En el mismo esquema del pasado, cada cuando existe una racha criminal preocupante, como las que hemos visto en la entidad en los últimos días, de inmediato salen los boletines de los responsables de la seguridad pública a dar cuentas alegres de operativos, de decomisos o detenciones. El problema no se resuelve en reconocer si hay uno o diez cárteles criminales con presencia en la entidad, sino los mecanismos y estrategias para evitar que los mismos conviertan a Oaxaca en una tierra de nadie, en la que una ciudadanía inerme tenga que vivir con miedo o zozobra. Hay en el país un clima fatal en lo respecta a las operaciones de la delincuencia organizada, en su exacerbada violencia, que no hay que echar en saco roto la petición de poco más de 20 fiscales de estados de la Unión Americana al presidente de ese país, Joe Biden, en el sentido de declarar organizaciones terroristas a los cárteles mexicanos, “ante la incompetencia del gobierno de López Obrador, de combatirlos”.
Según una enmienda en la Constitución norteamericana, los Estados Unidos combatirán al terrorismo en donde quiera que tenga sus guaridas. Hace unos días en Michoacán se detectaron bombas con químicos montados por grupos delictivos que, de explotar no sólo serían letales para la población sino para el medio ambiente. Para muchos, pese a tratarse de una intromisión y violación a la soberanía nacional, sería ya la última alternativa para que el país viva en paz. El gobierno de la 4T y su representante mayor, estuvo más empeñado en el juicio que enfrentó el ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón, Genaro García Luna, en la corte del distrito de Brooklyn, que en resolver los graves problemas que enfrenta el país en materia de seguridad pública.
Al igual que el gobierno federal, las famosas mesas de seguridad que se montan cada semana, valen para un carajo si los resultados en la materia no son visibles. Las ejecuciones que se han dado en las últimas semanas han creado zozobra entre la población porque es sabido que las operaciones de los grupos criminales, en ilícitos como cobro de derecho de piso, narcomenudeo, extorsión y crimen, están viento en popa, ante un gobierno estatal que sigue culpando de todos los males de hoy al gobierno pasado, como una copia fiel de las mañaneras de “ya saben quién”.
No ceder a presiones
Son ya clásicos los mecanismos de presión que usan grupos y organizaciones sociales para hacer que el gobierno acceda a sus pretensiones y chantaje. Es el caso de las indígenas triquis lideradas por Sergia Zepeda y Lorena Merino, sobre todo las seguidoras de esta última quienes montaron ya un plantón, con su amenaza de huelga de hambre frente al Palacio de Gobierno, para que el régimen de Salomón Jara las regrese a los pasillos, el mismo que durante 12 años explotaron a placer, asumiendo que dicho espacio público era de su propiedad. Desde el 2 de diciembre que fueron desalojadas de dicho lugar, no hay un solo día en que no realicen marchas, protestas y gritos, exigiendo atención del gobierno como si ser indígenas fuera una patente de corso para que el gobierno caiga rendido ante sus demandas y exigencias.
A diario, en las diversas áreas de la Secretaría de Gobierno se dan las sofocantes mesas de diálogo para convencer a este empecinado sector triqui, que ceda en sus pretensiones de querer volver a la posición de antaño. Vale la pena recordar que, el desalojo se dio el 2 de diciembre, justamente al día siguiente en que tomó posesión el nuevo gobierno. Pero no fue algo fortuito: se dio en el contexto de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dio a conocer en una nota diplomática a la Representación Permanente de México ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), la cancelación de las medidas cautelares que las triquis y sus secuaces habían explotado a placer. Con ello, se puso fin a al blindaje en que se regodeaban para seguir lucrando con un espacio público que representa el eje del poder político para los oaxaqueños, además de dar un espectáculo deprimente a una capital reconocida como Patrimonio Cultural de la Humanidad.
El paso que dio el actual gobierno fue aplaudido por la ciudadanía en general. He ahí la demanda de no ceder a chantajes. Las indígenas que siguen empecinadas en volver por sus fueros ya no quieren volver a sus comunidades de origen. Ya se acostumbraron a alargar la mano para cobrar los subarrendamientos y la explotación comercial del referido espacio público, el mismo que en 12 años convirtieron en cocina, comedor, hotel de paso, excusado, etc. De ninguna manera deben dárseles más concesiones ni prebendas como a las que ya se acostumbraron. Es uno de los grupos étnicos que, históricamente, han vivido en medio de la violencia y de la voracidad de sus dirigentes externos e internos, que les han enseñado a alargar la mano.
