El viernes 5 de mayo se presentó un enfrentamiento entre la agencia Llano de Guadalupe y la cabecera municipal de San Miguel El Grande, pertenecientes al distrito de Tlaxiaco. El saldo fue de 3 personas fallecidas y 3 heridas, incluyendo una niña de 16 años, con una lesión de bala en la pierna. Según informó la Secretaría de Gobierno, dos semanas antes, autoridades de ambas comunidades había mostrado disposición a pactar la paz y, para ello, suscribieron acuerdos que, hoy se sabe, no cumplieron. Por lo que se sabe, la peor parte la tuvo San Miguel El Grande, cuyas familias acudieron a la Secretaría de Gobierno. Sin embargo, es preocupante el saldo mortal y que se hayan desentendido de los acuerdos de paz pactados. No es la primera vez que ocurre una situación similar en algunas comunidades que libran viejos conflictos tanto político como agrarios.
Sin embargo, uno de los factores que más lastiman a las comunidades en donde hay pérdida de vidas, es que luego de montarles mesas de diálogo o acuerdos de paz, los asesinatos queden en la impunidad. Para el gobierno, al que le urge apaciguar los ánimos y la violencia, los crímenes pueden quedar sin castigo. Lo importante es sentar a la mesa a las autoridades municipales y comunales para tomarse la foto y difundir que al fin hubo acuerdos de no agresión. Todos felices y contentos y la cara sonriente de los funcionarios para la difusión en medios convencionales o redes sociales. Esto es, la ley y su aplicación son total o parcialmente ignoradas. Eso lo vimos en los asesinatos masivos de Santa María Ecatepec y Quiechapa en 2018. En las vendettas mortales que se han presentado entre los triquis. En decenas de hechos criminales en donde los asesinos se pasean en la impunidad total.
He ahí nuestra insistencia en este espacio editorial en el sentido de que, toda acción que prive de la vida a un ciudadano, sea quien fuere, debe ser castigada y perseguida de oficio. La Secretaría de Gobierno debe actuar con la ley en la mano para resolver controversias y amenazas de violencia entre grupos o comunidades. No deben dejarse cabos sueltos que mañana pasado se conviertan en instrumentos de venganza. Los familiares de los fallecidos en el reciente enfrentamiento entre Llano de Guadalupe y San Miguel El Grande, deben tener una respuesta del gobierno y ella debe ser, el castigo a los criminales que segaron la vida de los suyos. Lo demás es simple ficción.
No ceder ante radicalismo
En una acción inédita, el gobierno de Salomón Jara dio respuesta puntual al pliego de peticiones que le hizo la dirigencia del llamado Cártel 22 del magisterio oaxaqueño. Con cortesía, el ejecutivo estatal se reunió con el Comité Ejecutivo Seccional (CES), el pasado viernes, cumpliendo el emplazamiento que le dieran para responder a sus demandas: cinco días. Un gremio, acostumbrado al chantaje y la presión ya está habituado a golpear la mesa, a dar gritos y sombrerazos. Luego de entregar las famosas demandas, la dirigente del gremio, Jenny Aracely Pérez Martínez, reconocida por su radicalismo enfermizo desde el 2006, durante el movimiento político y social que tanto daño ocasionó a la sociedad oaxaqueña, lanzó amenazas como aquella de que el movimiento magisterial está vivo y, en caso de no recibir respuestas, habría paro de labores y plantón.
Todo ello es parte del trillado discurso de la dirigencia de un gremio ciertamente privilegiado y habituado a vivir con infinidad de prebendas que hoy en día, es lo que pretende recuperar la dirigente. He ahí su insistencia en la bilateralidad. Aunque no lo reconocen abiertamente, pretenden volver al período anterior a 2015, cuando maestros incondicionales a la Sección 22 ocupaban el 90% de los cargos públicos en el Instituto Estatal de Educación Pública del Estado (IEEPO). Es decir, desde octubre de 1992 fueron juez y parte. Un acuerdo vergonzoso suscrito entre el ex gobernador Heladio Ramírez López (1986-1992) y la dirigencia de la S-22, le dio a ésta la potestad de imponer funcionarios que cumplieran con sus propósitos gremiales, no en los del gobierno estatal en turno.
Dicha hegemonía se les cayó en julio de 2015, cuando el ex gobernador Gabino Cué (2010-2016) fue obligado por el gobierno de Enrique Peña Nieto a recuperar la potestad del órgano rector de la política educativa. Por todo ello, Jara Cruz no debe ceder ante las presiones de los radicales del magisterio, pulverizados en tribus, como Praxis, la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), la Coordinadora Magisterial de Oaxaca (Comao), de ascendiente maoísta, ni la decena más que querrá imponer sus fueros. El discurso del ejecutivo si bien conciliador, debe también mostrarse enérgico ante la amenaza del manido método de movilización-negociación-movilización que pretende imponer de nueva cuenta la actual dirigencia. El pueblo oaxaqueño está harto de los excesos y atropellos que el llamado Cártel 22 ha cometido en contra de la educación que imparte el Estado y de los educandos.
