Desde hace algunos años EL IMPARCIAL. El Mejor diario de Oaxaca, ha lanzado verdaderas campañas para hacer conciencia entre las autoridades y la ciudadanía, respecto al desempeño poco ético de algunos (as) notarios (as) públicos (as), proclives a ser parte de bandas delictivas que se dedican al despojo de predios y propiedades. Este delito, cuya comisión a la fecha no ha tenido castigo, sigue permeando en las diversas regiones de la entidad, pero, particularmente, en los Valles Centrales y la capital oaxaqueña. Es increíble que pese a las denuncias de los o las afectadas, se siga cometiendo, como son algunos casos que se han ventilado en los últimos meses. No es sólo uno. Lo peor de todo ello es que este ilícito se cometa con la probable participación de funcionarios del gabinete estatal que dirigen, justamente, las áreas claves en donde se presume, se salvaguarda la legalidad de los bienes patrimoniales de los oaxaqueños.
La cuestión se ha ventilado, incluso en medios de circulación nacional, como es el caso del semanario del portal “Eje Central”, en cuya portada de hace dos semanas aparece: “Oaxaca, Edén del despojo”. Lo anterior no es nada nuevo. Existen pruebas de que, en administraciones anteriores, ciertos gobernadores y sus gavillas se apropiaron de decenas de predios, inclusive, en el Centro Histórico. Hay pues todo un memorial de agravios en contra de los legítimos propietarios y sus herederos, como se ha visto en las últimas semanas. Es más, se habla de crímenes cometidos para apropiarse de manera ilícita de bienes que no son de quienes se autodenominan legítimos propietarios, sino de víctimas que han sido despojadas con la anuencia y complicidad de aquellos que se presume, dan fe pública.
En referencia a las denuncias que involucran a funcionarios de su administración, el pasado 2 de febrero, el gobernador del estado, Alejandro Murat Hinojosa subrayó que “cuando estás en el gobierno, no se pueden hacer esas tropelías”. Sin embargo, a la fecha, ni la Fiscalía General de Justicia del Estado ni otras instancias, han abierto carpetas de investigación o sometido a escrutinio a los presuntos miembros oficiales de esta banda de delincuentes dedicados al despojo. Se ha dejado hacer y dejado pasar, mientras entre la sociedad oaxaqueña sigue la indignación sobre la impunidad tanto de notarios (as) faltos de ética como de servidores públicos que operan como viles delincuentes.
Al fin se mete orden
La ciudadanía ha aplaudido las acciones recientes tanto de la Guardia Nacional como de la Policía Estatal para desalojar, luego de que han sido tomadas, algunas casetas de cobro. Dicha medida se ha tomado en lo que va del año y ha servido para inhibir a quienes con esta práctica obtenían buenos dividendos, al cobrar de manera directa el peaje a los transportistas o automovilistas, sólo para guardarlo en el bolsillo. Esta práctica se volvió algo común desde el movimiento político y social del 2006 y, posteriormente, como remanente del mismo. Quienes llegaban a dichas casetas de peaje a atracar prácticamente, se investían con el sacrosanto manto de la libertad de expresión y con ello cometían un ilícito, tipificado como afectación a las vías generales de comunicación y robo.
La toma de casetas de cobro llegó a ser la veta de oro de maestros de la Sección 22, organizaciones sociales manejadas por supuestos redentores sociales, normalistas y hasta miembros del organismo llamado “Colonias Unidas” que, a decir de algunos, obtuvieron grandes ganancias que hoy les permiten vivir como potentados. Ya era una especie de bienvenida a paisanos y turistas que llegaban por vía terrestre a la capital oaxaqueña, toparse con personas embozadas pidiéndolos dinero para permitirles el paso. Era también parte del escenario, ver a estudiantes de la Coordinadora Estudiantil Normalista del Estado de Oaxaca (CENEO), detener autobuses urbanos que circulaban frente a su guarida, el Centro Regional de Educación Normal de Oaxaca (CRENO), enfilarse en caravana hacia la caseta de Huitzo. Ello era más notorio cuando se acercaban los períodos vacacionales.
Sin embargo, no se trata sólo de inhibir la comisión de esta práctica aberrante e ilícita, sino de dar una lección a aquellos que, a sabiendas de que se han aprobado ya reformas legales para garantizar el libre tránsito que sancionan los daños a las vías de comunicación que hemos mencionado, insisten en aprovechar los tiempos en que se desplazan hacia las casetas para desalojarlos las fuerzas policiales, para seguir atracando. Para ello, se debe proceder a la aprehensión de quienes lideran este tipo de acciones, para que ello sirva de lección a los renuentes a cumplir con la ley. No se trata sólo de diálogo y desalojo pacífico, sino de aplicar la ley y salvaguardar la integridad del ciudadano que transita por esas vías federales.
