Una de las cosas que más lastiman a la sociedad oaxaqueña es la impunidad con la que actúan grupos, organizaciones, sindicatos y segmentos de toda laya. Desde hace tiempo, la llamada Coordinadora de Estudiantes Normalistas del Estado de Oaxaca (CENEO), manejada por opositores al gobierno en turno o por quienes buscan prebendas y beneficios políticos o económicos, se ha dedicado al montaje de acciones temerarias. Hace al menos un mes y gracias a las gestiones del gobierno de Salomón Jara ante la Secretaría de Educación Pública para el otorgamiento de plazas sin los exámenes obligados, levantaron su plantón que, durante tres meses mantuvieron en el Centro Histórico. Durante el tiempo que estuvieron en las calles del centro, generaron severos descalabros al comercio establecido y, en general, a la vida de los citadinos.
En una de sus tradicionales conferencias de prensa de los lunes, el ejecutivo estatal, presumiblemente una de las personas más informadas de la entidad, hizo señalamientos puntuales respecto a quiénes se encontraban detrás de la cerrazón normalista. Y mencionó al diputado federal, quien tuvo un cargo importante en uno de los comités ejecutivos seccionales, del conocido como Cártel 22, Irán Santiago Manuel. Éste es representante de Oaxaca con los colores del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), es decir, es correligionario del gobernador Jara Cruz. Sin embargo, ha sido señalado de manera reiterada de desestabilizar el entorno educativo local. Las acciones temerarias y violentas de parte de los vándalos de la CENEO, se le acuñan al referido legislador quien, insistimos, parece estar empecinado en generarle problemas a la llamada “Primavera Oaxaqueña”.
El pasado lunes, casi como respuesta a su mención en la conferencia habitual de los lunes, un grupo menor de pseudo normalistas, arribó a las oficinas administrativas del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), ubicadas en la Colonia Reforma de la capital oaxaqueña. Sin antecedentes de demandas o exigencia alguna, causaron destrozos al equipo de cómputo, escritorios y demás mobiliario. Las cámaras de video ubicaron perfectamente los rostros y voces de los encapuchados, con los que seguramente las corporaciones policiales pueden ubicarlos. Tarea nada difícil en estos tiempos. Pero, el gobierno no debe quedarse con los brazos cruzados. Estos vándalos requieren de una lección. Una acción como la que vimos en redes sociales no debe quedar impune. Es urgente que el gobierno estatal siente un precedente de autoridad y fuerza.
Santo Domingo: ¿Foro político?
La semana pasada, por segunda ocasión, el atrio de la Iglesia de Santo Domingo de Guzmán, uno de nuestros monumentos más emblemáticos de la arquitectura dominica, fue utilizado para un acto político: la de disculpas públicas del gobierno federal al activista indígena Damián Gallardo, maestro afiliado a la Sección 22 del SNTE y activo militante de la tristemente célebre Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca (APPO). El citado habría ido detenido presuntamente infraganti por el secuestro de dos menores de edad, quienes habían estado privados de la libertad en una cisterna en Cuilapan de Guerrero. Por ello, estuvo recluido en penales federales, en donde se quejó de malos tratos y discriminación por parte de custodios de dichos centros penitenciarios. Al arribo del presidente López Obrador y con toda la carga de pruebas por los cuales un grupo de maestros detenidos por dicho delito, fueron liberados sin más, dejándoles el sambenito de víctimas.
Sin embargo, a lo que vamos es a lo siguiente. No importa el acto o la justificación del mismo, sino la forma en la que se ha utilizado el atrio de Santo Domingo, un sitio sagrado para los oaxaqueños para eventos que nada tienen que ver con lo religioso. Según lo afirmó el prior Fray Alejandro Latapí, el atrio es parte del conjunto conventual, por tanto, su uso no debe ser ajeno a la cuestión eminentemente religiosa. Desde hace meses, luego de que una de las primeras acciones del gobierno de Salomón Jara, aplaudida por la ciudadanía, fuera sacar a indígenas triquis de los pasillos del Palacio de Gobierno y al comercio en la vía pública de Centro Histórico, la medida fácil de éste fue irse a refugiar en las inmediaciones del citado conjunto conventual dominico.
Con pleno respeto a la libertad de creencia, hay una realidad que nadie puede ocultar: en la capital oaxaqueña la religión predominante es la católica. No es fortuito que tengamos decenas y decenas de templos e iglesias a donde quienes profesan dicha religión acuden. Por ello, las quejas y denuncias, que ciertamente el gobierno local de Oaxaca de Juárez ha desatendido, no se han hecho esperar. Santo Domingo no es sólo el sitio más visitado por el turismo nacional y extranjero en la capital, sino que es, además, un ícono para los católicos de la capital que acuden a misa todos los domingos. Es este segmento de la sociedad el que exige protegerlo y respetarlo. ¿Acaso eso es pedir mucho al gobierno?
