En la reunión del gabinete de seguridad de la semana anterior, el Secretario de Gobierno, Jesús Romero López dio a conocer la pauta de lo que todo mundo sabe, pero en la administración estatal se ha guardado con inusual hermetismo: dirigentes de organizaciones sociales exigen cuotas millonarias, para garantizar –según ellos- la gobernabilidad en las regiones donde tienen presencia. Y se refirió al caso de uno de los hermanos que dirigen el Comité para Defensa Ciudadana (CODECI), Gaudencio Torres Pereda, quien le solicitó 500 mil pesos mensuales para dicho efecto. Se trata prácticamente del derecho de piso que cobran los grupos criminales, además de que es dinero público que puede ser destinado a otras prioridades y no para el bolsillo de chantajistas y ladrones, encubiertos en la lucha social.
Ésta ha sido una práctica recurrente en este tipo de membretes, algunos como una membresía irrisoria, pero con una voracidad impresionante para sorprender a funcionarios incautos e inexpertos. No es fortuito que en el gobierno de Alejandro Murat se hayan contabilizado al menos 300 organizaciones y grupos de presión, cuyos dirigentes han vivido de la extorsión y el chantaje. Por ello, a los dos meses del arribo del gobierno de Salomón Jara aplaudimos la medida de reducir significativamente el directorio de aquellas que, con justificación, pueden seguir recibiendo el apoyo del gobierno estatal. Desde luego que ello tuvo un efecto boomerang, pues la presión para que los suban al Edén presupuestario ha seguido. Ya mencionamos ayer algunas de las que se manifestaron la semana anterior, con el avieso propósito de que tener interlocución y que les llenen de nueva cuenta los bolsillos a sus titiriteros.
Si la decisión del gobernador Salomón Jara, vía Secretaria de Gobierno, es no otorgarles un peso, que se mantenga lo dicho. Pero, en paralelo, que se lea la cartilla a quienes siguen incurriendo en bloqueos carreteros y afectaciones a la paz social y la gobernabilidad, o, caso contrario, aplicarles la ley. Debe haber congruencia en el decir y el hacer, pues si se sigue con el discurso de que no habrá represión y que se respetará la libre expresión, los aludidos apelarán a ello para seguir conculcando con sus aberrantes métodos, las libertades civiles. Si el gobierno dobla las manos y cae en el juego de uno, el resto seguirá el mismo camino para lograr su objetivo: millones del erario estatal.
Quejas desatendidas
Se ha vuelto una constante en redes sociales el estado tan lamentable en que se encuentra el sistema de drenaje y alcantarillado en la capital oaxaqueña, sus agencias y colonias. Las denuncias ciudadanas en relación a alcantarillas sin tapa o totalmente colapsadas han sido cotidianas, al igual que las fugas de aguas residuales con su carga de pestilencia. Sin embargo, es posible que las necesidades rebasen el techo presupuestal de la dependencia responsable, el Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado (SOAPA), pues las denuncias y quejas no se atienden con prontitud, lo que representa un grave riesgo, pues si bien es cierto que las tormentas nos han dado paz en la última quincena de mayo e inicios de junio, la temporada de lluvias está encima y los pronósticos meteorológicos no son halagüeños.
El asunto es que, cada sexenio las obras de agua potable y alcantarillado parecen ir a la zaga de otras prioridades gubernamentales. Además, no se han llevado a cabo acciones preventivas y darle mantenimiento a esas viejas redes. No es pues sólo la falta de suministro de agua potable lo que ha despertado en los últimos días la protesta, con sus manidos métodos del bloqueo a vialidades, sino, asimismo, la situación tan crítica del sistema de drenaje. A todo ello hay que agregar, aquí lo hemos mencionado, el hábito aberrante de personas que suelen arrojar basura y desechos en las alcantarillas o el robo de tapas que desde hace años se ha denunciado sin que las autoridades hayan acotado esa relación ilícita que se establece entre el ladrón y el comprador de fierro.
Cada día, como lo hemos publicado en nuestras páginas, aparece una nueva atarjea sin tapa, convirtiéndose en un peligro ciudadano. El golpeteo hacia el gobierno estatal pues, se ha convertido en algo cotidiano, justamente porque una de sus áreas del gabinete ampliado, SAPAO, no ha cumplido cabalmente con el servicio de atender las quejas de fugas de agua limpia o aguas negras, con oportunidad y eficiencia. Llegan las cuadrillas de trabajadores a tratar de corregir el desperfecto, el mismo que al día siguiente volverá a colapsar. Es importante subrayar que, la Cámara de Diputados que autoriza el presupuesto de egresos anuales, debe considerar las necesidades de la dependencia que tiene a esta responsabilidad. Sin material, sin la maquinaria o los elementos necesarios, poco se puede hacer.
