No es la primera vez que queda demostrado que los mandos castrenses no siempre son los idóneos para las corporaciones policiales. Las pruebas están a la vista. Hace unos días, un noticiero televisivo mostró como prueba de que elementos de la Policía Estatal habían asaltado y robado en un rancho de Loma Bonita, un video. Según los elementos aportados, los vecinos de dicha zona habían reportado ya que los jenízaros se habían convertido en una especie de látigos para la población. Nada se hizo al respecto. Sin embargo, los videos del asalto y robo al rancho aludido dejaron evidencia de las fechorías que se han cometido. Y eso fue en un sitio que tenía cámaras de seguridad, cuestión sólo de imaginar los ilícitos que se cometen en lugares incomunicados del interior del estado. Y los jefes policiales lo saben, pero fingen no conocer lo que pasa en su alrededor. Como ocurrió en una entrevista al Secretario de Seguridad Pública, José Raymundo Tuñón Jáuregui, que al ser cuestionado respecto al robo en el rancho citado, sostuvo que eran necesarias pruebas para demostrar culpabilidad. Las mismas le fueron mostradas a nivel nacional.
No se trata de cuestionar o descalificar por sistema. Sólo es poner en tela de juicio la actuación de una corporación, en momentos cuando los ojos del país están sobre Oaxaca y cuando apenas se han exhibido las corruptelas de funcionarios públicos, ediles y demás, en la tragedia que azotó la región del Istmo de Tehuantepec. Hace al menos tres meses, la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), tuvo una racha de escándalos, pues al menos tres de sus elementos fueron detenidos en acciones ilegales. Hace poco más de una semana, otro elemento fue asesinado en los rumbos de Palomares. Si bien son cuestiones diferentes, cada vez se pone más en evidencia la necesidad de practicar en las corporaciones los exámenes de control y confianza que, por lo visto, no se han hecho, pese a las recomendaciones y más recomendaciones del Consejo Nacional de Seguridad. Es urgente una depuración de las corporaciones, pues aún se mantienen en el imaginario colectivo los paros de labores e indisciplina que ha permeado en la Policía Estatal. Los responsables de la seguridad ciudadana no deben conformarse con ceses o inhabilitaciones. Es necesaria la aplicación de la ley y un rotundo no a la impunidad policial. Por lo pronto, ya fueron a disposición de la Fiscalía General del Estado, quince elementos que habrían participado en los hechos de Loma Bonita.
Urge reactivar la economía
Acinco semanas de haberse presentado la contingencia motivada por el sismo del 8.2 grados en la escala de Richter, que devastó comunidades del Istmo de Tehuantepec, el gobierno federal, estatal y municipal deben emprender la penosa tarea de volver a la normalidad, una vez que han empezado las obras de reconstrucción. Y es que ninguno de los mismos órdenes de gobierno podrá mantener por tiempo indefinido el apoyo alimentario o que la ayuda humanitaria de la sociedad civil pueda perpetuarse. Desde luego que los damnificados deberán emprender su propio camino. El campo debe tener prioridad, habida cuenta de que el sector primario es elemental para la manutención y supervivencia de la misma población. Luego de la contingencia de las playas contaminadas por los derrames de crudo de Petróleos Mexicanos (PEMEX), la actividad pesquera debe reactivarse para servir no sólo de sustento para los que se dedican a dicha actividad sino además para abastecer el mercado interno de productos del mar. Esto es, la distribución de despensas con la canasta básica no puede prolongarse por más tiempo y los damnificados tendrán que volver a la normalidad.
Las erogaciones que harán los gobiernos federal y estatal son superiores a cualquier expectativa. Ningún recurso será suficiente para la recuperación. La población afectada tendrá que poner de su parte para volver a la normalidad. Hasta hoy se han dado apoyos económicos en diversos programas, que no serán eternos, por tanto, una vez que pase la contingencia, sin duda alguna no habrá más. Si bien es cierto que el gobernador Alejandro Murat ha insistido en que será el gobierno quien será el responsable de la reconstrucción, es evidente que esta administración no podrá por sí sola. No hay dinero suficiente para rehabilitar miles y miles de viviendas; para resarcir a los agricultores de los cultivos siniestrados; a los que perdieron inclusive sus instrumentos de trabajo. A cinco semanas de que inició este calvario de sismos y lluvias intensas, hay que ir preparando el terreno para que todos vayan asumiendo con responsabilidad su propio destino. Las tareas de reconstrucción y normalidad es una acción que no sólo les compete a las autoridades sino, como ya lo hemos apuntado en este mismo espacio editorial, una labor corresponsable que nos compete a todos por igual. El flujo de la ayuda alimentaria y de otros rubros, no será algo eterno o permanente.
