Uno de los ilícitos que más ha lastimado a la sociedad oaxaqueña, ha sido la apropiación ilegal o el despojo cometido por una red de fedatarios públicos, funcionarios de gobierno, abogados y otros. En esa infame tarea han salpicado a instituciones, hasta hace poco tiempo honorables. La suplantación de identidad, el agandalle de bienes intestados e incluso, el uso de la violencia para hacerse de propiedades por la fuerza, son acciones que deben tener una respuesta enérgica de las autoridades. El escándalo explotó en el 2022. Pero estas acciones equiparadas con las operaciones de la delincuencia organizada, no son nada nuevo en Oaxaca. Y cada vez aparecen más y más operaciones de esta naturaleza. Incluso de hace 20 años. El asunto se ha ido arrastrando hasta el actual gobierno, pues pese a que apareció incluso en las conferencias de prensa mañaneras del presidente López Obrador, parece haber una especie de blindaje para los presuntos responsables.
De estas operaciones ilegales se ha hecho una verdadera industria. Depredadores de predios y hasta de tierras comunales han devenido magnates de la propiedad inmobiliaria y, con un cinismo impresionante, se asumen los casa-tenientes forjados al amparo de las complicidades y el tráfico de influencias. En el pasado ponían a funcionarios a modo en áreas claves de la administración pública, que sirvieran como tapaderas para sus operaciones ilícitas y argucias jurídicas. Hace días, como a tiempo lo consignamos, se dio a conocer que la Consejería Jurídica del gobierno estatal había enviado a la Fiscalía General de la República, el asunto del llamado “Cártel del Despojo”.
Para encaminar las cosas por la ruta de la legalidad y la certeza en todo lo que concierne a la propiedad privada o comunal, mucho tienen que ver los representantes populares en la aprobación del andamiaje jurídico que preserve este derecho ciudadano. Además, para promover el llamado a cuentas de todos aquellos que han logrado las patentes por compromiso político, por embutes millonarios o simple disciplina, lealtad o amistad. El tema de que comentamos debe rebasar el espectro mediático e incluso, el del amago y la amenaza para convertirse en el cumplimiento de una demanda social: la aplicación de la ley para quienes, de manera particular o en banda, hayan lucrado con la propiedad ajena.
Otro abortado retorno
El sobado retorno de los indígenas presuntamente desplazados a la zona de Tierra Blanca, Copala, se ha convertido ya en un juego de parte de los grupos que se disputan la supremacía en la mal llamada “nación triqui”, a saber, el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT), su escisión violenta, el MULTI y la Unidad de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort). Desde el gobierno pasado se hicieron varios intentos de establecer mesas de diálogo y concertar la paz, pero nunca pudieron avanzar. De la misma forma que el retorno a su lugar de origen, pues cuando éste ha estado a punto de concretarse hay algún hecho criminal que termina por frustrar dicha acción. Es importante recordar que durante el último año del gobierno de Alejandro Murat se dieron al menos tres intentos. Todos fracasaron. Con el arribo de la administración de Salomón Jara las cosas no han mejorado.
Todo ello pese a la importancia que le ha dado el actual gobierno. Es más, es importante destacar que en la segunda quincena de diciembre de 2022 se instaló la Mesa de Diálogo por la Justicia, la Paz y el Bienestar. Este evento tuvo la presencia del Subsecretario de Derechos Humanos y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, quien ha estado en las anteriores y fracasadas mesas de diálogo. A principios de enero, las pláticas continuaron con la presencia de los dirigentes de las organizaciones antes mencionadas. Todo han sido fotografías y boletines destacando los buenos oficios gubernamentales, pero con poco éxito. Sería una aberración negar que dicho buen propósito ha sido parte del discurso oficial gubernamental, de conciliar y lograr la paz en ese territorio de violencia en que se ha convertido la zona triqui.
El sábado 27 de enero, en ruta para proceder al famoso retorno de los desplazados, un dirigente regional del MULT fue asesinado en pleno centro de la población de Putla Villa de Guerrero. Su hijo fue herido de gravedad. Estos hechos criminales de los que la referida organización responsabiliza al MULTI, han sido la nota cotidiana. No es la primera vez que queda de manifiesto que la paz de dicha zona no llegará en tanto la muerte y la violencia sean parte del negocio de los dirigentes. Si llega la paz se acabó la interlocución con el gobierno y, por tanto, las demandas millonarias con las que lucran. Aquí se requiere algo más que buenos oficios. Es urgente la aplicación de la ley.
