Durante la enésima visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a territorio oaxaqueño, los días 27 y 28 de mayo, para supervisar los trabajos que se llevan a cabo en la ciudad y puerto de Salina Cruz, además de las obras del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), sostuvo que se tiene prevista la inauguración para los meses de agosto o septiembre. Para aquellos que han sucumbido a las promesas presidenciales lo dicho fue tomado con reservas. Y es que al menos tres veces se ha dicho que la carretera a la Costa que lleva 14 años de haberse iniciado, será terminada sin que se cumpla la palabra empeñada por el primer mandatario. Hace días, la autopista Barranca Larga-Ventanilla fue bloqueada a la altura del paraje “El Limar”, por autoridades y vecinos de San Sebastián Coatlán, con el argumento de que el gobierno estatal ha incumplido ofrecimientos que les ha hecho en materia de obras de beneficio social.
Hace al menos un par de meses, se llevaron a cabo negociaciones y mesas de diálogo para darle una solución al conflicto agrario que libran desde hace décadas, San Vicente Coatlán, perteneciente al distrito de Ejutla y Sola de Vega. Es más, se ofreció la compra de la mitad de 9 mil hectáreas, propiedad de la segunda, con la que se pretendía mantener tranquilos a los chenteños. La citada vía pues está plagada de presiones, chantaje, irregularidades y es hoy en día, una de las vías terrestres más caras de la historia pues su costo se ha quintuplicado ante la dilación en su construcción y los vicios de presidentes municipales y autoridades comunales, que cada vez exigen más para permitir la continuación de esta importante obra carretera.
El CIIT, obra emblemática sexenal no ha estado exenta de presiones. Por un lado, hay poblaciones ligadas a la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo de Tehuantepec (UCIZONI), cuyo dirigente ya está habituado a los bloqueos para sacar raja política y económica, por el otro lado, están los sindicatos del transporte, dispuestos a crear escenarios de violencia si no les otorgan contratos. Y, en un tercer frente, algunas organizaciones sociales y grupos delictivos que han asolado la zona istmeña con sus operaciones criminales, haciendo de algunas ciudades como Juchitán de Zaragoza o Salina Cruz; Santa María Petapa o Matías Romero, paraísos de ejecuciones y ajustes de cuentas.
Los otros agravios
Siguiendo al pie de la letra la consabida consigna, emitida a diario en las conferencias mañaneras, de que los culpables de todos los males del país son los anteriores gobernantes, la dirigente del Cártel 22, Yenny Aracely Pérez Martínez, ya la agarró con sus antecesores, Eloy López Hernández y Genaro Martínez Morales, conocidos como “Los Pozoleros”. En principio porque tomó a pie juntillas la declaración de que dichos personajes inmovilizaron por completo a la base magisterial durante los últimos cinco años del gobierno anterior, pues en la perspectiva de la dirigente, el llamado Cártel 22 debe estar de manera permanente en las calles y no en las aulas. La nota que despertó mayor encono fue la declaración del titular del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), Emilio Montero Pérez, del pasado lunes 29 de mayo, en el sentido de que cada año, para celebrar la famosa “Guelaguetza popular”, que la dirigencia magisterial lleva a cabo en julio, el gobierno de Alejandro Murat, les entregaba 20 millones de pesos.
Desde el año 2006, cuando el Cártel magisterial se sacó de la manga dicha celebración más como una forma de hacerle frente a la oficial, a la que consideraban un “evento burgués”, los dirigentes la han tomado como un gran negocio, que lo es en efecto, pero sólo para su bolsillo. En el fondo de todo, es el dinero lo que los ha movido. He ahí la respuesta inmediata de la Comisión Política de la 22, para emplazar a sus antecesores a que rindan cuentas. No es un secreto ni nadie se traga el cuento de que “Los Pozoleros” actuaron de buena fe, si no es que con el embute millonario para arriar banderas. No es la primera vez que hemos sostenido aquí, que sea quien sea que esté al frente del Comité Ejecutivo Seccional (CES), es el dinero lo que los mueve. La corrupción campante encubierta en el discurso demagógico de la lucha sindical.
No es tarea difícil encontrar la hebra de esa podredumbre radical, maquillada con verborrea de la educación socialista, reivindicaciones sociales y la operación de colectivos para mantener una educación mediocre. Hoy, la nueva dirigencia anuncia un deslinde de sus correligionarios que les antecedieron, tratando de decir que ellos son diferentes, sin embargo, ésta y las anteriores son una y la misma. Son las prebendas, las dádivas oficiales y los acuerdos debajo de la mesa, lo que habrá de cambiarles en poco tiempo su estatus social. Al tiempo.
