Siempre hemos advertido que la famosa cruzada anticorrupción que se pregona desde la sofocante conferencia mañanera del presidente de México, es un ardid publicitario. Lo mismo ocurre en otros niveles de gobierno y, en nuestro caso, ya se ha visto que el gobierno de Oaxaca de Juárez se ha convertido en un vertedero de malas prácticas e ilícitos. Recientemente fueron vinculados a proceso dos ex servidores públicos sobre quienes cayó la responsabilidad del saqueo al encierro “Primavera”, de donde fueron sustraídas de manera ilegal más de 700 unidades de motor, las cuales fueron rematadas a un comprador. Se trata de un delito que habría sido orquestado en las altas esferas del gobierno de la ciudad, pero de la cadena de corrupción se la cobraron a los eslabones más débiles, dejando en la impunidad a los verdaderos cerebros y responsables.
En meses pasados trascendió que, de los puestos instalados en la temporada de Semana Santa, la tesorería municipal habría recibido unos cuantos pesos por los derechos y permisos otorgados. Se hablaba de al menos tres millones de pesos que, simplemente no habían ingresado o estaban en otras cuentas bancarias de ciertos funcionarios. Hace unos días mencionamos de la excesiva autorización de más de 280 licencias de bares y cantinas, que han hecho de la ciudad de Oaxaca un gigantesco congal. La negativa de concejales para evitar la apertura con el argumento de que ahí se ha cometido violencia en contra de las mujeres y hasta homicidios, se ha echado en saco roto. Conclusión: ha representado un boyante negocio para la Secretaría de Economía y para los funcionarios que la renta de los permisos ha salpicado.
Desde hace más de una semana se cuestiona la autorización de 303 permisos para el comercio en la vía pública que, para la temporada de las fiestas de julio, afectaría la imagen del Centro Histórico. Una investigación periodística reveló el tráfico de influencias que se da, desde los y las concejales del Movimiento de Regeneración Nacional (Moren), en el ayuntamiento, para desoír las protestas de los vecinos de las calles en donde se montarán los puestos y demás. Se ha mencionado, incluso, de la colusión de funcionarios municipales con dirigentes tanto del comercio establecido como informal, para sacar raja económica del ambulantaje. La promesa de campaña del edil, Francisco Martínez Neri, en torno al comercio en la vía pública, se fue al vacío.
Justas demandas
El pasado lunes, el gobernador Salomón Jara arremetió en contra de empleados de base de la Secretaría de Movilidad (Semovi), a quienes acusó de corruptos e irresponsables. Asimismo, mencionó a presuntos delegados del Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado e Instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal (STSPEIDCE), de haber participado en movilizaciones que afectaron el funcionamiento del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF). Por la tarde, en un comunicado, la dirigencia de dicho gremio burocrático se dijo sorprendido de dichas declaraciones y cuestionó a quienes ocupan los principales cargos públicos, quienes –afirmó- carecen de experiencia y de perfil para el cargo. Algo más añadimos nosotros: desconocen los mecanismos por los cuales deviene la relación de los burócratas sindicalizados en sus particulares centros de trabajo, regidos por un convenio anual.
Las protestas arreciaron el pasado martes entre los empleados de Semovi, tanto en sus oficinas centrales como en las de Santa Rosa. Es importante subrayar que incluso amenazaron con un paro de labores ante lo que ellos consideraron una afrenta verbal del ejecutivo estatal. Es importante recordar que las quejas ciudadanas han arreciado en los últimos meses, por la carencia de placas, de tarjetas de circulación y otros documentos, lo cual ha sido soslayado por la titular, Claudina DeGyves Mendoza. Asimismo, en los medios impresos y redes sociales han trascendido las deficiencias en las que laboran tanto los empleados de base como los de confianza. Y ello fue justamente lo que afloró en las protestas. Se mencionaron incluso las deficiencias con las que trabajan para sacar su cuota diaria, en la que tiene que comprar de su bolsillo material de oficina.
Amén de los vicios y las excesivas canonjías que tienen los empleados sindicalizados que aquí hemos mencionado, también es cierto que no se pueden exigir resultados si no se les pone en las manos el material adecuado para cumplir con sus responsabilidades. Algo similar ocurrió hace un par de semanas con los empleados del Archivo General del Registro Civil, que protestaron por el pésimo estado de las instalaciones donde laboran. Y en efecto, es posible que dichas condiciones vengan del pasado, pero sin duda es responsabilidad de quienes llegan atenderlas sin dilación.
