Luego del penoso affaire de la copia casi fiel de la tesis profesional de licenciatura, que quiso maquillar con verdades a medias, sin poder convencer ni a las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), mucho menos a los mexicanos, la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Yazmín Esquivel Mossa, tuvo que recocer su derrota ante el pleno del máximo tribunal de justicia del país, al imponerse en una votación cerrada, la elección de su homóloga Norma Lucía Piña Hernández, como presidenta de dicho órgano. Los mexicanos que aún confiamos en la división de poderes y en la impartición de justicia pronta, expedita e imparcial, aplaudimos que no se haya consumado una farsa que pondría en el escaparate de la crítica al citado órgano.
Más aún, el gravísimo riesgo de convertirlo en apéndice del Poder Ejecutivo y de quien gobierna el país, quien lo ha polarizado cada día más con un discurso de odio y descalificación permanente a todo aquel que no comulgue con sus posturas disparatadas y autocráticas. Desde el arribo de la ministra Esquivel, esposa del constructor favorito de Andrés Manuel López Obrador, José María Riobóo, al máximo tribunal del país, se percibió un evidente favoritismo. Y era la pieza clave de sumisión luego del paso del ministro Arturo Saldívar Lelo de Larrea por la presidencia, para seguir supuestas reformas y el proyecto de la llamada Cuarta Transformación. La designación de la ministra Piña constituye una nueva derrota para el presidente de México y el retorno a la confianza ciudadana en el Poder Judicial, a menudo descalificado desde el podio mañanero.
Todavía en los días previos a la elección, el día 2 de enero, hubo reiteradas muestras de apoyo a Esquivel Mossa, incluso abiertamente justificando las evidentes faltas en la copia de una tesis profesional. Es más, cuando el escándalo se soltó fueron motivo de ofensas y descalificación personajes como el historiador Enrique Krauze y el escritor Guillermo Sheridan, de quienes se dijo, habían hecho más mal a México que la ministra plagiaria. La decisión dividida de los ministros de la Corte devuelve la confianza en que la República se mantendrá más allá de la voluntad de un solo hombre que, a trancas y barrancas está llevando al país a un despeñadero. Por hoy, ha recibido un duro revés en su propósito de someter al Poder Judicial. Esperemos que, por dignidad y decoro, éste se mantenga firme.
Actos anticipados
El Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el máximo órgano jurisdiccional en materia de elecciones en el país, han llamado la atención sobre la excesiva y grosera publicidad con la que algunos actores políticos, particularmente la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, ha saturado avenidas y carreteras de todo el país, con anuncios espectaculares con las que promueve su candidatura a la presidencia de la República en el 2024. En Oaxaca, anuncios de “Es Claudia” están por todos lados. En la región del Istmo de Tehuantepec se han convertido en eje de la contaminación visual. Con aquello de que: “no me vengan con el cuento de que la ley es la ley”, frase célebre del presidente Andrés Manuel López Obrador, que refleja con nitidez la forma tan burda en la que toma nuestro marco jurídico, los promotores de dicha anticipada campaña publicitaria, insisten en estar al filo de la legalidad, aduciendo uno y mil argumentos.
Sin embargo, no es lo único que los oaxaqueños tenemos que lamentar. Hay al menos dos personajes que ocupan cargos en el gabinete de Salomón Jara que están en franco reto a las disposiciones que marca la Ley Federal de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales y en abierta campaña, presumiblemente publicitándose para cuajar la candidatura al Senado. Lo paradójico es que ni bien se han sentado en el sillón de las dependencias que tienen a su cargo, cuando ya andan enloquecidos esperando ser tomados en cuenta para el proceso electoral dentro de dos años. Lo que se ve no se juzga. Se trata de actos anticipados de campaña que el órgano local, el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEEPCO) debe sancionar conforme lo dispone la ley vigente.
Lo que llama la atención es el silencio del resto de partidos políticos ante esta evidente violación a la norma. Tal parece que algunos como el Partido Revolucionario Institucional (PRI) o el Acción Nacional (PAN), están ya en el triste papel de espectadores inmóviles o de cómplices del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), pues con su omisión sólo validan esta afrenta a la ciudadanía y desprecio por la ley vigente en materia electoral. Para la ciudadanía oaxaqueña, independientemente de su simpatía por el partido en el poder, esta situación ha creado confusión y sorpresa, pues tal parece que aquí la impunidad en materia electoral es lo que permea.
