Oaxaca concentra el mayor número de municipios del país: 570, de ellos 417 se rigen por Sistemas Normativos Indígenas, es decir, por usos y costumbres. Oaxaca es también la entidad del país con el mayor porcentaje de mujeres en su población (52.4%) y cuenta con uno de los marcos normativos más robustos y actualizados en materia de violencia política en razón de género a nivel nacional.
Aun así, en algunos municipios aún se restringe a las mujeres el ejercicio pleno de sus derechos político-electorales como el votar. Si bien es cierto que apenas hace 69 años a las mujeres en México nos fue reconocido ese derecho, cuesta trabajo creer que todavía haya mujeres impedidas, por circunstancias culturales, para acceder a su ciudadanía plena o que hasta hace un par de años en la entidad oaxaqueña por primera vez votaron las mujeres o por vez primera una mujer era electa para encabezar un cabildo.
Ciertamente, podemos hablar de avances considerables en términos de visibilización y judicialización de la violencia política, junto con la creación del Registro de Personas Sancionadas por Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género; en difusión y concienciación de derechos de participación política; en el creciente número de mujeres que participan y llegan a los cargos de toma de decisión desde lo local (mil 279 entre ediles, síndicas y regidoras electas en Oaxaca por sistema de partidos para periodo 2022-2024); en paridad vertical y horizontal, entre otras acciones de vanguardia.
Empero, resulta imprescindible seguir insistiendo desde todos los espacios, en que no solo la mera presencia numérica, sino la participación activa y libre de las mujeres en la vida política de sus comunidades beneficia a toda su población en el corto, mediano y largo plazos.
Para dar cumplimiento a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a los diferentes tratados internacionales firmados por el Estado mexicano, y aplicar la perspectiva de género en todas las fases del proceso electoral y del ejercicio del gobierno, desde las postulaciones, los registros, las campañas, las elecciones, y ya en el cargo, su libertad para ejercerlo sin violencia, requiere no solo de la aplicación simple y directa de marcos jurídicos que han avanzado mucho desde el enfoque de los derechos humanos: si las leyes cambiaran mandatos de socialización y culturas sería muy sencillo, pero en este tema, como en muchos hace falta profundos cambios de pensamiento y percepción de las cosas, deconstrucción de los mandatos de género, por ejemplo, transformaciones que no se vivan como imposiciones, respetando la cosmovisión y las formas originarias de organización y gobierno, de las que se debe aprender mucho.
Es de reconocer a las instituciones y órganos electorales el trabajo hecho en aras de fortalecer y sustentar la vida democrática de la nación que como ciudadanía merecemos y a la que se han destinado una considerable cantidad de recursos públicos. Y aun cuando en Oaxaca la mayoría de sus municipios se rigen por sistemas normativos indígenas, corresponde a los partidos políticos también ponderar la creación de condiciones, en apego a la ley, para que la participación de toda la población, pero con especial énfasis, de las mujeres, pueda darse libre de violencia. Bien dice la sabiduría popular: por la casa se empieza.
Ya está cercano a su culminación el proceso electoral en esta y otras cinco entidades del país que renovarán sus gubernaturas y lamentablemente el machismo ha persistido, en distintos aspectos del discurso, las prácticas y las conversaciones públicas en torno a las campañas, contaminando la calidad de una necesaria democracia fuerte, inclusiva, igualitaria, sin violencia política, antes, durante y después de las elecciones. Las actuales y nuevas generaciones se merecen y exigen referentes sostenibles y, como sociedad, la corresponsabilidad está en nuestra cancha.
