Hace unos días, en redes sociales se subieron fotografías de una fuente colonial ubicada en las calles de Trujano, que había sido presuntamente destruida, dado que aparecían pedazos de cantera alrededor. En el mismo medio apareció un video de conocido arquitecto, miembro del Consejo Consultivo de la Ciudad, criticando al ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, que preside Francisco Martínez Neri. Es más, de la situación comentamos en este espacio editorial y en las páginas de “La Capital” de El Mejor diario de Oaxaca, sobre todo cuando se cubrió la citada fuente con mallas de madera o metal, según se dijo, para ocultar el daño. Empero, hubo una opinión más que se difundió en las mismas redes sociales en la que se decía que no había destrucción, sino que se había retirado la cantera, como premisa para su remodelación. El problema –se dijo- era la falta de comunicación, lo que había ocasionado tan desafortunada confusión.
En efecto, a diferencia de cómo se aborda la información que se genera en el gobierno estatal, desde la Coordinación de Comunicación Social, se difunden datos, discursos y mensajes del gobernador, así como los actos públicos, entre otros. Es decir, se da información precisa y oportuna, distribuyéndola a medios tradicionales, portales de internet y periodistas. No pasa lo mismo con la que se genera en el ayuntamiento capitalino, cuya área de comunicación ni informa ni difunde. Todo lo remite a un boletín que suben a redes sociales para que, quien lo cache pueda difundirlo. Esto es, ni siquiera se saben usar las redes sociales y los medios de manera gratuita. Hay pues una comunicación deficiente y pésima. Es más, el titular Adrián Enríquez es un perfecto desconocido que, en lugar de ayudar a su jefe, el presidente municipal, ha hecho exactamente lo contrario.
Pusimos de ejemplo un caso, pero hay muchos más que la falta de información de manera precisa y oportuna ha generado un linchamiento mediático innecesario para el gobierno de la ciudad, como es el caso de la sustracción de vehículos en el encierro “La Primavera” que, se supone, no se pueden enajenar ni tener otro destino, en tanto estén afectos a una carpeta de investigación. Luego de correr rumores dolosos al respecto, fue hasta el miércoles 1 de marzo cuando el área de comunicación social emitió un boletín respecto a la investigación en curso para deslindar responsabilidades. Ahogado el niño se tapa el pozo. El daño ya está hecho, gracias a una comunicación deficiente e inoperante.
Acotar el chantaje
Por lo visto en los últimos días, hay un convencimiento generalizado de que el gobierno de Salomón Jara va por la ruta correcta de hacer la ley. Como reza un antiguo refrán latino: dura lex, sed lex. La ley es dura, pero es la ley. Y es que el pueblo oaxaqueño urge de acciones gubernamentales que terminen con el chantaje, la extorsión y los mecanismos de presión para lograr canonjías y prebendas. Es urgente acotar con las armas de la ley a grupos, organizaciones y comunidades que llegan a la capital y cierran calles, carreteras de acceso, oficinas públicas, secuestran funcionarios o modestos trabajadores. Otros más que incendian oficinas, amedrentan y golpean a empleados (as) y hasta les infligen daños corporales, como aquellos comuneros de Santo Domingo Teojomulco, que con hondas y resorteras descalabraron a modestos empleados o, inclusive, pretender asfixiar a madres trabajadoras que, para escapar del secuestro, salían por las alcantarillas.
Insistimos: cuando el diálogo o los llamados a la cordura han sido agotados sólo queda el uso de la fuerza. La libre expresión tiene sus límites. No es un cheque en blanco para caminar al filo de la ley ni, mucho menos, para afectar los derechos de terceros. Una y otra vez hemos dicho que, en tanto los bloqueos carreteros sigan como un mecanismo de chantaje, utilizando las libertades de terceros para presionar, Oaxaca jamás podrá superar su atraso y pobreza. No será difícil para la administración de Jara Cruz o para la Secretaría de Gobierno, identificar a los dirigentes y titiriteros; falsos redentores sociales y vividores de la dádiva gubernamental. Y sobre ellos hay que ir. Ahí está el caso de los normalistas, grupo infiltrado por la delincuencia. No hay un interés genuino de resolver sus problemas, sino de vulnerar la gobernabilidad y la paz social.
Nuestro reconocimiento al gobierno de Jara Cruz. Ya era tiempo de que se tomaran acciones enérgicas. El gobierno, como legítimo representante del Estado, debe respetar el derecho de manifestación, la libre expresión, pero, en la medida en que éstos sean factor de abusos y atropellos, no hay más alternativa que usar los instrumentos que la ley ha puesto en manos del gobernante. Ya veremos en el futuro si hay algunos que sigan poniendo en práctica esos métodos nocivos para conculcar nuestros derechos. El gobierno no debe en absoluto ceder a chantaje ni presiones.
