Justo cuando en el país se ha desatado una cadena de protestas por el asesinato de tres colegas: dos en Tijuana, Baja California y uno en Veracruz, es decir, el foto-reportero Margarito Martínez y la periodista, Lourdes Maldonado, además de José Luis Gamboa Arenas, en nuestra entidad vecina, los atentados, amenazas e intimidación en contra de nuestros compañeros (as) no cesa. Es evidente que Oaxaca es una de las entidades del país en donde mayor número de ilícitos en contra de la libre expresión se cometen. Y la prueba está en que el pasado miércoles por la mañana, en la carretera que conduce a Tlaxiaco, el colega José Ignacio Santiago Martínez, ex reportero de El Mejor diario de Oaxaca, en su filial, El Imparcial del Istmo, fue perseguido a balazos por desconocidos. Milagrosamente salvó la vida. Es importante señalar que no es la primera vez que el aludido se salva. Durante algunos años ha estado bajo el Programa de Protección a Periodistas, justamente por su labor para denunciar la inseguridad en Juchitán de Zaragoza, propiciada por actividades criminales.
El mismo día de la agresión, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), emitió un comunicado reprobando los hechos e iniciar el expediente DDHPO/CA/0035/(01)/OAX/2022, luego de tener conocimiento de los hechos, por lo que solicitó la intervención de la Fiscalía General de Justicia del Estado para realizar las investigaciones correspondientes. El organismo se pronunció por redoblar esfuerzos para garantizar la integridad física del comunicador y sus familiares, así como de todo el gremio periodístico de la entidad y del país, ante un incremento de agresiones contra periodistas. Es importante subrayar que, de acuerdo a datos proporcionados por la DDHPO, entre enero de 2015 y diciembre de 2021, se han iniciado 288 investigaciones relacionadas con violaciones a los derechos humanos de las y los periodistas en la entidad.
Tan solo durante 2021, se abrieron 17 expedientes (entre quejas y cuadernos de antecedentes), por agresiones contra de periodistas, siendo las regiones de mayor incidencia: Valles Centrales, Istmo, Mixteca y Costa. Ante ello, reiteró que garantizar la seguridad de las personas que ejercen el periodismo es fundamental dentro de una sociedad democrática, además que las agresiones a comunicadores y periodistas afectan a la sociedad en su conjunto, ya que por medio de la labor que desempeñan las personas pueden ser informadas de asuntos de interés público.
Ley contra vandalismo
Hay que aplaudir algunas acciones de parte del ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, a menos de un mes de haber iniciado funciones. Es el caso de la propuesta de la Dirección de Turismo, para aplicar la tecnología y dotar a sitios y monumentos de interés histórico del código QR, a fin de que los visitantes del país o el extranjero, tengan a mano los datos necesarios y evitar consultar guías u otros elementos que les aporten la información requerida. Sin embargo, no hay que olvidar que, en el casco urbano, hay centenas de predios, no sólo públicos sino particulares que cuentan con la placa respectiva de “inmueble catalogado”. Tener la información de cada uno será una tarea titánica, pues hay asimismo casonas y edificios que están en grave riesgo físico, gracias al deterioro que ha ido minando su fortaleza.
Hace al menos dos décadas, algunas iglesias y edificios de arquitectura novohispana tenían en la entrada una placa de madera, con la historia alusiva al monumento histórico. Creo que algunos la conservan, como el Templo y Ex Convento de Santo Domingo de Guzmán. Pero algunos no la tienen. Aplicar la tecnología para aportarle a los visitantes, estudiantes o ciudadanos interesados en dichos monumentos, la información sobre los mismos, resulta pues, un notable acierto. Pero, más allá de este propósito, lo que urge es una política de conservación y mantenimiento de nuestro rico patrimonio monumental. Hace poco más de una semana, EL IMPARCIAL. El mejor diario de Oaxaca, publicó una plana completa sobre el abandono y deterioro de las fuentes que se ubican en algunas calles y avenidas de la capital.
Cada marcha, cada manifestación, el vandalismo toma como lienzo las paredes de iglesias, edificios públicos y otros, para plasmar las consabidas consignas. Siglos de historia lucen pintarrajeados o destruidos, por la ignorancia, la irresponsabilidad o la estupidez de hombres y mujeres que vuelcan su frustración sobre piedras y portones; fachadas o paredes. Lo que hace falta son leyes que prohíban o castiguen el vandalismo, que destruye todo a su paso. Que sancione a quien afecte nuestro patrimonio u obligue a reparar el daño, si es que la generación de hoy quiere dejar algo en pie para las generaciones que vienen detrás. Pero que se actúe con la fuerza del Estado para acotar a esos depredadores urbanos que, presas de su inconciencia, continúan su labor de destrucción de aquello que nuestros ancestros nos legaron.
