Si los poderes ejecutivo y legislativo -federal y estatal-, tuvieran la decisión de allegarse recursos suficientes para la reconstrucción del país, es momento de confiscar las fortunas que han robado los altos funcionarios corruptos.
En la página de “Enlace Legislativo” un análisis más que certero, señala que es el momento de mostrar voluntad política de parte del gobierno.
El investigador Giovanni Jiménez Bustos, dice que “es imprescindible garantizar que todos los damnificados reconstruyan su casa, sin que ello implique una nueva deuda”, afirma e insiste en que es una obligación exigir a los corruptos que devuelvan ese dinero para reconstruir México.
Otro dato interesante: el proceso de reconstrucción generará mayores ingresos vía Impuesto al Valor Agregado (IVA) y a través de los Impuestos Especiales a Productos y Servicios (IEPS), por lo que es necesario que la Secretaría de Hacienda elabore un nuevo Proyecto de Presupuesto de Ingresos dado que esos recursos que podrían quitarse a los corruptos no están considerados.
Dice que es inviable quitar dinero a los partidos políticos por el riesgo de que caigamos en la plutocracia (gobierno de los ricos o de los narcos) y sostiene que hay varias salidas para conseguir los 400 mil millones de pesos presupuestados por el gobierno federal para reconstruir las zonas dañadas de la Ciudad de México, Oaxaca, Chiapas, Tlaxcala, Morelos, Puebla, Guerrero y Estado de México por el sismo del 19 de septiembre.
Si el gobierno no decide la requisa de lo que han robado a este país, puede terminar por incrementar más la deuda pública. “Para cubrir esos 400 mil millones para la reconstrucción, bastaría que los legisladores respaldaran a la Auditoria Superior de la Federación para incautar los bienes y propiedades de todos los gobernadores y funcionarios públicos a quienes la dependencia federal tiene denunciados por casos de corrupción”. Explica Giovanni Jiménez que tan sólo de los recursos de desvíos millonarios se juntarían más de 170 mil millones de pesos.
Falta Gabino
Menciona que de 2012 a 2015, van más de 175 mil millones de pesos desviados sólo por gobernadores: existe la denuncia contra César Duarte en Chihuahua por el desvío de 80 mil millones de pesos; la Fiscalía documentó también el desvío de 35 mil millones de pesos de Javier Duarte en Veracruz; 35 mil millones más, malversados por los hermanos Moreira en Coahuila; 17 mil 500 millones desviados por Aristóteles Sandoval en Jalisco; 3 mil 603 millones del gobernador Eruviel Ávila del Estado de México y una cifra similar de Rodrigo Medina en Nuevo León.
En esta lista aún no se incluyen el saqueo que hicieron Gabino y su pandilla, del patrimonio de los oaxaqueños. Fue tan descomunal el robo que ni el gobierno tiene cifras exactas. Se habla de 15 mmdp hasta 26 mmdp.
“Todo este dinero debería servir para la reconstrucción, sólo basta que los legisladores se pongan los pantalones para pedir que se incauten todos los recursos de los funcionarios enriquecidos ilícitamente”, afirma contundente el también especialista en políticas públicas. Sentencia que si no se ha optado por esta vía, es porque resulta más sencillo para la clase política aceptar que les quiten financiamiento a castigar a quienes cometen actos de corrupción.
De plácemes
Son los funcionarios públicos más cuestionados los que festejan en Oaxaca, muy en su interior, la entrada en vigor de la Ley Reglamentaria del artículo sexto, párrafo primero de la constitución mexicana en materia del derecho de réplica.
A pocos días de su entrada en vigor, dos políticos con indiscutible poder han recurrido a este recurso legal con un fin tenebroso: más que para replicar lo hacen con la seguridad de inhibir la libertad de expresión.
El primero fue Diódoro Carrasco Altamirano exgobernador de Oaxaca, en sus tiempos de priista, y hoy poderoso mandamás en el gobierno de Puebla, después del Ejecutivo. Replicó a este columnista por “difamador” y le advirtió su derecho a llevar el caso a los tribunales. Su enojo fue porque en mi entrega mencioné lo que es vox populi. Las ligas políticas que tiene con Gerardo Cajiga y Enrique Arnaud, los dos Secretarios de Finanzas durante el “Gabinato” y hoy bajo proceso judicial por desvío de millonarios fondos públicos. Esta ilación de políticos es un hecho inocultable sin embargo el exgobernador niega esas relaciones y me dice que “no solamente son falsos (los argumentos señalados en mi columna), sino con una tendencia evidentemente difamatoria, por lo cual me reservo el derecho de actuar conforme a la ley por el daño moral infligido”.
Evidente amenaza que necesariamente amedrenta e inhibe mi libertad de expresión.
Otro político de altos vuelos que, de la misma manera, invocando la ley, intenta lo mismo contra un colega reportero de El Universal, que publicó recientemente una nota sobre una presunto desvío de 70 millones de pesos durante la administración de Helmes Martínez como rector de la UABJO.
Igual, este político refuta la nota y dice que “la difamación es el ejercicio del mentiroso y el cobarde”. También deja la amenaza de que tal nota periodística “adolece de dos vicios graves y que incluso originan responsabilidad penal, el primero de ellos es la falsedad de los hechos contenidos en la misma y la segunda es la violación a la reserva que fija la ley para información de esta naturaleza”.
Son acciones que, sin duda, inhiben el derecho de los reporteros que, como su nombre lo indica, sólo reportan lo que la sociedad siente y dice.
Deben ser temas para el análisis de las agrupaciones de periodistas, sobre todo de esos políticos que se llenan la boca al decir que la libertad de hablar y escribir son sustento fundamental para la democracia.
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