A CONTINUACIÓN, más datos de las pillerías que ejecuta el personal de la Policía Vial Estatal.
EL SEÑOR D. se había endeudado para dos cosas; para poner su tortillería y para adquirir un auto de reparto para los productos de este negocio. Un día tuvo la aciaga idea de tomarse unos tragos, cayó en un alcoholímetro y cuando le hicieron la cuenta para recuperar su auto, le fue imposible pagar la multa (la cifra por las multas, grúa y el cobro por los días mantenido en el encierro superaba los 30 mil pesos). Estaba tan endeudado que decidió renunciar a recuperar su unidad.
NO OBSTANTE, para asegurarse de que no hicieran mal uso de su unidad “encerrada”, el comerciante, tuvo la genial idea de poner una denuncia por el “robo” de ésta. Pasaron dos años y el responsable de encierros de la Policía Vial Estatal, Luis Fernando Ortiz, cuñado del ex director de Proximidad Social (Raúl Guillén) –comentan entre la tropa– puso el dedo en este vehículo y lo señaló como “vendible”. Lo refacturaron y listo.
UNA grúa llegó por la unidad, lo sacaron del encierro furtivamente –“al menos eso creyeron”–, pero éste tenía registro REPUVE (que incluye un chip de rastreo oculto en el holograma del registro). Al tener reporte de robo, cuando pasó por un arco de detención, allá por los rumbos de ETLA, sonaron las alarmas y las corporaciones raudas detuvieron al operador de la grúa.
LLEGÓ la Policía Estatal, la Guardia Nacional y al final, la corporación tema de esta entrega (la Policía Vial Estatal).
EL DIRECTOR de ésta última corporación (el predecesor del actual) no sabía que habían sacado esta unidad para venderla. El operador de la grúa llamó y dijo que lo estaban deteniendo porque la unidad sacada del encierro (a petición de su corporación) y que pretendía llevarse a Etla, tenía reporte de robo.
ANTE esta detención NO sabían qué hacer ni qué decir, cómo manejar semejante embrollo, las cosas se complicaron porque más corporaciones habían tomado nota del hecho, el ex director tuvo que pedir –me aseguran– apoyo hasta del comisionado de la Policía Estatal para que el tema no se registrara y no TRASCENDIERA.
SE ENTERÓ de la verdadera razón del retiro de la unidad; que ésta iba a ser vendida (como se hace con regularidad con los demás autos no reclamados por sus propietarios), pero los bribones de la corporación, desconocían la hábil maniobra del propietario.
LOS saqueadores del encierro reconocieron que la unidad la iban a vender, con gran cinismo pretextaron que el hurto era para adquirir recursos para comprar un regalo de cumpleaños para el director de la corporación.
PARA TAPAR semejante pillada antes las otras corporaciones dijeron que el objetivo era mover la unidad al encierro de La Joya.
LE PIDIERON al chofer que dijera que iba al encierro de este lugar, que fingiera confusión en la ubicación y que si estaba circulando hasta el entronque con la super carretera –aunque nadie le creyera– era porque andaba buscando la forma de retornar hacia La Joya.
ASÍ se les cayó el negocio de este vehículo y el entonces director comprobó que no estaba enterado de cada negocio furtivo que se hacía en la dependencia a su cargo.
El que se fortaleció, con la salida de Guillén (en cuanto al amalgamiento del poder sobre el control de las pillerías y de la corporación en general) es Arnulfo Luis López, el director operativo.
SI QUIERE sanear la dependencia, el nuevo director, Toribio López, tiene mucho por hacer, comenzando por vigilar a los aquí referidos, revisar lo que se hace en los encierros (que, en la tropa acusan, antes del cambio de gobierno estatal sacaron unas 200 unidades), corroborar lo aquí expuesto y auditar todas las áreas.
EN PASILLOS de la corporación, comentan que las 46 delegaciones “aportaban” a la oficina de su titular, cada una, 10 mil pesos mensuales como “cuota de mordidas”. Toribio debe averiguar dónde está quedando hoy ese dinero.
AQUÍ un tema en el que el nuevo gobierno puede demostrar si realmente es diferente a sus corruptos predecesores o si siguen siendo lobos de la misma loma.
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