A lo largo de los seis meses que lleva el gobierno de Salomón Jara, han sido denunciadas y más denuncias con pelos y señales, de toda una serie de irregularidades, anomalías y corrupción en diversas áreas, involucrando a quienes fueron titulares en la administración de Alejandro Murat. Por donde le rasquen sale podredumbre. Obras inconclusas, pagos indebidos, opacidad, creación y venta de plazas de base y una danza millonaria de recursos que habrían tenido como destinatarios los bolsillos de quienes ocuparon cargos públicos. El mejor ejemplo lo tenemos en aquellas áreas: Registro Civil, Instituto Catastral de Oaxaca (ICEO), Instituto de la Función Registral (IFREO) y la Dirección de Notarías, en donde se empezó a fraguar lo que se conoce como el “Cártel del Despojo”, una célula delictiva cuyos miembros han ido cayendo gracias a la acción de la justicia.
Sin embargo, ha trascendido que habría otras vertientes más de corrupción, en algunas áreas de subsistemas de educación media superior, en donde se crearon plazas de base, representando con ello un boquete para las finanzas estatales. La semana pasada, en conocido restaurante de la Colonia Reforma de la capital oaxaqueña fue detenido por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), Alejandro Aroche Tarasco, quien fuera en los últimos años del gobierno pasado, titular del Instituto de Estudios de Bachillerato de Oaxaca (IEBO). Más allá de la presunción de inocencia, eje de nuestro sistema de justicia penal en México, se le señala como el eje de haber creado un sindicato para simular el otorgamiento de 263 plazas de base en dicho subsistema educativo. Todo ello se habría dado en los meses previos al arribo de la nueva administración, cuando se desistió ante los organismos laborales de impugnar al referido sindicato. Además, se le señala de haber recibido transferencias en su cuenta personal de recursos públicos.
Desde el inicio del gobierno de Salomón Jara se han señalado con índice de fuego las irregularidades administrativas que se dieron en algunas áreas similares como el Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca (Cobao) o el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos de Oaxaca (Cecyteo), entre otros, sobre todo éste último, cuyo titular, según se supo en su momento, se dedicó a saquear a la institución. Los hechos recientes hacen suponer que la acción de la justicia y su brazo infalible los habrá de alcanzar en algún momento.
Urge interlocución
Como ya hemos comentado en espacios editoriales anteriores, la protesta social se ha exacerbado, a través de organizaciones que exigen no sólo la atención del gobierno estatal sino los recursos a los que estaban acostumbrados. La mayoría usa los manidos métodos del chantaje, tomando como rehén a la ciudadanía y golpeando la línea de flotación de la gobernabilidad y la paz social. Sólo la semana anterior los habitantes de la capital y otras regiones de la entidad tuvieron que tolerar los atropellos a los derechos civiles de la organización denominada “Sol Rojo”, que para exigir al gobierno la aparición de dos de sus militantes desaparecidos y justicia para tres asesinados, montaron bloqueos en puntos neurálgicos de la capital y otras ciudades oaxaqueñas. La molestia ciudadana fue evidente. Son escenas de las que la ciudadanía abomina. Es un acto de justicia vivir en paz sin ese tipo de acciones de las que es ajena.
Entre martes 30 y miércoles 31 de mayo, un segmento del Consejo para la Defensa del Indígena (CODEDI), por razones similares bloqueó la carretera 175, impidiendo el paso de vehículos hacia Pochutla, Puerto Escondido y Huatulco. Dicha organización, dirigida por un pájaro de cuenta, Abraham Ramírez, ha creado un clima de terror en la zona de Santiago Xanica y parte de la costa oaxaqueña entre Pochutla y Salina Cruz. Muchos recuerdan su incursión hace años en el Centro Histórico de la capital, con militantes armados de machetes con los que amedrentaban a tirios y troyanos. Poco después estuvo metido en el asesinato del esposo de quien fuera candidata a presidenta municipal de Xanica y muchas otras acciones ilícitas, como la toma del crucero del Aeropuerto de la Ciudad de Oaxaca, entre otras.
De las dos organizaciones de que hablamos hay un objetivo común: seguir sacándole recursos al gobierno estatal, con el que asumen resolver la problemática social de decenas de comunidades que ni siquiera representan. Es posible que ambas hayan sido tachadas de las que sí pueden recibir beneficios en la actual administración y, por tanto, están alentando el clima de ingobernabilidad a través del chantaje y la presión, para que las suban de nuevo al Edén presupuestario. Aquí es donde falta la interlocución y mano firme de los operadores políticos de la Secretaría de Gobierno, que son quienes pueden exigir la aplicación de la ley para aquellos que atentan en contra de los derechos civiles.
