Para el ambientalista Carlos Alberto Morales, el revés de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a la ley antipet en Oaxaca, debe verse como un aprendizaje y reorientar la estrategia a favor del medio ambiente y no como una derrota.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud Pública, la operación de las empresas refresqueras en el país genera costos ambientales, así como apropiación del agua por embotelladoras de refrescos, falta de agua para uso personal y cultivo local, intensa extracción del agua del subsuelo y afectación del manto freático.
El alto consumo de refrescos trae consigo mayores costos al erario público para tratamiento de enfermedades asociadas como diabetes o cáncer, menor productividad laboral, gastos importantes para la población y pérdida de la calidad de vida”, precisa.
Aunado a que un estudio del Centro de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Chiapas y la Frontera Sur (CIMSUR) publicado en 2019, cada habitante de Chiapas bebe 821.25 litros de refresco por año, mientras que 160 litros es el consumo percápita en todo el país.
El encargado de la investigación, el doctor en antropología social, Jaime Page Pliego, señala como causas del aumento en el consumo de bebidas azucaradas en la región del sureste a la laxa legislación hacia las empresas refresqueras, las campañas de mercadotecnia en lenguas locales y la poca accesibilidad de agua potable de calidad y en cantidad suficiente para los habitantes.
Y la Alianza por la salud alimentaria recomienda algunas soluciones como asegurar agua de buena calidad para todas las comunidades, aumentar el gravamen a las bebidas azucaradas, regular las campañas de comercialización, así como incluir un etiquetado adecuado en los productos.
A la par y luego del palo de la SCJN a la llamada Ley Antipet en Oaxaca, algunos actores políticos en el estado buscan que sean las propias comunidades indígenas quienes veten a las empresas refresqueras.
Al respecto, el coordinador de la organización Colmillo Blanco, Carlos Morales, expone que se busca regular el uso y explotación del manto freático, pero para lo cual se requiere adecuar normas ambientales y de manejo de residuos.
No solo se trata de prohibir sino de cumplir con las normas en el manejo de los residuos, y que se acompañe de la vigilancia desde los municipios, la sociedad es la mejor vigilante”, anota.
El ambientalista sostiene que es necesario y urgente definir planes de concientización desde las comunidades y con la ciudadanía; “tal vez tiraron la ley pero queda la organización comunitaria.
Estudios indican que en promedio, una familia mexicana destina 10 por ciento de sus ingresos totales a la compra de refrescos, 24 por ciento a otros alimentos y bebidas, y 66 por ciento a vivienda, educación y vestimenta, entre otros.
El problema con el consumo excesivo de refrescos o bebidas endulzantes radica en que éstos se asocian con padecimientos como obesidad, diabetes tipo 2, derrames cerebrales, gota, asma, cánceres, artritis reumatoide, enfermedades arteriales coronarias y óseas, problemas dentales y de conducta, trastornos psicológicos, envejecimiento prematuro y adicción”, asegura el Instituto de la Salud.
