El gobierno de Alejandro Murat ha reconocido en diverso foros, que la reconstrucción de las viviendas, escuelas, carreteras, puentes, edificios públicos y monumentos, costará al erario más de ocho mil millones de pesos. Se trata de una suma que implica no sólo la concertación de deuda pública, políticas de austeridad y ahorro, sino asimismo, restricciones en erogaciones que no son prioridad. Los daños causados por los siniestros no tienen comparación con nada en la historia contemporánea del estado. Sin duda pues, el gobierno de Murat debe emprender una política que, en principio, deje de responder a exigencias y presiones de organizaciones sociales, magisterio y otras, acostumbradas a recibir dinero fresco sin recato alguno. Mucho hemos insistido en que la prioridad debe ser que nuestros hermanos oaxaqueños de las regiones afectadas, principalmente de la que tuvo mayores daños, el Istmo de Tehuantepec, vuelvan a la normalidad de sus vidas y que, según el mismo ejecutivo estatal, tardará al menos un año. La reparación, rehabilitación o construcción de las escuelas que resultaron dañadas, debe estar más allá de cualquier petición particular de grupos o facciones. En este entorno, las campañas políticas de los diversos partidos políticos el año que viene, deben estar marcadas por la austeridad y la mesura.
No fue fortuita nuestra crítica hace unos días en torno al dispendio del Sindicato de Burócratas, cuyos dirigentes, en plena emergencia humanitaria, tuvieron el cinismo de llevar a cabo sus festejos, con bailes costosos, regalos, bonos y otras prestaciones, que en efecto han logrado en “años de lucha” pero también de confort, en sentido contrario a la suspensión de otros actos, como fue la cena del “Grito de Independencia”. Este tipo de acciones deben ser acotadas. Nada, absolutamente nada justifica en este momento, dispendio innecesario cuando todo debe estar orientado a ayudar a nuestros coterráneos del Istmo, la Mixteca, la Costa y la Cuenca del Papaloapan, a restaurar aquello que los siniestros: sismos y lluvias destruyeron. Con el mismo rasero debe medirse a líderes de organizaciones sociales que vienen a protestar a la capital o cierran carreteras, para pedir dinero para obras o proyectos. Insistimos: ni un peso más. Nada que distraiga del entorno oficial, la necesaria y obligada reconstrucción de nuestra entidad destruida, la cual costará, como ya hemos dicho, más de ocho mil millones de pesos.
Economía acotada
De poco sirven los buenos oficios del gobierno de Alejandro Murat para atraer inversiones y alentar nuestra economía, en tanto no se erradique de una vez por todas, el chantaje, al que de manera permanente estamos sometidos los ciudadanos. Hace un par de días trascendió que dos empresas importantes trasnacionales ya se establecieron en la región de la Cuenca del Papaloapan, justamente en el Parque Industrial, lo cual advierte la generación de miles de empleos. Pero nada puede caminar ante la perversa pretensión de organizaciones y dirigentes que en una malentendida lucha, se oponen a cualesquier intento de abrir la puerta a las inversiones. Pero además, de la inseguridad que existe en la región, convertida en guarida de cárteles criminales. Es ello lo que ha hecho naufragar en cierto sentido a las empresas que generan energía eólica en la región istmeña contantemente acosada por bloqueos carreteros y bandas delictivas. Sólo en las últimas semanas hubo decenas de bloqueos, como por ejemplo en Tequisistlán, en donde vecinos de dicha comunidad argumentan que no les ha sido liquidado el apoyo del Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden), que les fue autorizado por la Coordinación Nacional de Protección Civil, desde la pasada tormenta tropical “Beatriz”.
La carretera transístmica, en el tramo comprendido entre Santo Domingo Tehuantepec y Juchitán de Zaragoza, a la altura del llamado Canal 33, es sitio privilegiado para impedir la libre circulación, lo mismo entre Palomares y Matías Romero, espacio de operaciones de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI), franquicia de un conocido agitador, Carlos Beas Torres. Con este panorama, poco podemos esperar los oaxaqueños de que nuestra entidad salga del marasmo y atraso en que se encuentra. Hay intereses muy fuertes para mantenerla así como hoy, acotada, secuestrada de manera perpetua. Existen organizaciones y sindicatos que obstaculizan cualquier propósito del gobierno para que haya más fuentes de empleo. El magisterio, por ejemplo, le apuestan a la comodidad y al confort de su plaza, de la cual cobran cada quincena y puntualmente su estipendio. El resto de la economía le importa muy poco. Y su “lucha” está encaminada a torpedear todo aquello en que ellos vean inversiones. El pueblo imaginario que sus dirigentes mencionan en sus consignas callejeras o vaporosos discursos, es un ente imaginario que simplemente no existe.
