Pese a amenazas de multas, de constantes llamados de las autoridades de Oaxaca de Juárez, los franquicitarios de camionetas recolectoras de basura que la depositan en las riberas del Río Atoyac, simplemente han hecho caso omiso. Se trata de dos sindicatos que de manera burda exhiben su impunidad: la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) y la Confederación de Trabajadores de México (CTM). Ambas son responsables de que se hayan acumulado más de 3 mil 800 toneladas de desechos sólidos. Moverlos implicaría un desembolso millonario, que se agregaría a los más de 100 millones que el edil capitalino, Francisco Martínez Neri, ha reconocido que ha costado mover la basura generada en la ciudad a depósitos seguros en otros lugares, sin revelar en dónde se ubican.
Ni las observaciones o amenazas de sanciones de parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ni la instancia estatal, la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente, han tenido éxito. Es necesaria pues la presión del gobierno estatal o de las instancias de justicia para que los responsables y dirigentes de dichas organizaciones cumplan con la ley. Todo ello hace presumir que no existe voluntad política para meter al orden a los sindicatos mafiosos –como les llamó el presidente López Obrador-. Lo más grave es que el tiradero que se ha mantenido en las riberas de nuestro afluente contraviene los amparos que el Poder Judicial ha emitido para salvar al mismo del daño ambiental que han representado las descargas de aguas negras y otros factores. No hay que olvidar que se han dado ya incidentes como incendios, cuya nube de humo ha afectado la salud de miles de habitantes de agencias y colonias urbanas que se ubican en las inmediaciones.
En EL IMPARCIAL. El Mejor diario de Oaxaca, hemos sido insistentes en el tema, así como de las evasivas de las mismas autoridades para dar una satisfacción a la ciudadanía. Es importante subrayar que no valen las excusas o los argumentos trillados de que no hay recursos. Debe obligarse a los responsables a que suspendan de inmediato el depósito de los desechos o ¿para qué sirve la autoridad? Es infantil decir que no hacen caso o que exhiben su solapada impunidad, teniendo el ayuntamiento de Oaxaca de Juárez los elementos para intervenir aún con el uso de la fuerza pública. Pero se debe actuar en el marco de la ley, sin dilación.
El sobado método
Uno de los factores del atraso en la obra de la carretera a la Costa, en el tramo Barranca Larga-Ventanilla, ha sido, además del fracaso de algunas constructoras, de los vicios arraigados en autoridades municipales y comunales de las poblaciones tanto del distrito de Ejutla como el de Miahuatlán, en cuya jurisdicción se ubican los Coatlanes. Hasta hace al menos tres meses, San Vicente Coatlán, luego de labor de convencimiento tanto de funcionarios federales como estatales, permitió la continuación de los trabajos. Poco después fueron las autoridades de la agencia municipal de San Francisco Coatlán, municipio de San Pablo, quienes bloquearon la carretera por asuntos de eminente carácter político. La semana pasada y por varios días fueron autoridades y vecinos de San Sebastián Coatlán, exigiéndole al gobierno de Salomón Jara, atención a un sinfín de demandas. Pese a los llamados de la Secretaría de Gobierno continuaron con su labor de chantaje.
Las obras del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT) no han estado exentas de este tipo de acciones. En sentido contrario al optimismo presidencial, los bloqueos a las obras, como el caso de los obstáculos a las vías férreas han incidido de manera directa en el retraso del proyecto. Hace poco, luego de dos meses de bloqueo, los militantes de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI), fueron desalojados por elementos de la Marina/Armada de México, del tramo Mogoñé Viejo-Vixhidu, que mantuvieron durante dos meses. El mismo presidente López Obrado reconoció que se trataba de chantajear al gobierno con 50 millones de pesos, cifra que se fue reduciendo hasta llegar a 5 millones. Es inaceptable que, por voracidad económica de vecinos, dirigentes o autoridades municipales o comunales, se tengan que frenar obras de beneficio social. Eso debe ser castigado.
Ante este panorama permanente de presión y chantaje, el gobierno de Salomón Jata debe proceder al uso de la fuerza pública, Sin que ello suene a represión o uso desmedido de la misma, no debe permitirse que unos cuantos sujetos manejados por intereses turbios, se conviertan en obstáculos para el desarrollo, la paz social y la gobernabilidad, pero, sobre todo, atenten en contra de los derechos civiles y el clima de libertades que nos otorga nuestra Carta Magna. Hay entre la ciudadanía un justificado hartazgo respecto a este sobado método de presión.
