El territorio oaxaqueño, particularmente la región del Istmo de Tehuantepec, ha sido severamente afectada por siniestros ambientales. O son derrames de hidrocarburos en la zona de Salina Cruz, que ha afectado a pobladores de Playa Brasil, Guelaguichi, Playa Cangrejo y otras, dedicados a la pesca o son fugas de amoníaco, en jurisdicción de Matías Romero, Palomares y agencias municipales. El mes de diciembre fue terrible para comunidades como Donají, Tolosita, Juno y otras, cuyos habitantes tuvieron que abandonar sus casas, sus propiedades y animales, para buscar refugio en poblados seguros, luego de resultar afectados por la fuga de amoníaco de ductos de Petróleos Mexicanos, en mal estado y faltos de mantenimiento, que la paraestatal ha visto con demasiada superficialidad.
En los tiempos de gobiernos neoliberales o conservadores, es decir, cuando tenía el pandero la mafia del poder, las afectaciones al entorno ecológico propiciadas por la paraestatal, eran atendidos con prontitud. Hoy no. Como si la improductiva empresa pública estuviera blindada por una coraza de impunidad. O si tuviera una patente de corso para dañar ecosistemas, afectar a la población y ponerlos en riesgo de perder la vida. En los últimos meses de 2022, al menos se tuvo registro de tres o cuatro derrames de hidrocarburos y fugas de gasolina y amoníaco. Los afectados hicieron videos de playas llenas de chapopote; animales muertos y la mancha negra en el mar. Protestaron una y otra vez sin recibir respuesta. Igual ocurrió en la última quincena de diciembre con los afectados de la ruta del tren transístmico. Sólo largas y apatía de PEMEX.
Ante todo, llama la atención la abulia y desinterés de nuestros representantes populares tanto federales como estatales. Los primeros, más interesados en ver con cuál de las corcholatas para el 2024 se ligan; los segundos, en colar a sus incondicionales o secuaces en el gabinete estatal. Pero de este asunto tan grave, sólo hacen mutis. Pareciera que tocar el tema de la paraestatal, fuera un anatema o una apostasía. Lo paradójico de todo ello es que la zona afectada se ubica, justamente, en donde se camina a paso de cojo con uno de los proyectos presidenciales más emblemáticos: el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, acosado también, por los grupos delincuenciales. Es obvio que situaciones como ésta se han convertido en bandera para líderes locales o foráneos, que a través de bloqueos carreteros le cobrarán la factura a la ciudadanía.
Dispendio legislativo
El pasado 29 de diciembre, el gobernador Salomón Jara anunció que enviaría al Congreso del Estado una iniciativa de ley, en materia de austeridad, encaminada a reducir el gasto en materia administrativa y en la estructura gubernamental. En este sentido, aseguró que en su administración no se utilizarán las avionetas ni helicópteros para uso personal, toda vez que estos medios de transporte serán destinados al pueblo, para el traslado de pacientes e insumos durante las contingencias. Se trata, sin duda alguna, de una buena iniciativa, aunque, hay que decirlo, del dicho al hecho hay un gran trecho. Sólo hay que ver el derroche de algunos titulares de dependencias que acuden a sus giras de trabajo, a un mes de haberse estrenado, con una caravana de vehículos oficiales. O las campañas anticipadas con espectaculares, publicidad pagada y derroche de supuestos programas sociales y altruistas, de algunos de sus cercanos que, estamos seguros, no se pagan de su bolsillo.
Sin embargo, para que el ahorro en el gasto sea efectivo, en amplio respeto a la división de poderes, habría que apretar al Poder Legislativo, que es el órgano que, paradójicamente aprobará la citada ley de austeridad, pero en donde dicha política es una ficción. Ahí, diputados y diputadas repiten como loros que habrá austeridad, pero gastan a manos llenas del erario. Sólo de enero a septiembre de 2022, erogaron la nada despreciable suma de 598 millones de pesos, es decir, 168 más de los 430 millones que les fue aprobados para el pasado ejercicio fiscal. En días pasados, Jara Cruz arremetió en contra de la corrupción, los moches y demás que se dieron en el pasado, para la aprobación del presupuesto anual, pero se olvidó que quienes operaron el llamado “pago por evento”, son varios de sus leales operadores, ahora en el gabinete. Son los mismos que se agenciaban las obras que el gobierno estatal llevaba a cabo en sus distritos; con constructoras a modo; con concesiones otorgadas para su beneficio.
Si lo que se trata es de barrer las escaleras de arriba hacia abajo, por ahí debería empezar el ejecutivo estatal: limpiar toda la podredumbre legislativa, los vicios, las inercias, el conflicto de intereses y el tráfico de influencias. Porque no hay nada que ofenda al sentido común y a la inteligencia de los oaxaqueños que el doble discurso y la doble moral. Hay pruebas suficientes de la corrupción en la cámara legislativa durante ésta y la anterior legislatura, en donde el Movimiento de Regeneración Nacional –Morena- ha sido mayoría.
