Una y otra vez hemos insistido en que, en un Estado de Derecho, no debe haber impunidad para nadie. Todos, absolutamente todos deben ser tasados con el mismo rasero. En otro sentido: nadie está por encima de la norma. Hoy en día, en que el sistema de justicia del país ha sacado la casta para defender la Constitución, habida cuenta de los embates desde su par, el Poder Ejecutivo, que exige sumisión, es tiempo de ponderar lo que tanto sacrificio ha significado para el pueblo mexicano, el entramado institucional que no puede demolerse así porque sí. El país se desangra cada día ante una torpe visión de lo que significa nuestro cuerpo jurídico. Crímenes sin castigo, excesos, atropellos a los derechos humanos y demás, son el pan de todos los días. Los oaxaqueños hemos tolerado con estoicismo esta andanada que nos viene de todos lados, por ejemplo, los atropellos de los llamados sindicatos mafiosos, como les llamó el presidente López Obrador.
Desde hace al menos tres administraciones estatales, los transportistas afiliados a determinados sindicatos y confederaciones han sido solapados por el mismo gobierno. El hecho de darles a unos y no a otros los contratos de acarreo de materiales pétreos, ha desatado no sólo verdaderas batallas campales a plena luz del día sino sonados asesinatos. En ese entramado de intereses económicos y criminales se han exterminado familias completas, como son los hermanos Luis Martínez. Ello ha propiciado que entre la misma familia se hayan ajustado cuentas y vendettas. La lucha por el poder ha retrasado obras importantes. Todos quieren su parte del pastel. Y en esa disputa han sucumbido varios. Recientemente se supo que el dirigente de la Confederación Internacional del Trabajo (CIT) en Oaxaca, habría acudido a un hospital a rematar a otro dirigente, éste de la Confederación Joven. El agresor ya salió de la prisión. Otro fue detenido. Pero eso no basta.
El sábado 6 de mayo, en una trifulca entre moto-taxistas en Zaachila, resultó herido de muerte Luis Balderas, de la Confederación Joven. Murió más tarde. Le habían señalado de formar parte del segmento armado de dicho sindicato. El lunes, otra organización que también participa del platillo del transporte, la”14 de junio”, bloqueó los accesos a conocida plaza comercial, porque la policía había retirado unos puestos que pertenecen a la misma. Pero nadie los toca. Todos se asumen protegidos por miembros de la familia del gobernador o por otros actores. ¿No es tiempo ya de que el ejecutivo estatal, Salomón Jara los meta al orden?
S-22: ¿Se empodera de nuevo?
No son pocos los oaxaqueños que levantaron las cejas y mostraron su preocupación cuando publicamos en nuestras páginas, que el gobierno de Salomón Jara habría abierto la puerta para que la Sección 22 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE), vuelva por su fueros y ponga en marcha su programa ideológico disfrazado de educativo: el Plan la Transformación de la Educación en Oaxaca (PTEO), un proyecto que, al menos en los últimos seis años, había sido arrumbado prácticamente por sus dirigentes. Cuando los antecesores de éstos se lo sacaron de la manga, expertos y especialistas sobre el tema educativo lo consideraron un exceso. Nada que ver con el proceso enseñanza-aprendizaje, sino instrumento de manejo ideológico. Se privilegian términos usuales como colectivos, doctrina, ideología y otros más. En pocas palabras, lejos de atenuar el rezago educativo el citado PTEO lo habría de acentuar.
Luego de la reunión con el ejecutivo estatal, después de la entrega del pliego de peticiones el pasado primero de mayo y emplazar al gobierno a tener una respuesta en cinco días, cuestión que se llevó a cabo en virtud de la buena disposición gubernamental, surgió la duda respecto a si dicho gremio volvería a empoderarse de nueva cuenta. Hay que recordar que una mala decisión gubernamental, hizo de la Sección 22 –también llamado Cártel 22- el poder predominante en el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO). El acuerdo suscrito a fines de 1992, por el entonces gobernador Heladio Ramírez le otorgó la potestad de imponer directores, subdirectores y jefes de departamento en todos los niveles educativos. Así, la sección sindical fue juez y parte. Manejaban la nómina y plazas a su arbitrio, sólo rindiendo cuentas ante su dirigencia sindical. Una situación anómala desde cualquier punto de vista.
Dichos privilegios terminaron en julio de 2015, cuando el ex gobernador Gabino Cué fue obligado por la Federación a recuperar el control del IEEPO. Los coletazos y patadas se dieron de inmediato. Su corolario fueron los hechos del 19 de junio de 2016 en Asunción Nochixtlán. No está pues por demás advertirle al gobernador Salomón Jara de los gravísimos riesgos que implica darle a dicho gremio más privilegios de los que la ley le otorga. El tema educativo está fuera del entorno estatal. Es la Secretaría de Educación Pública quien debe resolver toda petición de mejora salarial o cuestión laboral.
