RUTH ZAVALETA SALGADO
Con nueve votos a favor del proyecto del ministro Javier Laynez y dos en contra, las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia (SCJN) aniquilaron la segunda parte de reformas que conformaban el plan B electoral. Los promoventes de la acción de inconstitucionalidad 71/2023 y sus acumuladas 75/2023, 89/2023, 90/2023, 91/2023, 92/2023 y 93/2023, fueron el PRD, PAN, PRI y MC, diversos legisladores, tanto de la Cámara de Diputados como del Senado, y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai). Violaciones constitucionales, tanto en el procedimiento legislativo del decreto impugnado como en el contenido material de sus disposiciones, fueron los argumentos centrales de los promoventes.
Con la histórica votación de este 22 de junio, la SCJN confirmó su independencia como Poder Judicial y su papel de equilibrio y contrapeso ante los otros Poderes públicos, con ello se protegió y garantizó la autonomía del INE y se fortaleció la democracia mexicana. Pero, también, incrementó las probabilidades de que el presidente de Andrés Manuel López Obrador y algunos gobernadores, como el de Veracruz, sigan presionando y persiguiendo a los miembros del Poder Judicial. Incluso, el presidente, no sólo ha planteado un plan C para insistir en someter al INE (presentar una nueva reforma constitucional después de la elección de legisladores en 2024), sino además, desde el seno del Poder legislativo, ha emprendido una estrategia para legitimar su propuesta de cambiar la forma en que se eligen a los integrantes del Poder Judicial.
En ese contexto, mientras las y los ministros de la SCJN estaban resolviendo los recursos de inconstitucionalidad, en la Cámara de Diputados se estaban realizando los “conversatorios”, organizados por Morena y sus aliados sobre la participación ciudadana en la designación de cargos en la SCJN. Su intención es construir una narrativa que haga creer a los ciudadanos que la propuesta de elegir mediante el voto popular a las y los ministros surgió de la opinión de diversos actores expertos del tema y del voto ciudadano en la consulta popular que quieren realizar, y no desde la visión autoritaria del presidente López Obrador.
No es la primera vez que la mayoría morenista utiliza el modelo de parlamento abierto para simular que están dispuestos a debatir sus reformas legislativas, ya lo hicieron en otros momentos en diversos temas y, finalmente, no le mueven ni una coma a los proyectos; sin embargo, hay que señalar que ésta es la primera vez que, además del parlamento abierto, planean impulsar una consulta popular para justificar la pretensión de aniquilamiento de la independencia de los miembros del Poder Judicial.
Ante la farsa, vale la pena, en primer lugar, rescatar algunas opiniones que se han vertido en esas mesas convocadas por los morenistas, por ejemplo, en la primera que se realizó a finales de mayo, el doctor Diego Valadés, exdirector del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, consideró que, poner a consulta la elección de ministros contraviene lo establecido en el artículo 35 constitucional, ya que no está permitido poner a consulta los derechos humanos ni las garantías para su protección, y la independencia de los ministros es una garantía básica para la resolución de problemas sociales. Para el ponente, elegir directamente a los integrantes de la Corte no implicaría perfección, en cambio, les hizo ver a los legisladores la precariedad con la que funciona el sistema de justicia: “En México tenemos cinco jueces por cada 100 mil habitantes; en Costa Rica, 25, y en Alemania 26”.
En segundo lugar, es indispensable llamar la atención de los partidos aliancistas para que dimensionen el impacto en nuestra democracia el hecho de mantenerse unidos para frenar la pretensión presidencial de lograr una mayoría calificada en el Congreso en la elección de 2024, que le permitiría al titular del Poder Ejecutivo, ahora sí, no sólo someter al INE y a la SCJN, sino también establecer un modelo autocrático de gobierno.
