Ahora resulta que los diputados locales han cometido una pifia en la elección del titular de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla, pues resulta que el funcionario en mención ocupa doble cargo. Es decir, funge como Fiscal General, pero también como titular de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, lo cual podría constituir un delito.
Los diputados, esas mujeres y hombres que ganan grandes sumas de dinero sin hacer nada, y cuando legislan lo hacen mal, nombraron a Rodríguez Alamilla como nuevo fiscal, sin haber aprobado su renuncia como titular de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO).
Consorcio Oaxaca, una organización civil feminista que promueve el respeto y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres y la igualdad de género, dio cuenta de ello y ha hecho la denuncia pública de un hecho que pretendía pasar desapercibido, engañando al pueblo de Oaxaca.
En este caso, también tiene mucho que ver la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado de Oaxaca, que con la debida separación de poderes, ha dejado pasar este caso, sin percatarse del error que plantea la organización no gubernamental.
A casi 20 días de su nuevo cargo, ¿cómo es que Rodríguez Alamilla está dobleteando? ¿Cómo firma? ¿Cómo titular de la Defensoría de los Derechos Humanos o como Fiscal General del Estado?
Estudiosos del derecho de Consorcio Oaxaca, desmenuzan el tema y en un comunicado, señalan que el pasado 7 de febrero, la Comisión Permanente de Derechos Humanos del Congreso del Estado emitió dictamen con propuesta de aceptación de la renuncia de Bernardo Rodríguez Alamilla al cargo de Defensor de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), sin embargo, dicha propuesta deberá ser sometida a votación del pleno del Congreso para confirmar o revocar las propuestas contenidas en el referido dictamen.
Luego entonces, mientras el Congreso en pleno no avale dicho dictamen, Bernardo Rodríguez Alamilla sigue ostentando el cargo de Defensor de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, señala el documento.
Y agrega: “Este hecho podría constituir el delito de Ejercicio Ilícito de Servicio Público conforme a lo dispuesto en el artículo 207, fracción III del Código Penal del Estado de Oaxaca”.
Según Consorcio, Bernardo Rodríguez Alamilla, está incurriendo en faltas graves al servicio público por ostentar doble cargo público desde el pasado 25 de enero y hasta la fecha.
Y basa sus razonamientos en el artículo 114, apartado A, párrafo cuarto, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca en relación con el artículo 12 de la Ley orgánica de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, con lo cual, como aun titular de la DDHPO, Rodríguez Alamilla no puede desempeñar otro cargo público a excepción de la docencia y la investigación.
Refiere también que este hecho, además, podría constituir el delito de ejercicio ilícito de Servicio Público conforme a lo dispuesto en el artículo 207, fracción III del Código Penal del Estado de Oaxaca que establece:
“Comete el delito de ejercicio ilícito de servicio público el servidor público que: Teniendo conocimiento por razón de su empleo, cargo o comisión de que pueden resultar gravemente afectados el patrimonio o los intereses de alguna dependencia o entidad de la administración pública Estatal y/o Municipal, organismos descentralizados, empresa de participación estatal mayoritaria, asociaciones y sociedades asimiladas a estas y fideicomisos públicos, de empresas productivas del Estado y/o Municipios, de órganos constitucionales autónomos, del Congreso Estatal y/o Poder Judicial, por cualquier acto u omisión y no informe por escrito a su superior jerárquico o lo evite si está dentro de sus facultades”.
El asunto es que el 25 de enero de 2023, el aún Defensor de los Derechos Humanos, Bernardo Rodríguez Alamilla, presentó su escrito de renuncia ante el Congreso del Estado.
El mismo 25 de enero de 2023, Rodríguez Alamilla fue designado Fiscal General del Estado y tomó protesta al cargo, ese mismo día.
El 1º de febrero de 2023, el pleno del Congreso del Estado, en sesión ordinaria, dio cuenta con la renuncia de Bernardo Rodríguez Alamilla, la cual ordenó turnar a la Comisión Permanente de Derechos Humanos del Congreso del Estado para su atención, es decir, la solicitud fue turnada, pero esa renuncia no ha sido aceptada por el pleno.
El 07 de febrero de 2023, la Comisión Permanente de Derechos Humanos del Congreso del Estado, emitió dictamen con propuesta de aceptación de la renuncia de Rodríguez Almilla al cargo de DDHPO, proponiendo en consecuencia la ausencia definitiva al citado cargo y a la defensora interina.
Dicha propuesta, conforme a los artículos 72 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Oaxaca en relación con el artículo 42 fracción IX del Reglamento Interior del Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, deberá ser sometida a votación del pleno del Congreso para confirmar o revocar las propuestas contenidas en el dictamen de la Comisión Permanente de Derechos Humanos; por lo tanto, mientras el Congreso en pleno no avale dicho dictamen, Bernardo Rodríguez Alamilla sigue ostentando el cargo de Defensor de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca.
¿Qué pasó? ¿Por qué el pleno de los diputados millonarios no le ha aceptado su renuncia como titular de la DDHPO?
A partir de la denuncia de Consorcio Oaxaca, no ha habido ninguna reacción de los legisladores, que tal vez pretenden ocultar sus pifias con el silencio, como ya es costumbre de nuestros diputados locales.
