Durante casi todo el mes de diciembre, habitantes de la agencia Donají, Juno y José María Morelos y Pavón, pertenecientes a Matías Romero, estuvieron padeciendo los estragos de la fuga de amoníaco en uno de los ductos de Petróleos Mexicanos que pasan por su jurisdicción, sin que la paraestatal tomara la contingencia con la importancia debida. Desde semanas antes, en este mismo espacio editorial tratamos de llamar la atención de los legisladores (as) federales y estatales, a fin de que tomaran cartas en el asunto. Asimismo, se pidió la intervención de las autoridades que protegen y salvaguardan el entorno ecológico. Como respuesta sólo hubo silencio. Es más, los vecinos de Donají que, junto con los de otras comunidades, abandonaron casas y animales para buscar un lugar seguro en el municipio de Palomares, tomaron medidas drásticas como mantener en prisión a la presidenta municipal de Matías Romero, sin que ésta tuviera la menor posibilidad de resolver el problema.
En el mes de noviembre, pescadores ribereños de la zona de Salina Cruz y comunidades como Guelaguichi, Playa Brasil, Playa Cangrejo y otras, denunciaron el derrame de hidrocarburos que había afectado playas y litoral, con el consecuente y doloroso efecto en la pesca. En redes sociales circularon videos y fotografías dando cuenta del terrible impacto ambiental. Es más, la mancha de aceite y chapopote amenazaba llegar hasta la zona turística de Huatulco. De parte de las autoridades estatales ni una sola declaración ni mucho menos la exigencia a la paraestatal hacerse cargo de los daños y cubrir las correspondientes indemnizaciones. Sólo silencio y apatía.
El pasado 22 de diciembre, la Subsecretaría de Fortalecimiento Municipal, dependiente de la Secretaría General de Gobierno, hizo un llamado a los directivos de PEMEX para invitarlos a participar en una mesa de diálogo y resolver el tema de la contaminación. La superficialidad con la que dichos funcionarios ven el tema se vio reflejada en el oficio de respuesta, y hay que entenderlos, estaban disfrutando de su período vacacional de fin de año, al afirmar que participarían en las citadas mesas hasta el 5 de enero. Esto es, el país puede entrar en una contingencia por derrames de crudo o incendios de refinerías, pero a los señores funcionarios de la llamada Cuarta Transformación no hay que molestarlos. Por otra parte, pareciera haber un miedo terrible a confrontar o reclamar a la ineficaz e improductiva empresa paraestatal.
Ediles incumplidos
La mención del ejecutivo estatal en torno a presidentes municipales que no cumplen con la normatividad vigente de aportar los recursos que les corresponden a las agencias municipales y de policía, sienta un precedente importante para terminar con la impunidad de algunos, como es el caso del edil de San Juan Mazatlán, Mixe, Macario Eleuterio Jiménez. Y es que de los bloqueos carreteros que se instalan en la carretera transístmica, la mayoría tiene que ver con la terquedad de dicha persona que, en su afán de retener de manera discrecional los recursos que le canalizan vía Ramos 28 y 33 o participaciones federales y estatales, ha creado un ambiente nocivo. Y ello no ha sido algo nuevo. Tiene años que Macario ha asumido esa actitud ante sus paisanos radicados en su jurisdicción que, con justa razón, le exigen lo que les corresponde por ley.
En la atomizada nomenclatura municipal oaxaqueña, tanto en los que se rigen por el sistema de partidos políticos como los que se eligen por sistemas normativos indígenas internos, que en estos días muchos cambian de autoridades, uno de los factores claves de inconformidad es, justamente, la terquedad de algunos para entregar los recursos a sus agencias. Esta situación como en el caso que mencionamos en el primer párrafo, se traduce en movilizaciones y bloqueos carreteros, cierre de vialidades urbanas, toma de oficinas y hasta sitios al edificio del Congreso del Estado. Mucho de ello se debe a la forma tan superficial en la que ciertos legisladores (as) locales, particularmente de la Comisión de Gobernación perciben dicha situación, sin asumir posturas enérgicas para sancionar a los ediles y, en última instancia, desaparecer poderes.
El caso del edil de San Juan Mazatlán es preocupante, pues el sujeto ha asumido una actitud beligerante y hasta de desprecio a las autoridades estatales, que les han llamado a mesas de diálogo, a las que no asiste o llamadas de atención, que no escucha. Es competencia, asimismo, de la Secretaría General de Gobierno, evitar que conflictos internos en los municipios se traduzcan en daño colectivo, como es el caso de algunas comunidades chatinas, concretamente Santiago Yaitepec, cuyos vecinos por quítame estas pajas, cierran la carretera que conduce a Santa Catarina Juquila, con el consecuente daño al turismo que, sobre todo en estos tiempos, acude a dicho santuario religioso.
