Sería un absurdo negar los buenos oficios e interés del gobierno de Salomón Jara para dotar a la capital y a los 23 municipios conurbados que enfrentan el problema del manejo de sus residuos sólidos de un sitio. Sería, asimismo, una torpeza no asimilar que el llamado Centro Integral de Revalorización de Residuos Sólidos Urbanos (CIRRSU), es un proyecto de beneficio social, cuyo costo será de más de 385 millones de pesos, que se ha ido postergando desde sexenios atrás, dado que el basurero ubicado en jurisdicción de la Villa de Zaachila, instalado desde hace más de 40 años, hace mucho que dejó de tener vida útil. Ante el cierre definitivo en octubre de 2022, la crisis de la basura se convirtió en un serio asunto de salud pública y prioridad gubernamental, ante la postura omisa del municipio de Oaxaca de Juárez, quien se desentendió de esta responsabilidad.
Sin embargo, también hay que reconocer que la aceptación original de las autoridades de San Lorenzo Albarradas, para permitir la instalación en sus terrenos del llamado CIRRSU, estuvo plagada de desaciertos de la Secretaría de Gobierno (SEGO) que, en su afán de mantener todo en secrecía omitió un procedimiento fundamental: todo proyecto que se pretenda llevar a cabo, debe ser objeto de una consulta libre e informada a la población. De esta manera, cuando el gobernador Salomón Jara anunció haber logrado la solución del problema, el pasado 17 de abril en su conferencia de prensa de los lunes, la inconformidad por esa falta de socialización del referido proyecto, se había generalizado en algunas comunidades, particularmente la Villa de Mitla y, posteriormente, la misma comunidad de Albarradas. Es decir, a pesar de la certeza del ejecutivo estatal de que el proyecto va, hoy tal parece haberse sumergido en un nudo de confusión e incertidumbre.
La semana pasada, el municipio y autoridades auxiliares de San Pedro y San Pablo Teposcolula, que podría haber sido la alternativa para sustituir a Albarradas para el citado proyecto de manejo de desechos sólidos, se pronunciaron en contra. Esto implica que, al parecer, estamos como al principio. Esto es, la inconformidad ha ido creciendo, sin una justificación más que nadie quiere tener la basura que se genera en la capital y al menos 23 municipios conurbados cerca. Hace falta pues labor política de convencimiento y corregir los errores y claroscuros que, hasta el momento, han hecho que el CIRRSU no se concrete como lo han planeado las autoridades estatales.
Una pésima señal
En la conferencia de prensa del pasado lunes 22 de mayo, el gobernador Salomón Jara externó su apoyo incondicional al decreto emitido por el presidente Andrés Manuel López Obrador, al asegurar –la palabra correcta sería expropiar- la empresa “Ferrosur”, perteneciente al poderoso Grupo México de Germán Larrea, por parte de la Marina/Armada de México. Se trata de un tramo de vías férreas y oficinas que, según la empresa, ya habían sido objeto de señalamiento por parte del gobierno federal, por lo que se habían comprometido los empresarios a construir una que empatara con el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), uno de los proyectos emblemáticos de la Federación. El gobernador sabe que se trata del futuro de Oaxaca y de un proyecto de desarrollo regional que habrá de beneficiar al Sur-Sureste del país. Es decir, lo que se haga mal impactará de manera negativa el espíritu del citado proyecto.
Pues bien, la lección de la expropiación no pinta nada bien para el aliento a las inversiones, sobre todo extranjeras. Se ha dicho una y otra vez que habrá en todo el CIIT al menos diez parques industriales, cuya infraestructura pretende atraer empresas foráneas que vengan a invertir en los mismos. Nuestra región istmeña ha sido a lo largo de la historia, al menos desde mediados del Siglo XIX, un espacio estratégico en la geopolítica mundial, por lo que, miles de grandes consorcios de todos los órdenes de la producción, estarían interesados en traer sus capitales. Sin embargo, el impacto de la expropiación a Ferrosur, deja una pésima impresión, pues nadie querrá arriesgar sus millones de dólares en un país que ya está marcado por la incertidumbre; en donde se fabrican decretos de la noche a la mañana; en donde los sectores productivos están a merced del acoso de los grupos criminales, impunes ante el gobierno o bajo acoso de la misma presidencia de la República, como las empresas españolas que producen energía eólica.
El decreto reciente y su operación por parte de elementos de la Marina, no es precisamente la mejor señal, al contrario, es un lamentable precedente para los empresarios o barones del dinero, que son, nos guste o no, los que invierten y generan empleos. Después de este despropósito presidencial, la ciudadanía puede esperar cualquier atropello a la libre empresa o a lucrar con su patrimonio. Para Oaxaca es señal inequívoca de desaliento a los inversionistas, si además se añade la inestabilidad que provoca el magisterio y las organizaciones sociales.
