Hay que invertir, pero así serían los beneficios sociales y ambientales con la instalación del Centro Integral de Revalorización de Residuos Sólidos Urbanos (CIRRSU) como el que opera en la alcaldía de Azcapotzalco en la ciudad de México y que el jueves fue visitado por representantes de medios de comunicación a instancia del Gobierno del Estado.
Traer un centro de este tipo a Oaxaca significa una verdadera revolución a la dañina y arcaica forma de disposición de desechos sólidos urbanos que se lleva a cabo en la entidad; ello obligaría a una transformación, un cambio de chip de la autoridad, de funcionarios, de instancias de gobierno y una reconfiguración del tejido social y las “formas” que rodean a la recolección, recepción, manejo, traslado, aprovechamiento y disposición de los residuos urbanos: algo así como un programa Basura 2.0. Algo desconocido para Oaxaca.
Es basura, sí, no huele, nos relatan los visitantes que realizaron un viaje relámpago a la capital. “El lugar está limpio, no hay moscas”. Quienes trabajan ahí, nos dicen con discreción, tienen un salario base de alrededor de 10 mil pesos mensuales y, sin soslayar el trabajo que realizan, no son pepenadores, aunque llevan a cabo casi el mismo e importante trabajo: la selección de materiales, no de basura, un revolucionario cambio de concepto.
Para traer una planta similar a ésta, relatan, costaría por lo menos 385 millones de pesos, que la “rica” Ciudad de México puede aplicarlo e, incluso, se señala que tiene repartidos varios CIRRSU en diferentes alcaldías. Aquí los gobiernos federal y municipal batallan y están, literalmente, sufriendo para adquirir y adecuar un predio en Albarradas.
De acuerdo con la información puesta a disposición de representantes de medios, la planta de Azcapotzalco tiene capacidad para procesar mil 400 toneladas de basura al día, hoy alcanza mil toneladas; de instalarse una similar en Valles Centrales atendería a 25 municipios de la Zona Metropolitana en donde se generan aproximadamente 850 toneladas de desechos; además, con ahorros, podría venderse los materiales reciclables rescatados y economías por transporte y disposición final. Sin duda, una apetecible oferta.
Sin embargo, los gobiernos municipal y estatal tendrán que resolver y explicar a la ciudadanía qué van a hacer con los grupos, organizaciones sociales y las verdaderas “mafias” o carteles de la basura que tendían sus tentáculos y sacaban provecho desde el momento mismo de la recolección domiciliaria, en negocios y comercios, por la que cobran. ¿Cuál es el plan para el traslado de materiales? ¿Seguirán permitiendo la selección por parte de particulares sin las mínimas medidas sanitarias, en calles y avenidas de la ciudad en donde están también implicados los integrantes del sindicato 3 de Marzo? ¿Qué se va a hacer con sindicatos y organizaciones que tenían a la basura como negocio, sus líderes y quienes explotan a pepenadores? ¿Qué de los negocios situados alrededor del basurero de Zaachila y que vivían de éste?
No va a ser fácil que las mafias se retiren de este jugoso negocio máxime que esperan que el nuevo vertedero sea exactamente como el de Zaachila: los mismos vicios, el cacicazgo y control y la explotación de pepenadores e intentarán, por todos los medios, regresar el reloj a octubre de 2022, en que se cerró el vertedero. ¿Quién cobrará, regulará entradas y salidas, el control de lo que sale y entra? Ese esquema debe terminar.
Y concretamente, qué plan hay para marginar, controlar o al menos maniatar a organizaciones como CATEM -ahora inclinada hacia la CTM- la mafia de recolectores particulares que exigen un lugar enarbolando el “derecho al trabajo”. Tiene el gobierno del estado la voluntad y los pantalones para evitarlo. ¿Habrá otro esquema?
¿Hay plan para el saneamiento del tiradero de Zaachila? Siembran muchas dudas entre la ciudadanía el miedo de las autoridades hacia CATEM que mantiene impunemente el Playón del Atoyac como tiradero particular y el riesgo ambiental por la quema que realizan para abrir “más espacio”. Dudas razonables ante el humo por los incendios y los gases que se desprenden así como los lixiviados, todo ello y más nos hacen dudar, y mucho, de la capacidad y efectividad de que las autoridades lleven a buen puerto ese ambicioso proyecto.
El proyecto ya está en el papel, al menos. Convenzan a la ciudadanía para que separe la basura. Eliminen o aten las manos a los recolectores pirata, a la CATEM, a las organizaciones que se han beneficiada de ello o háganlas partícipes del asunto con reglas claras, que se cumplan; haciéndoles respetar las reglas ambientales.
El negocio está ahí y, bien planeado, con convencimiento y “socializándolo” podría ser un modelo para el país. Habrá que esperar qué opinión ofrecen las comunidades de Mitla, Roaguía o Albarradas, que ya han mostrado su rechazo.
El Civil, 58 años
El hospital Civil “Doctor Aurelio Valdivieso” cumplió ayer 58 años de vida y, aunque parezca un lugar común: “nada qué celebrar”. Pena le debe dar al gobierno del estado, a la secretaria de Salud, Alma Lilia Velasco y a los oaxaqueños las condiciones en que se encuentra y presta sus servicios el nosocomio. Ayer el gobierno envío un boletín con números, cifras y más números, nada sobre solucionar sus carencias y terminar con el cáncer de la indiferencia que está matando al que debería ser el mejor hospital del estado.
Despluman al PVEM
En contraparte, reasignan recursos a partidos políticos una suculenta bolsa de 192 millones 976 mil 763 pesos. Y dejan fuera al PVEM, sin recursos a carecer de simpatizantes que lo apuntalen. Los partidos morralla tendrían que desaparecer, son onerosos; política y socialmente son inútiles. ¡Qué falta hacen esos recursos para, bien aplicados, aliviar un tanto el problema del sistema de salud!
