El lunes 31 de enero, por la mañana, fue asesinado en Zitácuaro, Michoacán, el reportero Roberto Toledo, colaborador del portal Monitor. Sujetos a bordo de motocicletas lo balearon. El 27 de enero, fue sepultado en Tijuana, el cuerpo de la periodista Lourdes Maldonado, quien fue ejecutada con un disparo en la cabeza. Fue la tercera víctima en las tres primeras semanas de ese mes. Otro colega, Margarito Martínez corrió igual suerte en fecha previa, en la misma ciudad fronteriza, en tanto que José Luis Gamboa Arenas, fue privado de la vida en la ciudad y puerto de Veracruz, a principios de enero, que cerró con cuatro asesinatos de periodistas.
Desde los tiempos de los gobiernos llamados neoliberales hasta el de la Cuarta Transformación, México ocupa uno de los primeros lugares como un país de grave riesgo para el ejercicio periodístico. El crimen de cuatro compañeros en un mes, ha encendido las luces de alerta no sólo en el territorio nacional sino en el escenario mundial. La violencia exacerbada que vivimos hoy en el gremio, tiene que ver con la permanente campaña de linchamiento y descalificación en el actual gobierno. La primera mañanera de esta semana, lo puso de manifiesto. En 1994, en la Declaración Chapultepec de la Sociedad Interamericana de Prensa –la SIP-, se estableció que no puede haber democracia en donde se conculca la libre expresión y el ejercicio de un periodismo libre y sin ataduras. Sin embargo, es motivo de indignación y preocupación que, sólo en tres años de esta administración, según fuentes ligadas al oficio, se hayan asesinado a 44 periodistas y 68 activistas.
El periodismo mexicano ha elevado la voz. La verdad no se calla matando periodistas; la libertad de expresión no debe ser rehén de amenazas, provengan de donde provengan. Lo mismo de los grupos criminales que de funcionarios o políticos con la piel sensible, que sólo buscan el aplauso fácil y los panegíricos. El Estado Mexicano y sus contrapartes estatales, están obligados a garantizar este derecho constitucional. Ya basta de ninguneo y de impunidad. Exigimos castigo a los responsables de seguir enlutando al gremio periodístico. Los ojos del mundo han estado sobre México. Sólo la solidaridad y la unión podrán darnos la fortaleza para enfrentar este clima de violencia e indolencia oficial.
Grupos porriles impunes
Tal parece que nuestra Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca –la UABJO- trajera arrastrando un mal fario. Nuestra Alma Mater oaxaqueña padece un constante y perpetuo deterioro. Es cierto, desde hace mucho abdicó de su vocación formativa. Ha sido más bien, un batidero de intereses políticos, económicos y hasta de grupos delictivos. Desde hace más de dos semanas un grupo porril ha mantenido secuestradas las instalaciones de Ciudad Universitaria, con el consecuente bloqueo diario de Avenida Universidad, el Boulevard Eduardo Vasconcelos y el secuestro de autobuses urbanos. Es la respuesta a que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje le negó la toma de nota al segmento que lidera quien dirige la toma de las instalaciones universitarias.
Las afectaciones a la comunidad estudiantil; a quienes tienen que hacer trámites, vecinos y automovilistas, son evidentes. Hay una molestia generalizada. Pero los porros responsables ahí siguen sin que nadie los toque o llame a cuentas, lo que hace más que evidente que ahí hay gato encerrado. Y no les hace falta razón a quienes así lo perciben. Funcionarios del gobierno estatal y aún de tribunales autónomos estarían moviendo las aguas. ¿Pero cuál es el trasfondo de todo ello? Es muy simple. Vivimos tiempos políticos. En junio habrá elecciones constitucionales para el cambio en la gubernatura. Pero para mayo, según el Consejo Universitario, máximo órgano de decisión en la UABJO, habrá elecciones de rector. La misma se ha postergado por la contingencia sanitaria. Así que la jauría está desatada. Hoy la UABJO es, pues, como una pila de agua bendita: todos quieren meter la mano.
Estamos de acuerdo en que quienes tengan ambiciones personales o de grupo que hagan lo que les plazca, pero eso de acotar el derecho a la libre circulación y afectar a una sociedad oaxaqueña exhausta y harta de este tipo de acciones, eso es carecer de escrúpulos y actuar con dolo y mala fe. Después de tantos días de agredir a la ciudadanía inerme, urge la acción inmediata del gobierno estatal. Porque esa omisión ha dejado en los diversos sectores sociales la sospecha, fundada o no, de que habría cierta complicidad para que el grupo porril siga con sus agresiones a la ciudadanía. Es obvio que la estabilidad universitaria es un factor indiscutible de la gobernabilidad, pero las presiones de éste y otros grupos y sindicatos han creado un nivel de crispación social que el Estado no debe permitir.
