En medio de la tragedia que hemos vivido en las últimas semanas, no han faltado los obtusos y torpes que insisten en volver a los métodos de siempre para obtener las dádivas del gobierno: los bloqueos carreteros y a vialidades. Inconscientes de la realidad en la que hoy viven quienes han perdido su patrimonio, la vida de sus cercanos o no ven la luz al fondo del túnel, siguen con el camino andado del chantaje, la manipulación y la sinrazón. Hace unos días, vecinos de unas comunidades cercanas a San Pedro Pochutla, cerraron la carretera 175, porque según sus autoridades o dirigentes, no han recibido atención del gobierno. Que se sepa, no han estado en situación de emergencia, como las comunidades del Istmo o de la Mixteca; de los Mixes o Choapan, que padecieron los efectos de los sismos que nos han azotado. No faltaron los maestros ligados al PAAE, el viernes 29 de septiembre. La emergencia se ha vivido en diversas partes, unas con mayor dureza; otras menos. Las lluvias intensas no nos han dado tregua y la semana pasada había luces amarillas respecto a posibles desbordamientos de los Ríos Atoyac, Salado y otros, poniendo en riesgo a comunidades de Etla, Zaachila, Zimatlán, Ocotlán y otras.
El gobierno de Alejandro Murat, que ha vivido en carne propia la tragedia y los efectos perniciosos de las afectaciones de sismos y lluvias, debe poner un hasta aquí a quienes siguen insistiendo en obtener recursos del erario, a través del manido chantaje. Los oaxaqueños ya no soportamos más acciones como éstas. Oaxaca no está en bonanza. No es justo que a la indolencia de los presuntos implicados que se llevaron millones y millones; a la falta de recursos frescos para hacer frente a la onerosa reconstrucción, todavía se tenga que mantener con dinero público a una casta maldita de vividores y parásitos, que con el ardid de los proyectos productivos y obras comunitarias, lucran con el dinero del pueblo. Existe ya, como lo hemos dicho en días anteriores, en el imaginario colectivo, una demanda de la sociedad civil: ni un peso más a las organizaciones sociales ni al magisterio irresponsable y vividor. Los miles de millones que se destinan a mantener a esta casta, deben ser canalizados para las acciones inmediatas que a nivel estatal se habrán de emprender para ayudar a nuestros hermanos damnificados, con los siniestros ocurridos recientemente. Ya no hay que permitir ni bloqueos ni chantaje y quien lo haga hay que consignarlo.
Sancionar atracos
Desde hace algunos meses, la diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Adriana Atristáin Orozco, propuso ante el pleno de la LXIII Legislatura del Estado, un punto de acuerdo con proyecto de decreto que sancione severamente los atracos y robos que se llevan a cabo en las casetas de cobro, principalmente por pseudo estudiantes de las escuelas normales del estado, maestros, porros de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO) y miembros de diversas organizaciones, que han visto en estas acciones, una forma fácil de llevarse dinero fresco a los bolsillos. Desde luego que se trata de un delito que debe ser sancionado conforme a la ley. De ninguna manera se trata de una acción que pueda calificarse como libre expresión. Sin embargo, es la hora en que nuestros (as) legisladores (as) no se pronuncian al respecto y ahí tenemos a las normalistas de la Escuela Normal Rural “Vanguardia”, de Tamazulapan del Progreso, atracando a diario la caseta de Suchixtlahuaca o a los supuestos estudiantes del Centro Regional de Educación Normal de Oaxaca (CRENO), haciendo lo propio en la de Huitzo.
Desde que desaparecieron los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, de Ayotzinapa, Guerrero, una especie de coraza blinda a estos vándalos, que lo mismo atracan en descampado que agreden a las Fuerzas Federales, como ocurrió en Guerrero hace unos días, aprovechando que los soldados están en labores de auxilio en diversas partes del país. Sin embargo, como mucho se dice hoy: los sismos que han devastado parte del país, con un saldo mortal de más de 400 muertos y muchos miles de damnificados, han cambiado a este país de manera radical. No podemos permitir, tampoco el gobierno, que haya ínsulas de impunidad para jóvenes improductivos que con el ardid de que son revolucionarios, quebranten la ley o se dediquen a cometer ilícitos, como el vandalismo del pasado 2 de octubre. La Federación y el gobierno estatal deben discutir de manera reposada y sensible, la posible desaparición del sistema de normales en todo México y, particularmente en Oaxaca. Nadie medianamente cuerdo puede vivir con la amenaza permanente de este gremio, pendiendo sobre su cabeza. O es la obtención de plazas, o es la Reforma Educativa o es la política económica del país, de la cual no tienen ni idea, lo cierto es que los normalistas se han convertido en un permanente dolor de cabeza.
