¿Qué diablos está ocurriendo en las comunidades oaxaqueñas, que una vez más corre la sangre en esas tierras, generalmente en el olvido de los funcionarios actuales y de los anteriores?
Qué, ¿la vida de los campesinos no vale, porque son indígenas? O ¿por que “no entienden razones y sólo quieren dinero”?
Increíble que ocurran estas matanzas cuando hay gobernabilidad de por medio y que nadie reciba el castigo que se merece; todo se deja al tiempo y al olvido vergonzoso. Estos factores realizan su papel de un borrón y cuenta nueva. En tanto crece el número de mujeres viudas y de niños huérfanos que, seguramente, jamás pisarán las aulas.
El sábado pasado, Tuxtepec se estremeció con la fatal noticia de un enfrentamiento ocurrido entre los ejidos de El Cacahuatal y Nuevo Yucatán, pertenecientes a San Lucas Ojitlán, con un saldo fatal de tres campesinos muertos y seis personas más con heridas de bala.
La disputa es por una superficie de aproximadamente 40 hectáreas, que actualmente es administrada y protegida por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), pero que ha sido invadida por los ejidatarios de Nuevo Yucatán en donde cultivan maíz, frijol y calabaza.
Poco después del mediodía del sábado rojo, un grupo de pobladores de El Cacahuatal, incursionaron en la zona en conflicto para desalojar a los supuestos infractores, dando muerte a B.I., H.G.L. y M.C.S., del Ejido Yucatán, así como heridas de bala a seis personas más.
Los cadáveres presentaban la violencia en su cuerpo, pero también estaban vestidos con harapos, signo de la miseria en la que sobreviven los oaxaqueños marginados, mientras los funcionarios estatales y federales cobran sueldos superiores a los 90 mil pesos.
De acuerdo con el medio informativo El Piñero, la masacre habría sido orquestada por Antonio Cardano, Juez Municipal de Ojitlán y oriundo de El Cacahuatal, quien fue nombrado como tal por el alcalde, Isidro Ortega Silva, del partido de Andrés Manuel López Obrador, Morena y que en días pasados fuera acusado de apropiarse de la cosecha de maíz de los campesinos pobres de Nuevo Yucatán.
“Los pobladores de este último ejido, ya habían denunciado abusos por parte del juez municipal bajo el respaldo del presidente, Isidro Ortega Silva, quien acusan, dejó crecer el conflicto lo que derivó en la masacre registrada este sábado al mediodía”.
O sea que el conflicto no es de ahora, sino tiene su tiempo, suficiente para haber sido atendido con prontitud por las autoridades.
Sobre este caso, el secretario de Gobierno, Jesús Romero López, en un comunicado, condenó los hechos violentos que ocurrieron en la comunidad de El Cacahuatal, en San Lucas Ojitlán, perteneciente a la región de la Cuenca del Papaloapan y que dejó como saldo tres personas muertas y seis heridas.
Informó que apenas el pasado viernes, dialogó con la autoridad agraria quien se comprometió a no generar actos violentos y esperar a que las autoridades de los gobiernos federal y estatal intervinieran para encontrar una solución al conflicto provocado por la invasión a un predio de 40 hectáreas ubicado en una zona federal.
El titular de la Sego consideró que el Comisariado Ejidal tendrá que dar una explicación del por qué decidió acudir a la zona cuando se comprometió con el Gobierno del Estado a no hacerlo, y estar de acuerdo en que fueran las instancias correspondientes las que convocaran a las partes involucradas en el conflicto para encontrar una solución.
Romero López dijo que en todo momento se pidió al Comisariado actuar con responsabilidad y prudencia.
Si el comisariado ejidal se saltó las trancas, ¿por qué no se le acusa como presunto responsable ante la Fiscalía General por este asesinato masivo y se le fincan responsabilidades? ¿O su militancia en Morena le permite gozar de cierta impunidad?
El pasado domingo 4 de junio, en su homilía dominical, el arzobispo Pedro Vázquez Villalobos, externó su preocupación por la violencia que viven actualmente los pueblos oaxaqueños. Para algunos, especialmente para el gobierno, fue simple protagonismo lo expresado por el religioso, pero hay mucha razón en lo que externó.
“Monseñor, me dicen. Nos han cerrado el camino; no nos dejan transitar. No nos dejan salir de nuestros pueblos, no nos dejan salir; estamos amenazados. Un hijo de Dios amenaza a otro hijo de Dios. Unos que fueron nombrados autoridad en nuestro pueblo, amenazan como autoridad a otros de otros pueblos. Toman decisiones de dañar a otros pueblos, de ir contra esos pueblos y me han dicho lo sacerdotes: Monseñor están armados, tienen armas, y tenemos temor de que corra sangre porque están armados aquellos y están armados estos, y la paciencia tiene un límite y no sé cuánto vamos a aguantar con esa situación; rece, me dicen, para que no brote la violencia, para que siga habiendo paz, para que podamos transitar los caminos sin temor, Lo necesitan nuestros pueblos nuestras gentes. Al recorrer los caminos y los pueblos de Oaxaca y contemplar a las personas me llenan de ternura porque hacemos sufrir a los hombres y mujeres de corazón bueno, porque los dañamos tanto, porque nos sentimos poderosos, dueños de los demás; que triste, porque nuestros pueblos sufren”. Hasta aquí las palabras de Vázquez Villalobos.
Para gobernar, nada pasa con ser humildes; por el contrario. Nada se pierde con pedir las opiniones de los que saben. En este caso, algún funcionario fue con el Arzobispo Pedro para preguntarle, ¿qué comunidades están armadas? ¿Han triangulado información con el religioso? Como líder de la Iglesia mayoritaria, ¿lo han invitado a mediar en estos conflictos?
Recordemos que en el gobierno de Diódoro Carrasco Altamirano, el entonces arzobispo Bartolomé Carrasco Briseño fue mediador en varios conflictos agrarios y estos tuvieron una solución satisfactoria.
En verdad que pocos gobernantes saben que, “para hacerse grande, hay que comenzar por hacerse pequeño”.
