Integrantes del Consejo de Bares, Antros y Restaurantes de Oaxaca, denunciaron ayer tráfico de influencias y abuso de autoridad en la clausura de un bar del Centro Histórico de la Ciudad, luego de que se vieran involucrados los hijos de una diputada por el Partido Morena en un pleito en la entrada del inmueble.
Al respaldar a Agustín Moreno Ruiz, propietario del Bar Fandango, el cual fue cerrado por las autoridades desde el miércoles, los integrantes del Consejo lamentaron el actuar de las autoridades por el tráfico de influencias, pese a que el pleito se generó afuera del Bar.
Después de relatar los hechos donde se vieron involucrados los hijos de la diputada Concepción Rueda Gómez y por los cuales las autoridades de la Fiscalía aseguraron el inmueble sin alguna justificación, los denunciantes dejaron entrever amenazas de personal de este organismo en mantener cerrado el bar por tiempo indefinido, de denunciar esta situación.
“Entendemos a la madre amorosa y afligida, que ve a sus hijos con marcas consecuencia de una riña callejera, comprendemos que quiera castigo para los responsables, pero las circunstancias en que esta se produjo están grabadas en los videos; sus hijos fueron generadores de violencia, debe saber la fama que les acompaña, la justicia debe hacerse, respetando los derechos de terceros”, expuso Moreno Ruiz.
El Consejo también reconoció que se catalogue oficiosamente el incidente como sensible ante las
autoridades impartidoras de justicia por tratarse de personas públicas, “pero aún con la prisa por ofrecer culpables, se busque más bien un chivo expiatorio, y de paso también se pasen por alto normas de derechos humanos y legales para la realización de actos de molestia como el cierre del negocio aparentemente por no entregar ipso facto los videos e informaciones, ante una denuncia por lesiones”.
“La pandemia puso al negocio al borde de la quiebra, nuestro déficit, adeudo, es gigantesco, vemos el final del túnel y una temporada casi normal para empezar a recuperarnos tanto nosotros como las familias que participamos en el funcionamiento del negocio”.
“No podemos permitir, como comunidad, que para satisfacer rápidamente a una madre afligida legítimamente se pasen por alto normas legales, pero aún más grave es que para cubrirlas se cometan más ilegalidades como es la práctica conocida de sembrar droga o armas para justificar una intervención exagerada, inusual, y perjudicial para toda la comunidad”.
Ante ello, demandaron que se ordene la reapertura del negocio lo más rápido posible y que se
prosigan las investigaciones para establecer la verdad.
