Ésta sería la tercera semana que un grupo de vecinos de algunas agencias municipales de San Juan Guichicovi, todas afiliadas a la organización denominada Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI), que encabeza Carlos Beas Torres, mantienen suspendidos los trabajos del tendido de vías del tren, en el llamado Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT). Según lo han manifestado, el gobierno de Salomón Jara, a través de la Secretaría de Gobierno, no ha resuelto las demandas de dichas comunidades, entre ellas las afectaciones por derrames de hidrocarburo, escape de amoníaco o de gasolina de los ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex), que pasan por las referidas comunidades. Habituados ya como sus hermanos de San Juan Mazatlán Mixe, a bloquear carreteras o vías para presionar o chantajear al gobierno, los seguidores del líder mencionado están dispuestos a todo para seguir obstaculizando los trabajos del referido proyecto presidencial.
Por su parte, en la ciudad y puerto de Salina Cruz, la construcción del llamado rompeolas, que forma parte sustantiva del CIIT ha estado sumergida en disputas entre sindicatos del transporte y hasta en asesinatos. Por un lado, figura el sindicato consentido del antiguo régimen: la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) y, por el otro lado, los intereses de la Confederación Internacional de Trabajadores (CIT), que encabeza Hipólito Rojas, con viejos remanentes de la Confederación de Trabajadores de México (CTM). Pero hay otros sindicatos más que se disputan el control del acarreo de materiales pétreos, sin que autoridad alguna les haya marcado el alto. Ni siquiera los 6 mil miembros de la Marina/Armada de México, que vigilan la buena marcha del referido proyecto, han podido acotar conflictos, chantaje y ambiciones.
A todo ello hay que añadir las operaciones abiertas o encubiertas del crimen organizado que va con todo para controlar a las comunidades istmeñas; el tráfico de ilegales e indocumentados y otros flagelos que hacen presumir que el cacareado proyecto, a cinco años de haberse iniciado, seguirá a paso de cojo y bajo la presión de grupos, sindicatos y organizaciones. Como se han visto las cosas, es posible que no se concluya antes de que termine la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo grave de todo ello es que para el gobernador Salomón Jara, puede ser un detonante importante para el desarrollo de la región Sur-Sureste del país, lo cual es cierto.
Fincar responsabilidades
No es la primera vez que mujeres del llamado “bloque negro” o “la ola verde”, aprovechando cualquier manifestación que se realiza para rechazar la violencia contra las mujeres, se dedican a destruir a diestra y siniestra. El saldo se ve de inmediato: casas particulares, edificios públicos, monumentos coloniales, puertas de bancos, restaurantes, negocios, etc., destruidos a placer con una impunidad insultante e inaudita. Los escombros, vidrios rotos, puertas deshechas, cajeros destruidos y, sobre todo, el grafiti en las viejas canteras de nuestros edificios coloniales de los siglos XVI y XVII, que les hace un daño irreversible, es el saldo de la participación de un grupúsculo insignificante de mujeres encapuchadas, armadas con martillos, bates, mazos y hasta con bombas Molotov, que se cuelan en las marchas de organizaciones y colectivos que exigen atención del gobierno.
El saldo de la marcha del pasado 8 de marzo, cuando se conmemoró el Día Internacional de la Mujer, es de 56 inmuebles afectados. Lo relevante de todo ello es que, según lo informamos en nuestras páginas, tanto las autoridades estatales, que resintieron las pintas y la destrucción de cristales en el mismo Palacio de Gobierno o en las instalaciones de la Secretaría de Turismo, ubicadas en Avenida Juárez, como el resto de propietarios de negocios y casas afectadas, interpondrán demandas ante el Ministerio Público. En realidad, no creemos que la Secretaría de Seguridad Pública o las áreas de inteligencia policiales tengan que devanarse los sesos para ubicar a las responsables. A estas alturas ya deberían tenerlas ubicadas, porque una cosa es realizar una protesta legítima, como es el de las mujeres afectadas por un clima permanente de violencia y otra, muy distinta, es atentar en contra de la propiedad privada u oficial, alentando más violencia.
Las autoridades deben ir a fondo pata detener y, en su caso, consignar a quienes tengan pruebas en su contra de haber participado en estos actos vandálicos que, demeritan y descalifican ante la sociedad una lucha genuina. La capital oaxaqueña no es la Ciudad de México, en la que se les solapa esta clase de abusos y atropellos y no se les puede tocar, por aquello de que la corcholata favorita no quiere ruido en sus aspiraciones. Sin duda alguna, una vez más, el gobernador Salomón Jara debe fajarse los pantalones. Hay que sentar un precedente de autoridad y mando.
