Cada vez más mujeres víctimas de violencia de género exhiben sus denuncias y reclaman castigo para sus agresores, entre ellos, personajes que se desempeñan como funcionarios y de quienes se exigen su renuncia. La violencia que padecen las mujeres se expresa tanto en el ámbito privado como en el público y tiene serios impactos a corto, mediano y largo plazo, tanto en las víctimas como la sociedad, en general.
Tanto la violencia social como la de género son fenómenos multidimensionales que afectan todos los ámbitos cotidianos de la sociedad mexicana en lo laboral, escolar, familiar, de salud, entre otros y requieren de políticas públicas o proyectos sociales integrales y robustos que permitan comprender, atender, prevenir y disminuir dicha problemática.
Existe preocupación por la impunidad en la que se sostienen los casos de violencia hacia las mujeres, y si bien hay organizaciones que elaboran informes ‘sombra’, dan seguimiento periodístico a las notas de violencia y destacan las diferencias entre las cifras oficiales y los datos reales aun con el porcentaje de subregistro que se tiene a consecuencia del silencio de las mujeres agredidas, todo esto sin una respuesta contundente por parte del Estado, al cual se le percibe incapaz de garantizar una vida libre de violencia para las mujeres oaxaqueñas.
Entender y medir la impunidad sólo en términos de la ausencia de castigo tiene, en el ámbito de la violencia hacia las mujeres serios obstáculos, entre ellos, la invisibilización del resto de agresiones que no son percibidas por el sistema de justicia penal, ya sea porque no son delitos o porque son delitos no denunciados; y por otro, la invisibilización de obstáculos estructurales -en función del género- que enfrentan las mujeres al denunciar.
Hoy el reto debe ser perseguir y castigar con todo el peso de la ley a quienes vulneren la dignidad, lesionen o hayan atentado contra la vida e integridad física de las mujeres oaxaqueñas. Urge construir un nuevo modelo de seguridad y procuración de justicia especializada, un nuevo enfoque que nos permitirá lograr mayores niveles de eficiencia.
Urge transparencia
Uno de los agravios más fuertes es precisamente la ausencia de información y cuentas claras como algo esencial para que la ciudadanía pueda evaluar de mejor forma a sus gobernantes y representantes, es a no dudar; la mejor garantía para que los gobiernos den resultados es actuar bajo la observancia de la ciudadanía.
Es indudable que la corrupción es un mal que atenta contra los mexicanos, y daña la legitimidad del Estado y del Gobierno, por lo que el propósito debe ser implementar una estrategia que permita recuperar la confianza ciudadana a partir de transparentar la acción pública. La falta de transparencia y rendición de cuentas son obstáculos para el desarrollo social, político, económico y administrativo del país.
De ahí que la gran tarea sea fortalecer los mecanismos institucionales para combatir y sancionar aquellas conductas irregulares o ilícitas efectuadas por los servidores públicos. Y ante este escenario, el reto será consolidar y fortalecer en los próximos meses una cultura en favor de una mayor transparencia y una mayor rendición de cuentas desde el ámbito de la sociedad civil. Hoy como nunca, la ciudadanía tiene derecho a saber cómo y en qué se gastan los recursos; cómo deciden las autoridades y cuáles son sus resultados.
Es indudable que la abundancia legislativa en materia de transparencia no garantiza su pleno y verdadero ejercicio, pues si algo escasea es voluntad política para hacer de la transparencia una realidad. De esto dan cuenta las negativas para cumplir las resoluciones del órgano de transparencia, el incremento en las declaratorias de inexistencia y la pobre calidad y lo poco útil que es la información oficial de los portales de internet.
La transparencia es un indicador de avance democrático, se expresa en la capacidad de los gobiernos de informar honesta y claramente a la ciudadanía sobre su quehacer, la forma en la que gastan los recursos públicos y los resultados que obtienen. Pero también se refleja en el compromiso por encontrar fórmulas que armonicen en beneficio del interés público el derecho de acceso a la información y las posibles causas de reserva.
Todos los organismos e instituciones que reciben fondos públicos, o que realizan algún acto de autoridad son sujetos obligados a transparentar el ejercicio de esos recursos. Y si presumimos que una sociedad bien informada será siempre más participativa, y estará en mejores condiciones para contribuir al logro de las grandes metas nacionales, garantizar esta premisa es fundamental para empezar a que sea práctica cotidiana.
