En las últimas décadas los niveles de pobreza en México no han cambiado debido a la reducida tasa de crecimiento de la economía y la desigual distribución de los ingresos. Y a pesar de las buenas intenciones, la economía mexicana sufre tres impactos que afectarán a todos los hogares pero, sobre todo, a los más vulnerables.
Entre ellas, la reducción de la inversión pública, que se traducirá en recortes a programas sociales y desarrollo de infraestructura; la disminución de la inversión privada que afectará directamente la creación de empleos; y la incertidumbre generada por las medidas anunciadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, principalmente en lo relativo a la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
En el escenario nacional y en particular en nuestro estado, el escenario se ha complicado sensiblemente debido a los sismos que prácticamente destruyeron 41 municipios del Istmo de Tehuantepec y otros más de la Mixteca. Lo cual complica sensiblemente que se acelere la construcción de las carreteras Oaxaca- Istmo y Oaxaca- Puerto Escondido, infraestructura detonante importante del desarrollo económico y social, como el proyecto Transístmico.
Esta contingencia que ha cimbrado a todo el país, es ya un serio impedimento para la viabilidad de la ejecución de una obra de esta magnitud y de los grandes beneficios para la zona sur-sureste del país. Pone en riesgo no hacer realidad ventajas como un elevado crecimiento comercial, el desarrollo industrial y de manufacturas que buscan en su conjunto una mayor derrama económica y un incremento en la calidad de vida de los habitantes del país.
Sin duda la pobreza es un asunto clave en México y si bien la tasa de pobreza descendió ligeramente desde la mitad de la década de los 90 hacia mediados de la primera década de este siglo, volvió a aumentar con la crisis financiera mundial. El número de mexicanos en pobreza aumentó 2 millones y los principales responsables fueron la reducción del ingreso por hogar y la dinámica demográfica y si bien la política pública es clave para combatir la pobreza, el crecimiento económico del país en los últimos años ha sido limitado, lo cual hace más difícil esta tarea.
Combatir Impunidad
Oaxaca no puede quedar al margen ni echar las campanas al vuelo pues existen casos muy claros y concretos de impunidad que durante mucho tiempo han lastimado a sus habitantes. Casos que merecen la aplicación estricta de la ley para evitar que se repliquen y exhiban que la aplicación de la ley y la vigencia de un Estado de derecho sigue siendo un verdadero pendiente por atender.
En el país pero en especial en nuestro estado, uno de los retos más importantes en materia de derechos humanos es abatir la impunidad, ya que existen problemas de violaciones a los derechos humanos que se deben de atender con puntualidad, empezar a promover e impulsar una nueva cultura que permita su total erradicación, pues si bien se cuenta con una legislación ejemplar en derechos humanos, tanto a nivel nacional como global, con acuerdos y convenios internacionales más trascendentes en la materia, no se ve reflejada significativamente en la práctica.
Si bien los derechos humanos son un conjunto de prerrogativas y libertades inherentes a todos los seres humanos,no se trata sólo de preceptos legales: los derechos humanos son criterios de actuación ética y política que tienen como sustento la dignidad humana. También se debe insistir en la vigencia de un Estado de derecho que implica un gobierno que proteja en la vida cotidiana, no sólo en las leyes escritas, los derechos fundamentales de todos: vida, propiedad y libertad, y castigue a todos los que los violen.
La justicia, dar a cada quien lo suyo, sólo es posible, sin caer en el caos de que cada quien la trate de hacer por propia mano, en un Estado de derecho. Cuando un gobierno protege los derechos de unos y permite su violación a otros por su posición social, ideología, raza, grupo político o credo, no hay Estado de derecho. Cuando permite que alguna persona o grupo, con la excusa de reestablecer sus derechos violados, ejerza violencia sobre otros, no podemos hablar de justicia ni de un Estado de derecho.
Ante tal situación, es fundamental insistir que es de capital importancia fortalecer un Estado democrático de derecho. Esto es, un estado de leyes e instituciones con una administración pública eficaz y eficiente, en el que se respeten los derechos y las libertades fundamentales de todos. Una sociedad de derechos y obligaciones, un estado en el que todos tengamos todos los derechos, pero al mismo tiempo todos asumamos y cumplamos nuestros deberes y obligaciones.
