Desde hace años, vecinos de diversas agencias y colonias de la Ciudad de Oaxaca de Juárez, solicitaron sin recibir jamás respuesta del gobierno estatal, el desazolve de las alcantarillas para evitar que la temporada de lluvias genere inundaciones y demás siniestros. Hay una perversa costumbre que no se puede erradicar entre la ciudadanía a arrojar desperdicios orgánicos o basura simplemente a las alcantarillas, generando taponamientos que, más tarde, se convierten en un obstáculo para el flujo tanto de las aguas pluviales como negras, generando anegamientos y que el líquido penetre en sus hogares. Cada año, dicha situación se presenta en diversas colonias de la capital. Además, la falta de mantenimiento en la red de drenaje, ha provocado que haya lodo en las alcantarillas reduciendo con ello su capacidad para desahogar el líquido. A todo ello hay que agregar el robo de las tapas metálicas o de cemento, que hace mayor el riesgo.
Por fortuna, el gobierno de Salomón Jara, a través del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca (Soapa), ya tomó cartas en el asunto y, como se informó la semana anterior, dicha dependencia inició la primera etapa del Programa Emergente para el Desazolve en la Zona Metropolitana de la ciudad de Oaxaca, para lo cual se invertirán más de 6.6 millones de pesos. Según se dio a conocer, dicho programa se propone, con equipo especializado para este tipo de labores, realizar la limpieza de 500 metros lineales de drenaje diariamente, de una meta proyectada de más de 38 kilómetros de las principales calles de la ciudad, beneficiando con ello a más de 240 mil personas.
De manera paralela, esta acción permitirá actualizar y mantener un padrón confiable de la infraestructura existente, así como la exacta localización de los pozos de visita, ya que muchos de éstos han quedado sellados por trabajos de pavimentación; además de conocer el diámetro, estado y antigüedad de la red de drenaje, para continuar brindando un servicio de calidad. Hay que reconocer pues que, después de tantas quejas y solicitudes de atención, el gobierno responde de manera efectiva. Es cierto, poco, muy poco se ha hecho para que dicha red, la mayor parte vieja y obsoleta, opere con efectividad. Y ello ha permitido que sea algo común la ruptura de tubos y el rebalse de las alcantarillas de lo que hemos comentado en este espacio editorial en ocasiones anteriores. La falta de mantenimiento ha sido clave para la formación de socavones y zanjas.
Cártel 22: Sigue la amenaza
Con el argumento de que las respuestas del gobierno estatal han sido insuficientes a su abultado pliego de exigencias, desde la semana anterior, la dirigencia encabezada por Yenny Aracely Pérez Martínez, sigue amenazando con el ardid de que la gremial podría llevar a cabo un paro indefinido de labores a partir del 3 de julio. Se trata, sin duda alguna, de torpedear y obstaculizar el programa de fin del curso escolar 2022-2023, que significa la entrega de documentación al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), vía supervisiones escolares, la entrega de boletas de calificaciones a los alumnos y, obviamente, de certificados para los que transitan al nivel superior. Se trata de un verdadero atentado al derecho a la educación, de un revés al proceso enseñanza-aprendizaje y una afrenta al pueblo de Oaxaca, para lo cual el gobierno de Salomón Jara, que ha sido demasiado indulgente, debe dar una respuesta conforme a derecho.
El Cártel 22, lo hemos dicho con insistencia, opera como un poder fáctico cuasi-criminal que, durante 43 años que lleva de vigencia, ha estado acostumbrado a presionar y chantajear al gobierno. Tanto esta administración como las anteriores han sido demasiado suaves y frágiles para responder a estas acciones, consideradas por muchos, las que han provocado que nuestra entidad vaya a la zaga educativa a nivel nacional. Cualquier ciudadano puede constatar que, de las exigencias en el llamado pliego petitorio que entregaron el pasado primero de mayo, no existe una sola en la que el magisterio se comprometa a cumplir con el calendario escolar y a mejorar la calidad de la educación. El 90 por ciento son de carácter económico y político. Además, ha quedado claro que la mayoría de las referidas peticiones están fuera del ámbito estatal. Tiene que resolverlas la Secretaría de Educación Pública, en lo que concierne a demandas educativas.
En el fondo de todo, lo que pretenden los capos del Cártel, es que el gobierno acceda a entregarles de nueva cuenta los cargos en los niveles del IEEPO. Hay un rechazo social ante cualquier ligereza o debilidad del gobierno en este tema. La amenaza pues sigue presente. Hay grupos al interior del gremio magisterial que están hartos de esta postura, pero también los hay que quisieran repetir acciones abominables como el boicot a La Guelaguetza y hacer el caldo de cultivo para otro movimiento como el de 2006.
