En su conferencia de prensa del lunes 12 de junio, el gobernador Salomón Jara dio a conocer la existencia del llamado: “Cártel del Saneamiento Financiero a Municipios”. Y sostuvo que, de 2017 a 2022, seis municipios: Cosolapa, San Juan Bautista Tuxtepec, San Pedro Mixtepec, Santos Reyes Nopala, Villa Tututepec de Melchor Ocampo y Oaxaca de Juárez, habrían recibido, sin comprobar, la nada despreciable suma de 837 millones de pesos. Pero también habló de la inequidad y desequilibrio en el otorgamiento de recursos públicos. Unos sí recibieron a manos llenas; otros ni siquiera lo necesario. Y dejó entrever beneficios y “moches” a vivales rapaces, por lo que declaró que no habrá más intermediarios ni gestores. En ese paquete, con certeza, van dirigentes de organizaciones sociales y, obviamente, diputados y diputadas federales y locales que, con el ardid de “bajar recursos”, se llevan su buena tajada.
Se trata al menos tres municipios gobernados por el PRI que, sin duda, podrían haber dejado buenas ganancias a los operadores políticos. En el Congreso del Estado, desde que han sido mayoría, los y las diputadas de Morena conocen a la perfección el modus operandi de estos mecanismos de traficar con el poder. Hay pruebas de legisladores que fueron en la pasada administración a golpear la mesa de funcionarios de la Secretaría de Finanzas, para obtener favores; para cobrar el pago por evento; para exigir aumento de presupuestos en municipios ubicados en sus distritos, a cuyos ediles ellos les llevan constructoras y contratistas, para recibir su “moche”. Esto es, en el “Cártel del saneamiento financiero a municipios”, la mayoría tiene la cola sucia.
Se habla mucho del préstamo de los 3 mil 500 millones que en 2019 le fue autorizado al ex gobernador Alejandro Murat. No será tarea difícil indagar cuánto le tocó de “moche” o pago por evento, a cada diputado o diputada. Y el reparto fue como es el sapo es la pedrada. Los que tienen cargos legislativos se cuecen aparte. Es una buena noticia que, en materia de recursos, el gobernador sea cuidadoso. Porque aquí, tanto el PRI, Morena, Partido del Trabajo u otros, en materia de tráfico de influencias, conflicto de intereses y cobro de favores, como en terreno jabonoso: quien no cae, resbala. Hay que amarrarles las manos a todos, porque, aunque tengan en la boca el discurso de la lucha contra la corrupción y demás demagogia, cuando atisban el billete fácil se convierten en vulgares mercachifles.
Istmo: secuestrado por bloqueos
La pregunta es: ¿de qué han servido las constantes visitas del presidente de México, para supervisar los trabajos del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, en un ambiente en donde el chantaje y la presión devenidos bloqueos son el pan de todos los días? Si no se atemperan los ánimos de organizaciones sociales y comuneros, ya viciados con este infame método, no hay duda que el citado proyecto presidencial se encamina una vez más, hacia el fracaso. Pese al abandono en que se han encontrado durante muchos años, los pobladores de Santa María y San Miguel Chimalapas, exigir solución de problemas agrarios y atención a una y mil demandas, causando daño a terceros para pedir una mesa de diálogo, es una infamia. El bloqueo carretero, ya lo hemos comentado en este espacio editorial, es una cultura arraigada en la mente de dirigentes, titiriteros, grupos políticos y cualquier hijo de vecino, que busque presionar al gobierno.
Una de las zonas que está en protesta perpetua es, justamente el Istmo. O es el Puente de Fierro, en Tehuantepec; el Canal 33 o el sitio conocido como IMECA, cercanos a Juchitán; o la carretera Transístmica, a la altura de Matías Romeo o Mogoñé o la vía 190, entre Niltepec, Zanatepec o Tapanatepec. Es decir, siempre hay un motivo o razón, válida o simple jalada, con la que se justifican este tipo de atentados a la libre circulación. Pero el citado proyecto presidencial enfrenta otros fantasmas, que pueden hacerlo abortar o al menos, retrasar su terminación. La semana pasada, la comunidad de “Puente Madera”, perteneciente al municipio de San Blas Atempa, logró un amparo para impedir la construcción en su territorio, de un parque industrial.
Lo anterior, sin embargo, es sólo la punta del iceberg que, como ya mencionamos, sigue torpedeando al llamado proyecto transístmico. Hay otros factores que también inciden y que, no obstante, el despliegue de al menos 6 mil elementos de la Marina/Armada de México, es un tema preocupante. Y es el reconocimiento de los mismos responsables de la seguridad estatal, de que dicho proyecto está en la mira de al menos, dos cárteles criminales. Por supuesto que con ello no se está descubriendo nada nuevo. Desde el inicio del referido proyecto, columnas y artículos periodísticos de medios nacionales han dado cuenta de ello. Más importante será saber, qué hará el gobierno federal con todos los elementos que tiene en sus manos, para evitar que dicho proyecto presidencial, sea paraíso de operaciones criminales y un obstáculo para las inversiones.
