La buena nota es que, en menos de un mes, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, ha estado en Oaxaca, cinco veces en gira de trabajo. Inauguró el Centro Cultural y ahora supervisa los trabajos de reconstrucción de las poblaciones devastadas por los temblores.
La mala es que, al ver la efectividad de los planes de ayuda de los gobiernos federal y estatal para los damnificados del Istmo, los presidentes municipales, especialmente la juchiteca Gloria Sánchez, empiezan a alborotar. Insisten en que les permitan meter mano en el manejo de los fondos para desastres. Es decir, siguen empecinados en lucrar políticamente con la contingencia. Se apuntan para repartir los apoyos cuando esta misión la tienen encomendada el Ejército y la Marina. La PFP no es confiable por sus ligas con la delincuencia organizada sin embargo también exigen su participación en el reparto de apoyos. Eso ocasionó el pasado fin de semana una discusión ríspida entre agentes policiacos y militares.
El dinero para levantar las casas la harán llegar los gobiernos federal y estatal directamente a los damnificados a través de monederos electrónicos. El avance de la reconstrucción la supervisarán quince Secretarios de Estado y altos funcionarios federales así como el gobernador y miembros de su gabinete.
La decisión del presidente Peña de asignar a Secretarios de Estado y funcionarios federales de primer nivel, la responsabilidad de rescatar cada uno de los municipios arruinados en territorio oaxaqueño, es una novedosa tarea. Implica metas claras que debe cumplir cada uno. De no dar resultados en los tiempos comprometidos por el Presidente Peña, exhibirá su ineficiencia y, tal vez, irresponsabilidad. Algo bueno es que entrarán a una especie de competencia para que cada quien trabaje en el pueblo asignado y, al final, se ganen el aplauso o la sanción.
Uno de los políticos oaxaqueños que comparte el reto es Héctor Pablo Ramírez Leyva, director de Liconsa. Le encomendaron supervisar la reconstrucción de Ciudad Ixtepec, Santiago Laollaga y El Espinal. En los resultados que entregue esta su futuro político.
La reconstrucción de casas destruidas por el terremoto, arranca la próxima semana con la distribución de los monederos electrónicos hasta por 120 mil pesos y crédito por cien mil, para cada familia que perdió su vivienda.
Gandallas
Aunque han contabilizado 70 mil casas con daño total o parcial en la región del Istmo, la mayoría son de Juchitán y sus alrededores. En este lugar están comisionados el titular de SAGARPA, José Calzada y el Subsecretario de Gobierno, René Juárez. Esta es una de las tareas más complicadas por la presencia de cientos de organizaciones políticas adheridas a la corrompida COCEI que, en toda acción, sus dirigentes ven signo de pesos. En plena contingencia se atrevieron a exhibir sus intrigas. La presidenta municipal Gloria Sánchez fue criticada por otro grupo que bloqueó la entrada principal de Juchitán. Ambos alegaban su predominio en el control de las despensas y otros apoyos para distribuirlos a su clientela política. Entre esta avidez de los grupos y partidos políticos por agandallarse los apoyos, el gobierno acertó al encomendar al Ejército y la Marina, la distribución.
En una breve encuesta de una organización no gubernamental, los juchitecos damnificados externaron como principal preocupación la inseguridad que podría agudizarse, dicen, al retirarse los soldados y marinos.
La confianza que genera la presencia de los soldados en Juchitán, es diametralmente opuesto al descrédito que generan los partidos y sus políticos y todo tipo de policías.
Esto confirma los resultados de la más reciente encuesta del INEGI donde se confirma que solo la Iglesia católica y la familia, genera en los consultados más confianza que el Ejército y la Marina. Los dos primeros son confiables en un 75 por ciento de los encuestados en tanto el 56 por ciento confía en las fuerzas armadas de México.
La certidumbre para las fuerzas armadas se confirma en Juchitán.
Alebrestados
Una decena de alcaldes de la región del Istmo, afines a la COCEI, se reunieron ayer para entregar al presidente Peña una serie de peticiones. Tan larga la solicitud que evidenciaron sus fines políticos. También cayeron en lo absurdo. Por ejemplo, piden que en el presupuesto del próximo año se considere la reconstrucción de los pueblos cuando la federación ya anunció que la próxima semana empezarán a levantar las casas.
El salto del chapulín
A reserva de importunar nuevamente a Diódoro Carrasco, poderoso exgobernador de Oaxaca en sus tiempos de priista y secretario general transexenal en el gobierno panista de Puebla, les comparto información confiable. Me adelanto a decir que DCA volverá a invocar su derecho de réplica y, como buen político, a deslindarse de sus amigos políticos, hoy indiciados. Tal como lo hizo con Gerardo Cajiga y Enrique Arnaud.
Me dicen que en base a información obtenida de un testigo protegido, sobre el saqueo descomunal de Gabino Cué y su banda de forajidos hasta dejar en bancarrota las finanzas públicas de Oaxaca, pronto habrá sorpresas.
Me remarcan la voluntad política de castigar saqueo tan brutal del patrimonio de los oaxaqueños.
Aunque esté muy contrariado don Diódoro por la suerte de sus amigos entrañables, me dicen que avanzan en las carpetas de investigación contra “el chachalaco” Alberto Vargas y Jorge Castillo el poderoso operador de las finanzas en su papel de virtual “eminencia gris” del “Gabinato”.
Al menos, estos nombres aparecen en la lista de prioridades en la tarea de los sabuesos.
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