Además del registro de 16 muertes en cárceles municipales en los últimos siete años, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) ha documentado 474 quejas relacionadas con presuntos abusos policiales en el mismo periodo.
Por esta situación, el titular del organismo estatal, Bernardo Rodríguez Alamilla, resaltó la urgencia de establecer protocolos de actuación homogeneizados que permitan garantizar la vida e integridad física de las personas detenidas.
También consideró necesaria la instalación de cámaras de videovigilancia en los centros de detención, que permitan monitorear de manera permanente la situación en la que se encuentran las personas que están bajo resguardo de la policía municipal.
Expuso la urgencia de dignificar los centros de detención municipal y establecer protocolos que garanticen la vida de las personas que son resguardadas en estos espacios, además de que los ayuntamientos cuenten con sitios dignos para hombres y mujeres que son resguardadas por faltas administrativas o mientras se canalizan a las instancias competentes.
Rodríguez Alamilla planteó la necesidad de que las y los uniformados cuenten con capacitación y que las autoridades municipales consideren a la Defensoría como un ente aliado en la construcción de espacios seguros y respetuosos de los derechos humanos.
Apenas en septiembre, en Oaxaca se dio a conocer el más reciente caso de un hombre que supuestamente cometió suicidio en una cárcel municipal de Santa Catarina Juquila, generando la inconformidad de habitantes de la zona que rechazaron tal versión de las autoridades.
En agosto, una mujer también falleció en una cárcel municipal, pero de Salina Cruz, donde las autoridades aseguraron que cometió suicidio, mientras que los familiares afirmaron que fue un feminicidio.
