Como lo hemos destacado en las páginas de EL IMPARCIAL, El mejor diario de Oaxaca, las carreteras a la Costa y al Istmo, la primera iniciada hace al menos 14 años y la segunda más de 20, son una especie, usando una metáfora, de la Tela de Penélope, aquel personaje mitológico de Homero, que para esperar el retorno de su marido Ulises, rey de Ithaca y evitar el acoso de muchos admiradores, de día tejía y de noche destejía una tela que decía, sería el sudario de su suegro Laertes. Ello viene a cuento, pues a poco de estrenarse en la gubernatura, el ejecutivo estatal, Salomón Jara, sostuvo que la primera vía podría concluirse en los primeros 6 meses de este año. Sin embargo, datos recientes del gobierno estatal le enmendaron la plana para reconocer que la misma podría estar terminada en 2024. Y es precisamente ese discurso, ese doble mensaje lo que lastima a la ciudadanía, si se parte de la premisa que según cuentas del presidente Andrés Manuel López Obrador, dicha carretera se habría de inaugurar el 21 de marzo de 2022.
Un caso inédito como el de las carreteras oaxaqueñas no se ve en ninguna parte del país. Y si bien es cierto que existe mala fama en nuestras comunidades, que prefieren seguir en el atraso y la marginación que insertarse en las vías del desarrollo, también lo es el abandono de la Federación para tender los puentes necesarios y presionar a las empresas contratistas a cumplir con los convenios firmados. Dada la suspensión de la obra carretera a la Costa por el conflicto entre las comunidades de San Vicente Coatlán y Sola de Vega, ya se propusieron alternativas. Los primeros ya respondieron: exigen el 50% de las 19 mil 600 hectáreas que le pertenecen por ley a la segunda comunidad, pero que el gobierno federal ha ofrecido comprar.
En este sentido, nada de histórica tiene la reunión que autoridades agrarias, comunales y municipales de ambas poblaciones sostuvieron con Jara Cruz, el pasado 30 de enero. Nadie ignora que las dos han estado velando armas desde hace más de medio siglo y que, en esa infame postura, han muerto centenas de vecinos. La solución definitiva al conflicto de tierras, no basta con la foto de los acuerdos de paz y la buena voluntad del gobierno estatal, sino de resolver el diferendo agrario por la vía de la ley y no de la conveniencia. Se ha vuelto algo común en los dos meses y fracción que lleva este gobierno, la instalación de mesas de diálogo y la búsqueda de la paz, como la de los triquis que, a la fecha, ha resultado un fiasco.
Ni un paso atrás
Desde que fueron desalojadas de los pasillos del Palacio de Gobierno, el 2 de diciembre de 2022, luego de que le fueran retiradas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) las llamadas medidas cautelares, un grupo de mujeres triquis ha insistido con marchas y amenazas de plantones, volver al lugar que, durante 12 años consideraron de su propiedad. Es importante recordar que dicha acción, una de las primeras del gobierno de Salomón Jara, fue aplaudida por los oaxaqueños que habitamos en la capital. Fue considerada un acto de justicia y de autoridad. No era posible que durante dos sexenios se hayan mantenido copadas las entradas y los pasillos del edificio que representa históricamente la sede del Poder Ejecutivo y que sus titulares anteriores, por miedo o pusilanimidad, ocuparan las puertas de servicio.
El jueves 2 de febrero, el grupo de mujeres triquis que encabeza Sergia Zepeda, marcharon de la Fuente de “Las Ocho Regiones” al centro de la ciudad en demanda de ser atendidas en sus exigencias. Según información oficial, fueron recibidas por la Secretaría General de Gobierno, cuyos funcionarios reconocieron haberse reunido con las inconformes al menos 15 veces. Desde luego que no es cosa menor. Como tampoco lo es que les hayan ofrecido para desactivar su insano propósito, un abanico de ofertas, como es la renta de espacios y casas en el primer cuadro de la ciudad para que expendan sus productos. Pese a la política de diálogo y convencimiento, nada les ha apartado de su propósito de establecerse de nueva cuenta en los pasillos del Palacio de Gobierno, en el Zócalo o la Alameda.
En la opinión pública ha corrido la especie de que el gobierno no debe ceder ni un ápice en su propósito de dignificar nuestro Centro Histórico. Es decir, bajo ninguna circunstancia la actual administración debe doblegarse y retroceder en la recuperación de dicho espacio. Las mujeres triquis, supuestamente desplazadas –aunque su estatus ya no es reconocido como tal por los organismos de derechos humanos- deben regresar a sus lugares de origen. Y no otorgarles más concesiones que aquellas que la ley o los programas de gobierno tienen en disposición. Que no se interprete que por el hecho de ser miembros de los pueblos originarios tienen un trato preferencial frente al resto de los oaxaqueños. Debe sentarse un precedente de firmeza y autoridad. Ni un paso atrás con lo que se ha logrado.
