Desde que el tristemente célebre Francisco Martínez Sánchez, alias “Pancho Mugre” o “Don Panchito”, fue expulsado de las colonias que rodean al basurero municipal, en jurisdicción de la Villa de Zaachila, el depósito de desechos sólidos devino botín político de mañosos, facinerosos y gañanes que piensan que cerrado los accesos seguirán consiguiendo favores y prebendas del gobierno. Estamos convencidos de que ninguno de quienes han capitalizado hoy el asunto de la basura puede pasar el rasero de no ser más que viles delincuentes. Las colonias unidas y todo lo que gira en torno a la agencia Vicente Guerrero tiene un certificado de ilegalidad. Sin embargo, desde que el gobernador Alejandro Murat asistió a una reunión para solucionar el problema de la basura en el mes de julio, los dirigentes y demás manipuladores creyeron que podían lograr lo que les viniera en gana, lo cual es un error. Dichas colonias y asentamientos, todo el mundo lo sabe, son irregulares, de apropiación ilícita. Ninguno de los predios toleraría una revisión apegada a derecho. ¿Con qué bandera pues cierran el predio que ocupa el basurero, en una acción ilegal y contra los derechos civiles de la ciudadanía de la capital, sin recibir el castigo que merecen?
En la pasada crisis, el gobernador Alejandro Murat sostuvo que había al menos tres lugares en dónde construir el nuevo tiradero municipal. Y es que este tema no es asunto sólo del gobierno de la ciudad sino también del estatal, habida cuenta de que es la capital en donde se presume residen los poderes del Estado. La ciudadanía de la capital está harta de este tipo de presiones en una etapa de emergencia lo que advierte la presión de viles vividores y sujetos sin escrúpulos. Todos ellos están perfectamente identificados. Ahí aparece el omnipresente Flavio Sosa; el pseudo revolucionario, Germán Mendoza Nube, dirigente y franquicitario del Frente Popular Revolucionario (FPR), entre otros, con intereses específicos en la zona de las colonias unidas de la agencia de Vicente Guerrero, incluso criminales. Hasta el más torpe entiende que lo que está en juego ahí no son cuestiones de protesta social, sino trasiego de droga, extorsiones, cobro de derecho de piso. Por tanto, los que manejan tras bambalinas en problema del cierre del basurero, son delincuentes o protectores de mañosos. La solución ahí pues, es la acción de la justicia y no otra.
S-22: Buscar culpables
El jueves 19 de octubre falleció en el hospital general de Huajuapan de León, la joven estudiante de la Escuela Normal Rural “Vanguardia” de Tamazulapan del Progreso, Lizbeth Nohemí Escalante Pérez, luego de haberse sentido mal de salud varios días antes, sin que se le haya concedido el permiso para abandonar la escuela. Sólo quien no conoce la forma de operar en las Escuelas Normales Rurales, no sabe la forma en la que opera el comité estudiantil, manejado por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y adoctrinada debidamente, en los famosos Clubes de Orientación Política e Ideológica (COPI). La víctima estuvo entre dos fuegos: la directiva y planta docente, que forma parte de la Sección 22 y, por la otra, la negativa tácita desde hace mucho, a rechazar por sistema y sin valoración alguna, todo lo que les instruye o envía el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), en este caso, del médico que les envió para atender cualquier asunto de saludo que, obviamente, la Sección 22 rechazó. ¿Entonces, quién es responsable de la muerte de la joven, originaria de la comunidad de Mazapa de Madero, Chiapas, de sólo 18 años de edad?
Los hechos se dieron justamente cuando la dirigencia del Cártel-22, encabezada por Eloy López Hernández y Genaro Martínez Morales, festinaba los resultados del informe sesgado –como siempre- de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), respecto a los hechos de Nochixtlán, el 19 de junio de 2016, en donde prácticamente eximen al magisterio y sus adláteres de la “lucha social”, como COMUNA de Flavio Sosa; CDHAPI, de Maurilio Reyes; MAIZ de Omar Esparza y los locos del Frente Popular Revolucionario (FPR) de Germán Mendoza Nube que, todo mundo sabe, fueron los instigadores de la agresión a las fuerzas policiales. Sin embargo, en conferencia de prensa el pasado viernes, la Sección 22 salió con su sobado argumento para lavarse las manos: el responsable de la muerte de Escalante Pérez fue el director de la Normal “Vanguardia” y no la presión del Cártel-22 para que no hubiera médico o la medidas disciplinarias del comité estudiantil, que también se opuso a que la joven fallecida tuviera atención médica oportuna, además de haberla sometido –presuntamente- a adoctrinamiento y prácticas severas. Por lo pronto, el Cártel ya tiene a su culpable, que hoy no es el Estado, a quien culpan de todo.
