La semana pasada se dio un evento inédito: la comparecencia ante los medios de comunicación del titular de la Consejería Jurídica y Asistencia Legal del gobierno del estado, acompañado de los titulares del Registro Civil; del Instituto de la Función Registral (IFREO); del Instituto de la Función Registral y de la dirección de Notarías, todas dependientes del Poder Ejecutivo. Cada uno (a) de los y las funcionarias fueron dando cuenta puntual de las anomalías, irregularidades y corrupción que han detectado en estos primeros seis meses de gestión de la nueva administración. Del Registro Civil se pudo constatar la venta de formas oficiales para el registro de nacimientos; la apertura de expedientes con anomalías y el tráfico de influencias, que permitió recibir dinero por favores. Dichas prácticas se repiten en las demás áreas dependientes de la Consejería Jurídica, dejando en claro que el famoso “Cártel del Despojo”, ha sido una afrenta a los oaxaqueños, desde sus inicios en los tiempos del ex gobernador José Murat (1998-2004).
A lo largo del tiempo de este gobierno hemos escuchado una y otra vez la serie de anomalías en que incurrieron los responsables de dichas áreas en el gobierno de Alejandro Murat, además de una y mil pillerías. Sin embargo, hasta la fecha todo ha sido parte del escarnio mediático, pues si bien hay más de 40 personas indiciadas como presuntos responsables de dichas prácticas de corrupción, es la hora en que no se ha procedido penalmente. Del famoso “Cártel del Despojo” sólo hay dos personas que han sido objeto de aplicación de la ley. Una consignada en un penal estatal y otra, que no es funcionario sino fedatario público, detenido en Italia y bajo el trámite de extradición a Oaxaca. ¿Y los demás? Gozan de cabal salud o bajo protección de la Justicia Federal, es decir, con amparos bajo el brazo.
El tema pues parece estarse viciando con denuncias y más denuncias; con más y más pruebas de su presunta participación en irregularidades. Ello ha dado pie a que algunos, como el mismo notario detenido en Italia o el ex titular del Instituto de la Función Registral (IFREO), Gilberto Gamboa Escobar, presuman con una constancia que lo acredita como ciudadano español. Si el gobierno de Salomón Jara tiene las pruebas que acrediten responsabilidades, que se proceda conforme a la ley. Hacen falta lecciones duras, como verlos en prisión, para que quienes hoy están en el candelero, aprendan.
Urge certidumbre jurídica
Después de un sexenio de desorden, de corrupción e impunidad entre los servidores públicos que tuvieron al frente de áreas claves como el Registro Civil, el Instituto Catastral del Estado de Oaxaca (ICEO), del Instituto de la Función Registral (IFREO) y la dirección de Notarías, el gobierno de Salomón Jara está emplazado en dos vertientes: por un lado, proceder penal o administrativamente en contra de quienes faltos de ética, hicieron de dichas áreas espacios para delinquir y, por otro lado, sanear todo aquello que quedó mal, para dar certidumbre jurídica a los oaxaqueños. En este espacio editorial consideramos que aquellas acciones emprendidas para desenmarañar la red de complicidades en el llamado Cártel del Despojo, han sido limitadas. No son suficientes. Hay que ir por aquellos que hay puesto tierra de por medio para que enfrenten a la justicia.
No basta con mantener bajo proceso a quien fuera director de Catastro ni, haber detenido al notario público que, se presume, fue el operador de esta red cuasi criminal, sino de emprender un gran operativo para que todos, los 43 o más funcionarios, servidores públicos, fedatarios, abogados y demás coludidos, reintegren los bienes inmuebles mal habidos a sus legítimos propietarios, a quienes despojaron usando el poder que da manejar información de primera mano y los recursos públicos a su disposición. Para muchos ciudadanos, no basta con esgrimir amenazas o alentar sólo el escarnio público, vía medios de comunicación y redes sociales. El gobierno de Jara Cruz está obligado a otorgar certidumbre jurídica en todo lo referente a la propiedad y la identidad. Las personas que han sido designadas al frente de los cargos deben tener suficiente probidad para no caer en las tentaciones y corruptelas que dañaron a dichas instituciones en el pasado.
Las denuncias que la semana anterior hicieron los funcionarios de esta administración deben tener un corolario en acciones legales completas. Ya basta de tanta corrupción, del saqueo y, sobre todo, de haberle quitado a tantos oaxaqueños su patrimonio de un plumazo, a través de infames argucias legales. Es necesario un castigo ejemplar, poner a los presuntos responsables ante la ley. Y ello debe depender de una investigación a fondo para detectar todas las anomalías e irregularidades en que incurrieron. Oaxaca necesita una satisfacción que le permita restituir su confianza en el gobierno y en las instituciones.
