El tema magisterial debe ser tratado por el ejecutivo estatal y sus operadores, con suma cautela. Si bien es cierto que en la pasada administración hubo al menos cuatro años de ciclos escolares completos, poca o nula movilización y, hasta una relación de terciopelo entre gobierno y Sección 22, dicho gremio apuntará siempre a recuperar sus privilegios y justificar su consabido método de movilización-negociación-movilización, soslayando su tarea docente y su compromiso con la educación. Luego del cambio de estafeta en la dirigencia del Comité Ejecutivo Seccional, en noviembre de 2022, el discurso conciliador cambió de manera radical. Hay una tendencia a la cerrazón, a la beligerancia y a poner al proceso enseñanza-aprendizaje, como condicionante de muchas de sus demandas que, no lo ignoran sus dirigentes, no están en el ámbito estatal. De nuevo aparece la exigencia de echar abajo la reforma educativa.
En el fondo de esa “lucha”, es recuperar su estatus de fungir como juez y parte; como trabajador y patrón. Recordemos que gracias a un acuerdo ominoso suscrito en octubre de 1992, por el entonces gobernador Heladio Ramírez, el hoy llamado Cártel 22, se adjudicó al menos el 90 por ciento de los cargos en los niveles educativos del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca –IEEPO-. Desde ahí, sus incondicionales manejaban nómina, plazas, cambios de adscripción y otros. En julio de 2015 y por presiones del gobierno federal, el ex gobernador Gabino Cué aprobó un decreto por el que el Estado recuperó la rectoría educativa. El revire magisterial, sobre todo de las tribus radicales, no se hizo esperar. Intentaron revivir el movimiento del 2006. Pero se quedaron cortos y sólo promovieron los hechos de Nochixtlán, el 19 de junio de 2016.
El gobierno de Salomón Jara ha dado respuesta puntual a las demandas. Pero las hay que no son de su competencia. La dirigente advirtió que no satisfacen a su gremio. Por lo tanto, amenazaron con movilizaciones y paros. Es decir, han vuelto a sus orígenes contestatarios y a poner la educación de más de un millón de educandos de los distintos niveles, por debajo de sus ambiciones, falso radicalismo e intereses facciosos. Esto es, seguir manipulando a una base de más de 80 mil trabajadores, alentando los vicios, el rezago educativo y el atraso escolar. Una película que hemos visto desde hace 43 años y que, desde hace mucho, los diversos sectores sociales oaxaqueños hemos visto con preocupación y repudio.
Prevención ante desastres
Los organismos responsables de los fenómenos meteorológicos, han advertido que la temporada de huracanes está en puerta. De los que se estiman impactarán en el país, se pronostica que algunos nos pegarán en Oaxaca. Nuestro largo litoral con el Océano Pacífico, de al menos 600 kilómetros, nos hace muy vulnerables. En los últimos años varios han dejado una estela de desolación y muerte. Del último que nos pegó, “Agatha”, aún hay resabios de los daños. Ante la desaparición al inicio del gobierno de la Cuarta Transformación del Fondo Nacional para Desastres Naturales –el FONDEN-, ha sido la Federación quien le ha entrado al apoyo a los damnificados, aunque con reglas de operación poco clara. Haberles entregado sumas millonarias a los ediles de poblaciones afectadas por “Agatha”, desató una verdadera rapiña.
Varios levantaron censos a modo. Otros, favorecieron a sus familiares y cercanos, y no faltaron los vivales que huyeron con los recursos. Recientemente se dio a conocer que el presidente de la República había autorizado recursos adicionales por más de mil millones de pesos para las comunidades afectadas. La mitad se otorgará este año y el resto en 2024. En torno a desastres naturales, sean sismos, inundaciones o incendios forestales, hay que reconocer que no existe una cultura de la prevención entre los oaxaqueños. En junio y septiembre de 1999, la entidad fue azotada por al menos dos sismos de mediana magnitud. De ahí surgió la idea de que cada municipio tuviera su propio organismo de protección civil, que fuera responsable de atender emergencias y, fundamentalmente, de capacitar a la población sobre el qué hacer en casos de desastre.
Si es que existen, no hay voluntad política para actualizar los mapas de riesgos, tan necesarios en una entidad con la sismicidad más alta en el país. Tampoco hay estrategias y planeación para hacer frente a siniestros. Cuando ocurren, ya veremos los cónclaves convocados por la Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos, con la presencia de las Fuerzas Armadas, policiales, el Cuerpo de Bomberos y organismos civiles. A última hora se habilitan albergues y se desplazan brigadas médicas. Es evidente pues nuestra vulnerabilidad y la apatía institucional para hacer frente a emergencias motivo de fuerzas de la naturaleza que, si bien no se pueden predecir, sí puede paliarse sus efectos con una labor corresponsable entre gobierno y sociedad.
