruiz en 2004, se impuso la mesura de cierto alto funcionario para detener el otorgamiento de 36 patentes. Incluso otros colaboradores del mismo ejecutivo, vendieron dichas concesiones en varios millones de pesos.
El gobernador Alejandro Murat no renunció a ese privilegio. Y también otorgó las suyas. En ciertos casos, supongo permitido por la Ley del Notariado, los hijos heredan las patentes. En Oaxaca hay fedatarios públicos que en familia acumulan tres, cuatro o hasta cinco notarías. Es decir, la fe pública convertida en legado familiar. Todo ello gracias al tráfico de influencias y el cabildeo con el ejecutivo en turno. Hay fedatarios con una carrera pulcra y haciendo honor a su papel ante la sociedad. Pero hay otros que han sido denunciados públicamente, sin que el largo brazo de la justicia les haga mella. La cloaca se destapó hasta que el llamado Cártel del Despojo se convirtió en una bola de nieve. Eso, desgraciadamente, no es nada nuevo. Viene de hace al menos dos décadas. Políticos y ex funcionarios los principales beneficiarios.
Si la política del gobierno de Salomón Jara apunta hacia la restitución de la confianza en la fe pública, debe ir a fondo y con la ley en la mano. Se sabe por ejemplo que algunos de los nuevos beneficiarios con fiats, que hoy andan huyendo, forman parte de esos clanes familiares que han hecho de la citada fe pública una cloaca de negocios ilícitos y hasta criminales. En efecto, urge una limpia, una acción punitiva instrumentada desde la cúpula gubernamental, para meter orden y devolverle la confianza a la sociedad. Sin duda, ésta lo verá con buenos ojos.
Una acción esperada
Una acción, sin duda loable, fue la recuperación del espacio cultural conocido como MACO, ubicado en el corazón del Centro Histórico. La semana anterior, el gobierno estatal rescindió el contrato de comodato que mantenía en dicho espacio, con la asociación civil denominada: “Amigos del Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca”. Si la memoria no nos falla, dicho museo fue fundado por iniciativa del fallecido maestro Francisco Toledo, lo cual devino de un convenio tripartita suscrito en 1990 o 1992, entre el gobierno estatal, el Instituto Nacional de Bellas Artes y la Asociación “José F. Gómez”, que presidía el artista juchiteco.
Desde la llegada del ex gobernador Diódoro Carrasco, incluso como candidato a la gubernatura, en 1992, un grupo de pintores, a quienes se les llamaba con eufemismo “intelectuales”, se convirtió en una especie de poder fáctico en las decisiones de gobierno. Es más, varios de ellos tuvieron una participación definitiva en los lineamientos del Plan Estatal de Desarrollo, en el rubro de cultura. Eran convidados de primera fila en los eventos oficiales; en comidas; visitas presidenciales. En el rescate del ex Convento de Santo Domingo de Guzmán, no pasaron desapercibidos. Por esos años nació el club de amigos del MACO. Y en virtud del convenio que se había suscrito con el INBA y la asociación que presidía el maestro Toledo, el gobierno estatal no fue omiso en el apoyo económico para el referido museo. Sin embargo, todo apunta a que era una ínsula aparte. Directores y funcionarios eran designados sin tomar en cuenta al gobierno.
A raíz de la pandemia y de un tema laboral, que los medios difundieron ampliamente, el citado espacio cultural fue cerrado al público, sin embargo, hay razones para afirmar que no lo estuvo del todo. Diversas fuentes revelan que hubo elementos gráficos para probar que había visitas guiadas y hasta la renta de ese bellísimo edificio colonial, para eventos no precisamente de carácter cultural. Serán las autoridades las que tengan que investigar. Será tarea, asimismo, del gobierno estatal, verificar el estatus legal del citado museo, del espacio que lo alberga y de su acervo. De ser el caso, asumir el control y, siguiendo la filosofía de su principal promotor, devolverlo para el disfrute de los oaxaqueños y de los visitantes del país y el extranjero. Si lo que se trata es de meter orden en dichos espacios culturales que, paradójicamente, han devenido cotos de poder particular, pero siempre anclados en el apoyo económico del gobierno, el tema del MACO es un buen inicio.
