A propósito de los sismos y los dineros necesarios para la reconstrucción de varias zonas del país, donde miles de personas perdieron su vivienda y la infraestructura quedó dañada, se menciona que los gobernantes delincuentes podrían aportar esa cantidad.
Esa sería una buena solución, tomando en cuenta que la mayoría de los nueve exgobernadores presos, están acusados de peculado, desvío de recursos y lavado de dinero, entre otros delitos.
Las cantidades son estratosféricas, se habla en cada uno de los casos de cientos y hasta miles de millones de pesos, aunque esas cantidades no han sido decomisadas, expropiadas y mucho menos devueltas.
Es cierto que en Veracruz, el gobernador Miguel Ángel Yunes recuperó una importante cantidad de dinero sustraída durante el gobierno de Javier Duarte de Ochoa, pero no en todos casos sucede así.
La mayor parte de los gobernadores presos dejaron hoyos financieros en los estados que gobernaron, grandes cantidades que ocasionaron una eventual quiebra financiera.
Se beneficiaron con recursos públicos e hicieron abusos de poder y hasta incurrieron, en varios casos, en lavado de dinero, pero hasta el momento no se sabe del decomiso de esas propiedades.
El gobierno no actúa ya que los ex gobernadores se encuentran sujetos a proceso y no han sido condenados, ni siquiera se les ha probado la veracidad de los delitos de los que son acusados.
La mayor parte de los políticos presos lo están por rateros, no por tontos, ya que los abusos que cometen lo hacen, regularmente a través de prestanombres y se complica la situación para probar que son dueños de esos bienes o del dinero.
Hay casos en que si se encuentra dinero depositado en sus cuentas bancarias en el extranjero, aunque recurren a paraísos fiscales, por lo que se complica rastrear esas cuentas bancarias.
Sin embargo, en algunos casos si se logra comprobar la compra de inmuebles y propiedades, además de algunas cuentas bancarias, pero no con las grandes cantidades que se menciona.
El caso más reciente es el del exgobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores, acusado del beneficio de unos terrenos en el puerto de Altamira, comprados en una cantidad mínima y cuyo valor es enorme (se habla de mil 500 millones de pesos).
La situación de Hernández Flores ejemplifica lo que sucede con varios de los exgobernadores y políticos que han sido detenidos. Eugenio, se acusa, usó un prestanombres para la compra de esos terrenos en 16 millones de pesos, hace 10 años, cuando su valor actual es superior a los mil 500 millones de pesos.
Historias hay muchas de los ex gobernadores presos, algunas fáciles de comprobar, otras no tanto y del beneficio obtenido por sus familiares cercanos.
Sin embargo, en el caso de los políticos mexicanos se actúa en contra de ellos, casi siempre cuando la presión es demasiada, pocas veces se involucra a algún familiar.
Karime Macías Tubilla, esposa de Javier Duarte de Ochoa, fue señalada una y otra vez como partícipe de las pillerías del entonces gobernador de Veracruz, pero una y otra vez las autoridades negaron una averiguación en su contra.
Macías Tubilla se fue a vivir a Europa, poco después de que su esposo fue detenido en Guatemala y hasta se cuenta que ella misma lo entregó, dijo el lugar en que se encontraba escondido, con tal de llegar a un arreglo con las autoridades.
La mamá y otros familiares de Roberto Borge Angulo resultaron beneficiados desde el gobierno estatal con la adquisición de terrenos privilegiados a bajos precios, lo que generó uno de los delitos de los que es acusado el ex gobernador de Quintana Roo, detenido en Panamá y a la espera de ser extraditado.
El ex gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías, fue detenido (él si con su hijo, que ya salió libre) acusado de lavado de dinero y defraudación fiscal, aunque se le señala como beneficiario él y su familia de contratos de obra y compra de tierras y otras propiedades.
Andrés Rafael Granier Melo, exgobernador de Tabasco, dejó un hoyo financiero en el estado y está acusado de evasión fiscal, aunque cerca de dos mil millones de pesos de la secretaría de Salud no se sabe su destino, de la familia Granier también se habla de beneficios a costa del erario del estado. Se mencionaba a una de sus hijas con una supuesta cuenta bancaria millonaria, lo que nunca se pudo comprobar. Su hijo, Fabián, fue señalado como propietario de un hotel y otras viviendas en la Riviera Maya.
En el caso de Tomás de Jesús Yarrington Ruvalcaba (preso en Italia y en vías de ser deportado a Estados Unidos) se le han decomisado algunas propiedades, adquiridas mediante prestanombres.
Esa es parte de la historia de algunos de los exgobernantes que se encuentran en distintos reclusorios del país a la espera de recibir sentencia condenatoria. El único que si la tiene es Mario Ernesto Villanueva Madrid.
Sin embargo, hay otros ex gobernadores, por cierto priistas todos, que se encuentran en una extensa lista y que son investigados por la PGR o la ASF. Uno de ellos con orden de aprehensión por lo que le considera prófugo, César Horacio Duarte Jáquez, ex de Chihuahua. Otros más son: Miguel Alonso Reyes, Zacatecas; Rodrigo medina de la Cruz, Nuevo León; Roberto Sandoval, Nayarit; Fausto Vallejo Figueroa, Michoacán; Mario Anguiano Moreno, Colima y Jorge Herrera Caldera, entre otros.
Claro qué también hay varios excolaboradores de estos gobernantes en la cárcel, acusados de delitos similares
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