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Terminó la Semana Santa pero continúan las penitencias para los oaxaqueños debido a que siguen los incendios en el tiradero a cielo abierto que habilitó la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) a orilla del río Atoyac, en inmediaciones de la Central de Abasto y que las autoridades municipales que encabeza Francisco Martínez ha ignorado olímpicamente.
Sin que hasta el momento se hayan resuelto las calamidades ocasionadas por el cierre del tiradero en terrenos de Zaachila y sin un plan para atender esta contingencia que se advirtió meses antes de que asumiera los destinos de Oaxaca de Juárez, la contaminación ha adquirido niveles de escándalos, tanto en los suelos como en el aire.
Desde hace varios meses contamina el río Atoyac donde se concentra la basura y se filtran líquidos, conocidos como lixiviados, que contaminan el agua del subsuelo. La descarga de la basura en arroyos y canales o su abandono en las vías públicas, también trae consigo la disminución de los cauces y la obstrucción tanto de éstos como de las redes de alcantarillado.
En los periodos de lluvias, provoca inundaciones que pueden ocasionar la pérdida de cultivos, de bienes materiales y, lo que es más grave aún, de vidas humanas. La presencia de aceites, grasas, metales pesados y ácidos, entre otros residuos contaminantes, altera las propiedades físicas, químicas y de fertilidad de los suelos.
Aunado a ello, los residuos sólidos abandonados a cielo abierto deterioran la calidad del aire que respiramos, tanto localmente como en los alrededores, a causa de las quemas y los humos, que reducen la visibilidad, y del polvo que levanta el viento en los periodos secos, ya que puede transportar a otros lugares microorganismos nocivos que producen infecciones respiratorias e irritaciones nasales y de los ojos.
¿Hasta cuándo?
… A VUELO DE PÁJARO
Se le apareció el diablo al sacerdote Alejandro Solalinde, pues su decisión de transformar el Instituto Nacional de Migración (INM) por la Coordinación de Migración y Extranjería no fue bien recibida por la Iglesia Católica mexicana, al considerar que no se necesita inventar un nuevo consejo con nuevas estructuras, porque lo que no hay es voluntad política de cambio. El padre Julio López, encargado de movilidad humana de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), dijo que lo que pretenden con este nuevo consejo es tapar la protesta social por el tema de los migrantes fallecidos en el incendio de Ciudad Juárez.
Tribunal virtual
Como parte de la modernización y transición a un Tribunal Virtual, así como para brindar procesos ágiles, seguros y eficientes, el Poder Judicial del Estado en la administración del magistrado Eduardo Pinacho Sánchez, ha implementado diferentes servicios en línea, entre ellos el Registro Único de Notificación Electrónica (RUNE). A la fecha se han logrado generar más de 130 mil de notificaciones electrónicas correspondientes a diferentes juzgados en el estado, lo que propicia la reducción de tiempos, transparencia y agilidad en los casos.
Más servicios
La institución continúa convocando a la comunidad de abogados litigantes a utilizar estas herramientas desde la página institucional del Tribunal Superior de Justicia en el enlace www.tribunaloaxaca.gob.mx/, donde de forma fácil y segura se establecen los procedimientos a seguir. Otros de los servicios digitales implementados en la institución son los kioscos electrónicos y el acceso al expediente digital en los Juzgados Civiles y Familiares del Centro, que junto con el Registro Único de Notificaciones Electrónicas en línea, han resultado de gran utilidad, impulsando una impartición de justicia innovadora, abierta y transparente.
Seguimiento
Después de mucho por fin se anunció que la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), revisará los casos de denuncia pendientes por ataques en contra de periodistas y a la libertad de expresión. Ante la agresión que sufrió el reportero Alaín Albarrán Granados en Tlaxiaco, la dependencia a cargo de Bernardo Rodríguez Alamilla refrendó el compromiso con la procuración de justicia para personas víctimas de delitos que atentan contra la libertad de expresión, pues con ello se contribuye en la construcción de sociedades críticas, plurales y respetuosas de los derechos humanos.
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Volveremos.
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