Un hispano acusado de explotar a trabajadores agrícolas de varios estados de México, entre ellos Oaxaca, ha sido sentenciado a 118 meses de prisión por cargos de extorsión y conspiración. El hecho ocurrió en Florida entre el 2015 y 2017.
Al tener cargos de extorsión y conspiración, la jueza Charlene Edward Honeywell del Tribunal del Distrito Medio de Florida, sentenció a Bladimir Moreno, de 55 años, el jueves y le ordenó pagar más de $175,000 dólares en restitución a las víctimas, todos trabajadores agrícolas mexicanos con visas H-2A.
En tanto, Christina Gamez, una ciudadana estadounidense que trabajaba para Los Villatoros Harvesting, propiedad del sentenciado, como contadora y supervisora, fue sentenciada a 37 meses de prisión.
A su vez, Guadalupe Mendes Mendoza, de 45 años, se declaró culpable de conspirar para obstruir una investigación federal y fue sentenciada a ocho meses de arresto domiciliario y una multa de $5,500 dólares.
Según documentos judiciales, Moreno era propietario y operaba Los Villatoros Harvesting, una empresa contratista de mano de obra agrícola que empleaba trabajadores mexicanos con visas agrícolas H-2A.
Las autoridades informaron que una vez que los trabajadores agrícolas llegaron a Estados Unidos, Moreno usó falsas promesas y coerción para obligar a los trabajadores a trabajar en duras condiciones en Florida, Kentucky, Indiana, Georgia y Carolina del Norte.
Moreno y sus cómplices coaccionaron a los trabajadores agrícolas H-2A imponiéndoles deudas, confiscando sus pasaportes y manteniéndolos en Estados Unidos después de que expiraron sus visas. También obligaron a los trabajadores a vivir en “condiciones de vida hacinadas, insalubres y degradantes” y los amenazó con arrestarlos y deportarlos si no cumplían con sus demandas.
Los investigadores federales dijeron que Moreno también entregó registros fraudulentos de trabajadores cuando estaban investigando las operaciones en Los Villatoros Harvesting.
“Este acusado abusó de su poder como propietario de un negocio para capitalizar las vulnerabilidades y el estatus migratorio de las víctimas, atrayendo a quienes buscan una mejor calidad de vida con falsas promesas de trabajo legal pagando un salario justo”, dijo la fiscal general adjunta Kristen Clarke de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia.
“El acusado obligó a los trabajadores agrícolas mexicanos, entre a oaxaqueños, a trabajar en condiciones inhumanas, confiscó sus pasaportes, impuso tarifas y deudas exorbitantes y los amenazó con la deportación o el arresto ilegal”, señaló Clarke.
El grupo de trabajo contra la trata de personas del condado de Palm Beach y la Oficina del Sheriff del condado investigaron el caso con la ayuda de varios investigadores del Departamento de Trabajo y organizaciones de derechos de los trabajadores.
La Coalición de Trabajadores de Immokalee, con sede en Florida, ayudó a los investigadores federales después de que dos trabajadores agrícolas huyeron del control de sus empleadores al esconderse en la cajuela de un automóvil y escapar en busca de ayuda.
“Obligar a las personas a trabajar en contra de su voluntad usando tácticas abusivas y coercitivas no solo es inconcebible sino ilegal”, dijo el fiscal federal Roger Handberg para el Distrito Medio de Florida.
