LA ACEPCIÓN de lo superfluo es sencilla, es lo que está demás, lo prescindible plenamente.
SI EVOCO la palabra, es porque me parece más que pertinente en estos momentos en que estalla el tema de la “venta” de plazas (de base) con lo que ahora, los adquirientes, le “facturaron”, corruptamente, el costo del resto de sus vidas a un gobierno.
INSISTO en que el mexicano, si quiere realmente ver un nuevo país debe dejar de pensar que el gobierno es una garantía de riqueza (mal habida porque los sueldos de los políticos por altos que sean, tampoco son para volverse millonarios. Lo irónico es que estamos llenos de políticos acaudalados) o en el caso de las plazas de base, aunque no son ingresos altos, son vitalicios y hasta hereditarios.
LO PEOR, si algo mostró la pandemia es lo superfluo que resulta el personal de base, el gobierno en todos los niveles funcionó sin ese personal –son más de 13 mil 500 sindicalizados del gobierno estatal– ¿Cómo? Echando mano solo del personal llamado de confianza, que ronda las 8 mil personas.
AHORA que inicia un nuevo gobierno y que le endosaron de golpe mil 700 nuevas plazas “basificadas” cierto que debe actuar e ir por los responsables, donde uno de los más señalados por su presunta responsabilidad en esta maroma, es el hoy presidente del PRI estatal, JAVIER VILLACAÑA, quien fue uno de los muchos secretarios de administración muratista.
CLARO que lo niega, pero en los corrillos políticos refieren que la mayor “venta” de plazas la orquestó el hoy líder tricolor junto con su compadre, Juan Rafael Rosas, ex líder de burócratas del gobierno estatal y actual regidor en el Ayuntamiento de Oaxaca.
¿Cómo pudo ser esto posible? Porque muchos aseguran que el actual secretario general del STPEIDCEO (sindicato de burócratas del gobierno estatal), Juan Ignacio Cruz Villavicencio, es el títere de Rosas y cuadró todo para que se consumara semejante “negociazo” que provocó que los oaxaqueños paguemos de nuestros impuestos más salarios burocráticos, porque la vendimia por cada plaza osciló entre los 200 y los 400 mil pesos.
TAN INTOCABLES son los sindicatos que no podrán echar atrás estas asignaciones ¿entonces quién pagará? ¿Los funcionarios salientes? ¿Quién?
La ley –código penal artículo 270 (Ter) – determina entre 3 a 7 años de prisión a quien “venda plazas” (El Imparcial 15/agosto/2021). El problema entonces NO es de ausencia de leyes. Peor aún si se toma en cuenta que también son pago de “cuotas” de gobernadores.
En fin, veremos si hay investigación exhaustiva de los actores de esta mala práctica, y si son castigados.
PERO MÁS de fondo, NO tendría por qué haber nuevas contrataciones. La burocracia está sobrada. Con el cambio del titular del poder ejecutivo estatal, debe replantearse este tema hasta hallar una solución de raíz. Porque llegará el momento, en que no habrá presupuesto que alcance ante tanta nómina innecesaria. Mejor será incentivar la inversión privada y que sea ésta la que genere los recursos para el sostenimiento de la sociedad.
EL SALTO DEL CHAPULÍN
EL LUGAR que a partir del 1 de enero de 2023 tendrá nuevo edil, es el estratégico SANTA MARÍA COLOTEPEC, se trata de Miguel Martínez Castellanos, quien venció en las urnas a Saúl Martínez Figueroa.
LO MENCIONO porque en medio de un planeta que se resquebraja por la contaminación, el presidente municipal electo tiene interesantes proyectos ecológicos que, de concretarse, podrían traer un desarrollo sin afectación al medio ambiente.
EVITANDO errores recurrentes en los políticos, Miguel Martínez, deja entrever que se hará acompañar de un buen equipo de asesores, especializados en la materia de los proyectos en puerta. SABE que el turismo, en el caso de la comunidad costeña, es la gallina de los huevos de oro, por lo que se enfocará en que sus proyectos impacten al turismo y atraiga así a inversionistas, quiere dotar de mejores servicios, con mercados y espacios pulcros, al turismo y a habitantes de COLOTEPEC y con esto, fortalecer la demanda turística que traería más empleos.
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