Resulta cada vez más penoso saber que al gobierno pasado, por donde le busquen salta la podredumbre de corrupción, peculado, desvío de recursos y muchos pecados más. Tal parece que cada gobierno ha llegado para que sus incondicionales se llenen los bolsillos del dinero público. Así ocurrió en el gobierno de Ulises Ruiz, cuando su secretario de Finanzas tuvo el cinismo de enviar maletas de dinero a uno de sus familiares, quien mandó a depositar el efectivo al banco donde fueron detenidos, incluyendo su empleada doméstica. Pese al quebranto de miles de millones al erario, el personaje aludido y sus corruptelas quedaron en la impunidad. La siguiente administración, la de Gabino Cué, no se salvó de estas prácticas. Hubo un saqueo impresionante estimado en más de 18 mil millones de pesos. El principal operador, Jorge Castillo, goza de cabal salud. Nada se movía en dicho gobierno sin la autorización del virrey.
Con esa película, Alejandro Murat llegó al poder estatal con el discurso de total negativa a la corrupción y la amenaza de castigo severo a quien incurriera en dichas prácticas. Poco tiempo después los negocios, el pago de moches y la corrupción abierta y descarada estaban en su gobierno a todo vapor. Se ha constatado en los últimos tiempos, al develarse los gastos millonarios en dependencias y entidades, sin que las empresas que fueron contratadas hubieran cumplido. El favoritismo a ciertas empresas; la formación de constructoras y negocios al vapor; el ninguneo a la buena fe de los oaxaqueños y el saqueo infame de los recursos públicos. El mejor ejemplo de ello está en el famoso Cártel del Despojo, en donde el director del Instituto de la Función Registral (IFREO), exigía a cada uno de los delegados en todo el estado cierta cantidad de dinero por estar en el cargo que, sumada, alcanzaba la cifra de más de un millón de pesos que el aludido recibía mensualmente.
O el pago extra que tenía que pagar el usuario en el Registro Civil para que le extendieran su acta de nacimiento o en el Instituto Catastral del Estado de Oaxaca (ICEO), para que la base de su propiedad fuera reducida a lo mínimo para que así pagara el predial anual. Es decir, una sangría brutal a las finanzas estatales. Sin embargo, esto es sólo la punta del iceberg de grandes negocios que se hicieron al amparo del poder en la pasada administración. No es fortuito que el actual gobierno, que encabeza Salomón Jara, esté presto para ir por los corruptos.
El colmo del cinismo
Hay una gran indignación entre los oaxaqueños por la dilación que ha tenido una de las obras emblemáticas que iniciaron hace al menos 15 años y no terminan de concluirse. Nos referimos a la carretera a la Costa. La del Istmo lleva más de 20 años. Una de las causas de que los trabajos no avancen no sólo se debe al elevado costo de la obra, que ha multiplicado su presupuesto, o a las empresas constructoras que no han avanzado, sino a las mismas autoridades municipales y comunales, por donde pasa la vía que, a través del chantaje y la manipulación, se han convertido en uno de los obstáculos más burdos. Así, primero fue la cerrazón de San Vicente Coatlán para impedir la continuación de las obras con el argumento del conflicto agrario que trae con Sola de Vega. El gobierno dobló las manos y lo convenció de permitir el avance del proyecto carretero a cambio de adquirir miles de hectáreas que no le pertenecen, pero con las que estarán satisfechos los vecinos chenteños.
Después de ello vino el bloqueo carretero por parte de pobladores de San Francisco Coatlán, perteneciente al municipio de San Pablo, distrito de Miahuatlán. Bloquearon los trabajos por un problema político interno. El asunto estuvo manipulado por el diputado federal Daniel Gutiérrez, conocido por ser un mercenario de dichas comunidades a las que les exige les otorguen la obra pública a sus constructoras. Y desde la semana anterior, vecinos de San José Cieneguilla, perteneciente a San Sebastián Coatlán, permanecen con un bloqueo en el tramo Barranca Larga-Ventanilla, pues entre sus exigencias está el pago de derecho de vía que, según ellos mismos se firmó desde 2008. Obviamente, cada nueva autoridad municipal y cada nuevo comisariado de bienes comunales, quiere cobrar parte del pastel. Además, de ello, le han exigido al gobierno de Salomón Jara el pago de 50 millones de pesos en efectivo, “para repartirlo –según el acta de asamblea- entre los vecinos que han participado en el bloqueo”.
La protesta social, manipulada por dirigentes sin escrúpulos o autoridades municipales o auxiliares, devenida chantaje plasmado en bloqueos carreteros, lo hemos dicho muchas veces, se ha constituido en la industria más rentable. De ese tamaño es el cinismo de quienes han manipulado a vecinos de San Sebastián Coatlán, para obstaculizar uno de los grandes proyectos carreteros. Es la voracidad, la ambición personal, el lucro económico lo que mueve a quienes deben estar sujetos a los dictados de la ley.
