Con al menos quince años de haberse iniciado su construcción, es la hora en que la carretera a la Costa sigue sin terminarse. La semana anterior, el gobernador Salomón Jara realizó un recorrido por dicha vía, en el tramo Barranca Larga-Ventanilla, para constatar que aquello que hemos escuchado en años pasados, estaba lejos de ser un hecho real, pues como se informó en el boletín oficial respectivo, dicha obra presenta a la fecha un avance general del 87.5% mediante una inversión de ocho mil 234 millones de pesos. El documento oficial especificó que: “La obra está dividida en cuatro tramos: el tramo I comprende del kilómetro 100 al kilómetro 135, el cual tiene un avance general del 90.61%; mientras que el tramo II, que corre del kilómetro 135 al 153, registra un avance del 78.05%. Por su parte, el tramo III, que va del kilómetro 154 al 178 tiene un avance del 89.85%, y el tramo IV que es del kilómetro 178 al kilómetro 204+300, tiene un avance general del 97.38%.
Como se ha publicado en nuestras las páginas de El Mejor diario de Oaxaca, la referida obra tiene tramos en los que hace falta terminar túneles o pasos a desnivel, además de puentes. Si bien es cierto que algunos automovilistas para ahorrarse tiempo para llegar a Puerto Escondido han optado por recorrer la vía referida, se han encontrado con uno y mil obstáculos, lo que hace evidente que a la obra le hace falta al menos una cuarta parte. Lo que ha sido un sueño para oaxaqueños y pobladores de la Costa, ha sido hasta el día de hoy sólo un espejismo y una retahíla de verdades a medias. Desde el gobierno de Ulises Ruiz (2004-2010), pasando por el de Gabino Cué (2010-2016) y terminando con el de Alejandro Murat (2016-2022), han transcurrido tres períodos de gobierno, sin concluirla, haciendo de la multicitada obra un caso inédito en el país.
Desde luego que en ello tiene mucho que ver la forma tan superficial en la que la dilación ha sido vista por el gobierno federal. El caso más emblemático son las diferidas fechas de inauguración ofrecidas por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Al inicio de su mandato y en las primeras giras de trabajo por territorio oaxaqueño, ofreció inaugurarla el 21 de marzo de 2022; posteriormente en julio y, más adelante, en agosto. La prueba está a la vista. Según Jara Cruz, la vía carretera podría estar terminada en seis meses.
Drama humanitario
La ola de migrantes de Centro y Sudamérica, además de otros países que han ingresado por la frontera sur del país y han llegado a territorio oaxaqueño, se ha convertido en una verdadera crisis humanitaria. Ver a familias completas, mujeres solas y otros circulando a pie por la carretera 190, en el tramo Oaxaca-Tehuantepec, por parajes solitarios y a merced de delincuentes o pidiendo la moneda para alimentarse, refleja la triste realidad de la migración en el mundo. A ello hay que agregar el gran negocio que han hecho algunos ediles istmeños con dicha situación, cobrando por cada autobús que sale de sus municipios o explotando burdamente la necesidad de los referidos migrantes, sólo ha generado indignación. Es cierto que, dentro de los llegados a territorio oaxaqueño, no todos son pulcros y sin mácula. Se dan casos de extorsión, robos y tráfico de influencias, entre los mismos, sobre todo originarios de Venezuela.
Las prácticas de corrupción que esta avalancha migratoria ha generado, han salpicado por igual a elementos de la Guardia Nacional, Policía Estatal, Agencia Estatal de Investigación, Policías Municipales y, principalmente, a quienes se asumen falsamente como incorruptibles: empleados del Instituto Nacional de Migración (INM), en sus diversas garitas, particularmente en Novillero y la Venta, ambas en el distrito de Juchitán. Según testigos, es una cantidad impresionante de dólares que pasan de mano en mano y hasta llegan a los operadores de autobuses que trasladan ilegales. No se diga a las bandas delictivas locales en el Istmo de Tehuantepec que, cobran carretadas de dinero por brindar supuesta protección a las unidades que trasladan a los migrantes.
Cualquier corporación que quiera entrarle al negocio no tiene mayor problema. Instalar un retén, como el que existe en La Reforma, Yautepec, bajar a los pasajeros del país y supuestos ilegales; exigirles dinero y dejarlos ir. Para aquellos que carezcan de recursos su alternativa es, cruzar a pie montañas y parajes solitarios. Más adelante, los traficantes los enganchan y trasladan en camionetas de redilas como si fueran animales. Es evidente la mano de las bandas delictivas y grupos criminales. Sólo con operativos de esta naturaleza pueden movilizar en un solo día a miles de migrantes, bajo cobros que exceden lo racional. Es decir, en esa cadenita de corrupción se meten a la bolsa miles de dólares policías federales y estatales, elementos del INM, ediles y polleros.
