Han transcurrido ya 14 meses desde que la Suprema Corte de Justicia de la Nación otorgó a los congresos de Oaxaca y Chiapas para ajustar los límites geográficos de Los Chimalapas luego de reconocer que las 162 mil hectáreas de esa zona son oaxaqueñas y, de paso, es un reconocimiento tácito que hay la invasión de ganaderos, saqueadores de bosques e indígenas tsotsiles alentada por los gobiernos del vecino estado chiapaneco.
El gobierno de Oaxaca está obligado por la resolución de 11 de noviembre de 2021 a la entrega de servicios públicos, la atención a las comunidades, el reconocimiento a la ciudadanía de quienes ahí habitan, el sistema y cómo elegirán a sus autoridades y, como sabemos, la condición en que quedarán las parcelas que detentan los chiapanecos.
Tomando como referencia noviembre de 2021, fecha de la resolución, se tendría hasta alrededor de mayo de 2024 para concretar y cumplir el dictamen de la Corte. Sin embargo, la resolución se publicó el 25 de marzo de 2022, por lo cual los diputados de Oaxaca y Chiapas tendrían hasta mediados de 2025 para cambiar sus constituciones en materia de límites; mientras que los gobiernos estatales tienen hasta el 25 de marzo de 2024 para crear mecanismos de atención a las familias de la línea limítrofe y proteger la biodiversidad de la zona.
Los Chimalapas son oaxaqueños, de eso no hay ya duda jurídica, pero su defensa es mucho mayor que un triunfo en tribunales. La defensa de los Chimalapas pasa, también, por el freno a la explotación irracional de los bosques, medidas contra la tala ilegal y reordenar el pastoreo para frenar la reconversión del uso de la tierra.
La defensa pasa por el apoyo a los proyectos productivos de las comunidades, la dotación de servicios, financiamiento de infraestructura educativa, dotación de agua, electricidad, disposición adecuada de servicios, una red de combate a incendios, la explotación racional del bosque, con reforestación y saneamiento de esta reserva natural.
El anterior gobierno muratista dejó pasar 13 meses sin mover un dedo.
En mayo de 2019 esa indiferencia oficial vio “quemar” literalmente más de 17 mil hectáreas de bosque a lo largo de 20 días. El humo, el hollín se pudo percibir, recuerda lectora-lector hasta la ciudad de Oaxaca. El humo fue visible desde el espacio y se difundieron imágenes de la zona afectada y no pasó absolutamente nada. El bosque, por sí solo, se ha ido regenerando, a tres años y medio después.
Ese es uno de los argumentos que los comuneros Chimas enarbolan contra la propuesta o el intento del gobierno de la 4T para crear ahí, en sus tierras, una “área natural protegida”. Esa fue expresada el 14 de julio de 2022.
En cambio, mediante un comunicado, Los Chimalapas pidieron que se establezcan Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación (ADVC), conforme a sus estatutos comunales para cuidar la biodiversidad.
Tras 50 años de provocaciones de caciques regionales, abandono por parte de gobiernos locales, muchos encabezados por no oaxaqueños, y la tibia defensa de funcionarios que, en muchos casos ni siquiera conocen la zona, se suman a las invasiones para crear ejidos y el aprovechamiento de los recursos madereros.
El 23 de noviembre de 2011 Chiapas “creó el nuevo municipio” denominado Belisario Domínguez con tierras oaxaqueñas. El 20 de diciembre de 2012 la corte admitió un recurso jurídico interpuesto por el gobierno de Oaxaca.
Algunos chimas exigen una “solución agraria definitiva”. ¿Qué implica ello? el desalojo de 124 supuestas propiedades privadas y la nulidad de expedientes, solicitudes, mandamientos gubernamentales y resoluciones presidenciales de Dotación y Ampliación de ejidos, posteriores a las resoluciones presidenciales del Reconocimiento y Titulación de Bienes Comunales de San Miguel y Santa María Chimalapa.
El gobierno de Oaxaca indicó que presentaría el 24 de enero, ante el Tribunal Unitario Agrario de Tuxtepec, los juicios de nulidad de unos 20 ejidos chiapanecos que ocupan 12 mil hectáreas de tierras comunales.
A pesar del fallo del 11 de noviembre de 2021 que dio la razón a Oaxaca, se mantiene la división de los zoques de Santa María y San Miguel, se tienen posiciones divididas en torno a la permanencia de unos 2 mil chiapanecos en esos ejidos. Donde están de acuerdo es en impulsar el juicio de nulidad agraria.
El gobierno de Oaxaca debe hilar muy fino, ponerse a favor de los Chimas pero también reconocer el factor de explosividad de la zona. Los oaxaqueños deben presentar un frente común, sin fisuras, que podría ser aprovechado por el gobierno de Chiapas, por talamontes e invasores.
Urgen “tomar el control” de la zona, y no es por la vía policiaca, sino con proyectos productivos, espacios de beneficio social, dotación de servicios, de apoyos sociales. La presencia del gobierno y de los oaxaqueños ahí debe ser imprescindible en defensa del bosque y sus espacios.
Solo así se defiende la tierra, lo otro podría encender una hoguera, lo deben de entender bien los actores involucrados.
RECTA FINAL EN LA FISCALÍA
El lunes se realizarán las entrevistas a los 3 finalistas para ocupar la Fiscalía General del Estado: Jéssica Rodríguez Robles, José Antonio Álvarez Hernández y Bernardo Rodríguez Alamilla. Puntea uno de los hombres, dicen.
Si el elegido es un hombre, concluiría los 5 años que le faltaban a Arturo Peimbert, si lo es una mujer, por asunto legal de paridad, la gestión se extendería por 7 años, el periodo completo para un fiscal.
Por cierto, ¿quién o por qué se descarriló a Ernesto López Saure? En la CDMX ya daban su nombramiento por hecho; a pesar del activismo y su pasarela en diferentes espacios, en Oaxaca tuvieron la última palabra.
